Los políticos implicados cobraban entre el 2 % y el 3 % (Hasta el 10%) de comisión por cada adjudicación

La redada se ha saldado con 51 detenidos en Madrid, León, Murcia y Valencia. La red habría intervenido en contratos por valor de 250 millones de euros, y tenía el objetivo de lograr el lucro personal de los cargos públicos

Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada en la operación Púnica, entre los que se encontraba el exsecretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados, cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas.

La trama, que habría intervenido en contratos por valor de 250 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos -PP, PSOE y los independientes de la UDMA- y no la financiación de sus respectivas formaciones.

De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.

La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, revela que la organización desmantelada con la operación Púnica se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios.

Las pesquisas contra la trama, que giraban en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Además de Granados han sido imputadas un total de 51 personas. Entre los detenidos se encuentran el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros Marcos Martínez; y los alcaldes de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP) y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA). También ha sido arrestado David Marjaliza, el empresario relacionado con Francisco Granados en la trama de espionaje a políticos del PP, cuya causa todavía sigue abierta. Asimismo, también han sido detenidos el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valdemoro, Javier Hernández, Avelino Pérez, un cargo de confianza de la concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Parla, el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del gobierno murciano, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez. La Guardia Civil ha detenido a cuatro altos cargos de la empresa energética Cofely, uno de los centros de la trama de corrupción investigada en la Operación Púnica, al entender que a través de esta sociedad los ayuntamientos implicados contrataban servicios a cambio de adjudicaciones.

Todos ellos van a ser trasladados por la Guardia Civil a la Comandancia del Instituto Armado de Madrid con sede en Tres Cantos y al cuartel de Las Rozas, ambos en Madrid, según han informado fuentes de la investigación. Estas mismas fuentes han explicado que a medida que vayan siendo detenidos o finalicen los registros en los que algunos tienen que estar presentes, serán llevados a ambos lugares.

A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados. Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.

Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama Gürtel.

La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.

Trama murciana.

El PP ha anunciado la inmediata suspensión de militancia de los miembros de este partido implicados en la operación Púnica que desarrolla la Audiencia Nacional. Además, conforme se conozcan «nuevos datos», reclamará a quienes tengan responsabilidades públicas y políticas que las abandonen y sean sustituidos. El PSOE, por su parte, también ha suspendido de militancia al alcalde de Parla, José María Fraila, detenido en el marco de la operación contra la corrupción, así como al que fuera alcalde de Cartagena de 1991 a 1995, José Antonio Alonso, por su presunta implicación.

La Guardia Civil ha desplegado un total de 15 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macroperación Púnica dirigida contra 51 personas.

Se da la circunstancia de que quien está llevando a cabo las pesquisas de esta 'operación Púnica' es el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica, que es el mismo que lleva a cabo las investigaciones sobre los ERE's en Andalucía.

Estas mismas fuentes recuerdan que en cada registro y en cada detención había presente una persona de UCO, que es la unidad que ha dirigido el operativo en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige Eloy Velasco.