En Cataluña, la democracia es un objeto en fase de estudio con líneas rojas y.... Ayer volvió a franquearse una más, tal vez la más grave en
la medida que supone trasladar la tensión política a la algarada callejera y la
violencia física. Alrededor de 40 miembros de la organización independentista y
de ultraizquierda Arran asaltaron y ocuparon la sede del PP en Barcelona.
Después empapelaron el local y lo llenaron de urnas de cartón.
Su actitud de
amendrentamiento no sólo refleja el clima de tensión en la que el
independentismo ha instalado a Cataluña. Supone también un salto cualitativo
extraordinariamente preocupante en el proceso soberanista, en la medida que
introduce el señalamiento y la coacción física a quienes osan no seguir las
directrices de los secesionistas. La gravedad de la salvaje conducta de los
cachorros de la CUP es aún mayor teniendo en cuenta dos factores. Primero, que
los sucesos ocurrieron en la sede central de los populares y al día siguiente
de que el PP clausurara su congreso regional en Cataluña. Y, segundo, que
contaron con la participación de Anna Gabriel, actual portavoz de la CUP en el
Parlamento catalán; y David Fernández, ex diputado de esta formación y uno de
sus rostros más conocidos.
La acción violenta de los jóvenes cupaires, por
tanto, no puede considerarse un hecho aislado, sino un acto perfectamente
diseñado para señalar a los supuestos enemigos del pueblo catalán, y para
intentar acallar su voz. Este grado de hostilidad no es nuevo -en este
periódico hemos informado durante los últimos meses de las pintadas amenazantes
en sedes del PP, PSC y C's-, pero sí lo es que encuentre el respaldo de cargos
políticos como Gabriel o Fernández.
Este tipo de acciones, además de su
carácter ilegal, rebasan por completo los límites de la protesta en una
sociedad democrática y no consiguen más que aumentar la escalada de
enfrentamiento. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, tachó ayer
de "fascistas" a los agresores. "Representan lo peor y lo más
rechazable de la sociedad catalana", añadió. Ciertamente, el escrache de
la rama juvenil de la CUP resulta despreciable y condenable. Pero sería un
error entenderlo como el impulso de unos sujetos descontrolados. Es, en
realidad, la consecuencia de la actitud desafiante de Junts pel Sí. Tanto la
voluntad de ruptura como la estrategia de desobediencia de la Generalitat
actúan de caldo de cultivo para que las facciones más extremistas de la
sociedad catalana campen a sus anchas. Aunque todos los partidos en Cataluña se
solidarizaron ayer con el PP, lo cierto es que tanto Carles Puigdemont como
Oriol Junqueras son los últimos responsables de lo que ayer ocurrió en la sede
barcelonesa de los populares.
Porque en el momento en que un Gobierno democrático
se instala fuera de la ley, implícitamente, da vía a libre a la radicalidad
callejera. Y fueron precisamente la extinta Convergència y ERC, tras el veto de
la CUP a Artur Mas, los que decidieron formar gobierno apoyándose en los
diputados de una formación que se declara antisistema y anticapitalista, y que
propugna la salida del euro y de la OTAN. La dependencia de la CUP, además del
intento de desviar la atención sobre la mugre de corrupción que socava al
partido que fundó Pujol, explica por qué el Govern mantiene la amenaza del
referéndum para este año y la aceleración imprimida del llamado proceso
soberanista.
El Gobierno catalán no va a cumplir la hoja de ruta presentada en
el arranque de la legislatura -el objetivo inicial era declarar la independencia
en 18 meses-, pero sí ha redoblado la presión tramitando dos de las leyes de
desconexión: la Hacienda y una Seguridad Social propias. La tercera de estas
normas es la de transitoriedad jurídica, de la que dependen la consulta y la
separación definitiva entre Cataluña y el resto del Estado. Y Junts pel Sí y la
CUP, que disponen de mayoría en la Mesa del Parlament, no tuvieron empacho en
modificar el reglamento para forzar que se aborde la ley de desconexión sin
apenas debate y sin someterse al control de la oposición, al estilo de una
república bananera.
En este contexto de ruptura, ilegalidad y enfrentamiento
hay que insertar el asalto de ayer de la CUP. Lo último que le faltaba al
desafío independentista, que ya de por sí plantea un reto de envergadura para
el Estado, es traspasar el umbral de la violencia. En manos de la Generalitat
está retomar los cauces del diálogo y de la normalidad democrática.
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