El Poder judicial declara guerra abierta al gobierno que preside, Pablo Iglesias bajo supervisión de Garzón y su banda. Los “independentistas serán juzgado de acuerdo a Ley y con transparencia.

Que por lógica debilidad, el Gobierno de Pablo Iglesias, Garzón y su banda estén atados de pies y manos para que obligatoriamente tengan que ceder al chantaje de etarras e independencias no significa que el poder judicial sea débil. Ésta es la razón principal que explica por qué la Fiscalía, a pesar de los enjuagues de Sánchez con sus socios de moción de censura, última un escrito de acusación por el 1-O en el que Oriol Junqueras aparece como máximo responsable, lo que significa que se enfrenta a la petición de cárcel más elevada: de 25 a 30 años de prisión. Aunque ahora intente hacerse pasar por un hombre conciliador e incluso utilice su reclusión para granjearse un perfil pragmático, los cuatro fiscales del caso -en línea con el auto de procesamiento dictado por Llarena- apuntan al presidente de ERC como el auténtico cerebro de una intentona golpista que derivó en violencia tanto en la concentración ante la Consejería de Economía el 20-S como el día del referéndum ilegal.

No cabe vacilación alguna a la hora de depurar responsabilidades judiciales por tamaña felonía y mucho menos que la Fiscalía pueda ser usada como moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos. Para dar su visto bueno a las cuentas públicas, ERC exige al Gobierno la retirada de los cargos contra los políticos procesados por Llarena. Es una barbaridad propia de quien no concibe la separación de poderes. Pero, en todo caso, muestra la gravísima endeblez del Gobierno. Los hechos ocurridos desde que Sánchez ocupa La Moncloa, incluida la inclinación de varios ministros a dejar en libertad a los dirigentes y líderes sociales encarcelados, revelan un acercamiento de los socialistas a ERC.

Las dos formaciones votaron juntos la semana pasada en el Parlament, rompiendo por primera vez desde el procés la unidad separatista. Se equivoca Sánchez, y con ello arrastra a todo el país, si piensa que estas componendas pueden aplacar el desafío soberanista. Máxime teniendo en cuenta que el Govern no ha renunciado a la unilateralidad y que tanto los jueces como los profesores siguen sufriendo el acoso del secesionismo. La voluntad de la Sala de lo Penal del Supremo es que el juicio del 1-O arranque en enero. Los investigadores señalan que el papel de Junqueras en la rebelión estuvo por encima del resto del Govern, incluido Puigdemont.

La rebelión no fue en grado de conspiración, sino que el delito llegó a consumarse. Con estas conclusiones, resultaría inaceptable que la fiscal general del Estado sucumbiera a eventuales presiones del Ejecutivo para rebajar la petición de penas a Junqueras y al resto de los acusados, de la misma forma que ningún ciudadano comprendería que se indultara a quien los investigadores sitúan en el vértice de la asonada. El golpe separatista no puede quedar impune por el hecho de que Sánchez necesite los votos de quienes lo perpetraron para seguir aferrado al poder.