El Gobierno Frankestein veta a la VICE, Yolanda Díaz a proponer de nuevo el “impuestos a los ricos”. La ministra de Trabajo arrancará su gira después de las andaluzas, pero está intentando construir un equipo de «cuadros» y figuras de referencia mediática. Yolanda Díaz es una ministra comunista que sin dedicación exclusiva (más sindicalista) y con el poco mérito de su extutor, Pablo Iglesias, llegó a Moncloa y le justificaron en la Vicepresidencia del Gobierno sanchista. Bien sabe ella que Podemos es historia al igual que el PSOE y otros aliados. Por tanto está obligada a buscarse la vida sin perder “el poder adquisitivo de que ahora goza”. La ministra gallega cuenta con el apoyo de los sindicatos o parte de ellos, pero es que estos tienen menos crédito electoral que ella. La rama feminista se está desintegrando y el populismo está vetado en las urnas. Si Yolanda Díaz piensa mantener la estructura de partido con aportaciones anónimas, imposible. Si cuenta con el dinero que le corresponde por escaño está en el mayor de sus errores. Ese innoble ingreso para Podemos está hipotecado de por vida. Si cierra sedes provinciales como Inés Arrimadas, no sale ni ella elegida como diputada. El impuesto a las eléctricas que Unidas Podemos propone aplicar de forma inmediata ha derivado en un nuevo choque en el seno de la coalición, que ha llevado a los ministros económicos de la parte socialista -Nadia Calviño, Teresa Ribera y José Luis Escrivá- a salir en tromba a defender a María Jesús Montero para poner en valor su liderazgo en materia fiscal frente a las críticas de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo es la que lanzó el primer envite, al pedir este jueves la aplicación del impuesto a las eléctricas «con carácter inmediato», en respuesta a unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la víspera, cuando abogó por «buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha» y defendía crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales del Estado. Yolanda Díaz ha reaccionado a estas declaraciones indicando a la titular de Hacienda, «con todo el cariño», que «no es posible crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales» porque «lo impide el artículo 134 en el apartado 7 de la Constitución». En este contexto, Díaz ha reprochado que el debate tributario «se va aparcando siempre» desde casi el inicio de la legislatura y ha considerado que «urge» poner en marcha un mecanismo de estas características que permita gravar a las eléctricas, como vía para salir de la crisis. Ribera, Calviño y Escrivá, en defensa de Montero En este contexto, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha salido al paso de la polémica y se ha posicionado del lado de la ministra de Hacienda afirmando que es ella quien tiene el liderazgo en materia fiscal. «Hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz», ha sentenciado. En la mismos términos se ha expresado Nadia Calviño. La vicepresidenta primera y ministra de Economía se ha «remitido» a lo explicado por la titular de Hacienda en materia fiscal, a su entrada a una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. Calviño ha señalado que el Gobierno está «evaluando medidas» y «trabajando en un nuevo paquete» para determinar «si tenemos que hacer alguna modificación para garantizar» que sean «lo más eficaces posible» para atajar el alza de precios y «apoyar a los colectivos más vulnerables y los sectores más afectados. José Luis Escrivá ha pedido, por su parte, a Yolanda Díaz «rigor y precisión» a la hora de hablar de fiscalidad. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido en rueda de prensa que «en ámbitos que tienen que ver con la fiscalidad, es extraordinariamente importante ser muy riguroso técnicamente en el diseño de las medidas que puedan acometerse». El ministro ha recordado que los cambios fiscales deben realizarse para ser «perdurables en el tiempo», al tiempo que permitan evaluar sus efectos y dar seguridad jurídica, y ha advertido de que un diseño «inadecuado» de las medidas fiscales puede «terminar teniendo resultados indeseados sobre la economía».
La ministra de Trabajo arrancará su gira después de las
andaluzas, pero está intentando construir un equipo de «cuadros» y figuras de
referencia mediática. Yolanda Díaz es una ministra comunista que sin dedicación
exclusiva (más sindicalista) y con el poco mérito de su extutor, Pablo
Iglesias, llegó a Moncloa y le justificaron en la Vicepresidencia del Gobierno
sanchista. Bien sabe ella que Podemos es historia al igual que el PSOE y otros
aliados. Por tanto está obligada a buscarse la vida sin perder “el poder
adquisitivo de que ahora goza”. La ministra gallega cuenta con el apoyo de los sindicatos
o parte de ellos, pero es que estos tienen menos crédito electoral que ella. La
rama feminista se está desintegrando y el populismo está vetado en las urnas.
Si Yolanda Díaz piensa mantener la estructura de partido con
aportaciones anónimas, imposible. Si cuenta con el dinero que le corresponde por
escaño está en el mayor de sus errores. Ese innoble ingreso para Podemos está
hipotecado de por vida. Si cierra sedes provinciales como Inés Arrimadas, no
sale ni ella elegida como diputada.
El impuesto a las eléctricas que Unidas Podemos propone
aplicar de forma inmediata ha derivado en un nuevo choque en el seno de la
coalición, que ha llevado a los ministros económicos de la parte socialista
-Nadia Calviño, Teresa Ribera y José Luis Escrivá- a salir en tromba a defender
a María Jesús Montero para poner en valor su liderazgo en materia fiscal frente
a las críticas de Yolanda Díaz.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo
es la que lanzó el primer envite, al pedir este jueves la aplicación del impuesto
a las eléctricas «con carácter inmediato», en respuesta a unas palabras de la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la víspera, cuando abogó por
«buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha» y defendía
crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Yolanda Díaz ha reaccionado a estas declaraciones indicando
a la titular de Hacienda, «con todo el cariño», que «no es posible crear este
impuesto a través de los Presupuestos Generales» porque «lo impide el artículo
134 en el apartado 7 de la Constitución». En este contexto, Díaz ha reprochado
que el debate tributario «se va aparcando siempre» desde casi el inicio de la
legislatura y ha considerado que «urge» poner en marcha un mecanismo de estas
características que permita gravar a las eléctricas, como vía para salir de la
crisis.
Ribera, Calviño y Escrivá, en defensa de Montero
En este contexto, la vicepresidenta tercera y ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha salido al paso de la polémica y se ha
posicionado del lado de la ministra de Hacienda afirmando que es ella quien
tiene el liderazgo en materia fiscal. «Hay que estar más pendiente de lo que
diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz», ha sentenciado.
En la mismos términos se ha expresado Nadia Calviño. La
vicepresidenta primera y ministra de Economía se ha «remitido» a lo explicado
por la titular de Hacienda en materia fiscal, a su entrada a una reunión del
Eurogrupo en Luxemburgo. Calviño ha señalado que el Gobierno está «evaluando
medidas» y «trabajando en un nuevo paquete» para determinar «si tenemos que
hacer alguna modificación para garantizar» que sean «lo más eficaces posible»
para atajar el alza de precios y «apoyar a los colectivos más vulnerables y los
sectores más afectados.
José Luis Escrivá ha pedido, por su parte, a Yolanda Díaz
«rigor y precisión» a la hora de hablar de fiscalidad. El ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido en rueda de prensa que
«en ámbitos que tienen que ver con la fiscalidad, es extraordinariamente
importante ser muy riguroso técnicamente en el diseño de las medidas que puedan
acometerse».
juanpardo15@gmail.com
El ministro ha recordado que los cambios fiscales deben
realizarse para ser «perdurables en el tiempo», al tiempo que permitan evaluar
sus efectos y dar seguridad jurídica, y ha advertido de que un diseño
«inadecuado» de las medidas fiscales puede «terminar teniendo resultados
indeseados sobre la economía».
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