Aguirre, que presentó la demanda cuando todavía era la presidenta del PP madrileño, reclama 10.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. "Es imposible medir en términos pecuniarios el beneficio obtenido por el causante de la lesión (...) que ha aprovechado los medios par difundir su tóxico e injurioso mensaje (...), causando un perjuicio directo al PP", recoge el escrito presentado por la demandante.
"Cada vez que denunciamos la corrupción del PP, sus dirigentes nos amenazan con querellas", ha afirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. "Vamos a seguir denunciando la corrupción del PP allá donde vaya. No nos va a amedrentar", ha incidido tras la reunión de la ejecutiva socialista.
La política renunció en febrero como presidenta del PP de Madrid, ante los casos de corrupción de destacados responsables de su Ejecutivo. También repercutió en su imagen los numerosos ejemplos de mala gestión durante sus nueve años al frente de la región. "He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana. De momento, dos. Y ninguno ha sido condenado. El señor [Francisco] Granados, que ya saben dónde está, y el señor [Alberto] López Viejo", afirmó Aguirre días antes de dimitir al frente del PP autonómico. Ignacio González, sucesor de Aguirre como presidente de la Comunidad de Madrid (2012-2015) está investigado -actual fórmula legal de imputado- por el caso ático. Aguirre también obvia los alcaldes bajo sospecha y con procesos judiciales abiertos mientras ella dirigía el PP madrileño. El representante de Aguirre la califica en la demanda contra Sánchez como una política de “larga, transparente e intachable trayectoria democrática”. También sostiene que “goza de una excelente reputación y prestigio ante los ciudadanos españoles”.
La política popular, que pese a dimitir como presidente del PP regional se mantiene como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, también exige que la sentencia íntegra del procedimiento se publique a costa del demandado en dos diarios de prensa escrita de tirada nacional, así como en otros dos medios de comunicación digitales de gran difusión. También reclama que Sánchez asuma las costas del proceso.
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