La falsa izquierda es un tapón para que España progrese.





Muchos de los acontecimientos económicos y políticos sobrevenidos en los últimos tiempos son buenos exponentes de la gran confusión que impera en ámbitos muy relevantes de la realidad social internacional del fin de milenio. Esta circunstancia suele atribuirse al tránsito hacia la plenitud del proceso globalizador de la economía, aunque sus segmentos más desarrollados son también origen del desconcierto citado y han extendido por doquier la percepción de que las decisiones más trascendentes para los ciudadanos se adoptan en foros y con procedimientos muy distintos a los de antaño. Todo lo cual viene obligando a modificar profundamente los esquemas mentales y la acción de las instituciones políticas y las organizaciones económicas. En este camino, sin retorno aparente, hacia lo que ya se llama "capitalismo global", los Estados y los Gobiernos están perdiendo su autonomía decisional (especialmente en el campo de la macroeconomía), bien por trasferencia más o menos voluntaria de la misma a órganos supranacionales o porque nuevos poderes financieros y políticos la han usurpado, con ayuda de la revolución tecnológica y de los movimientos uniformizadores del planeta que la era de la información y el conocimiento hacen posibles.
La forma en que se está desarrollando este proceso y las notorias consecuencias de todo tipo que se están produciendo hacen de la desorientación una evidencia en el mundo económico, en el que la realidad marcha muy por delante del entramado institucional que debe enmarcarla y hacerla previsible. Así, el gigantesco ir y venir permanente de capitales cambia con frecuencia su naturaleza por la de tifón monetario y devasta la economía de amplias zonas del planeta, mientras los países más poderosos de la tierra siguen intercambiando informes sobre una "nueva arquitectura financiera mundial" que no acaba de superar la fase de los discursos. En este río revuelto, los mercados financieros internacionales, erigidos en administrador único, contribuyen a distribuir de forma geográficamente desigual su poderosa influencia en el crecimiento económico; y los cambios productivos, junto al proteccionismo comercial de las grandes potencias, colaboran con ellos en la multiplicación de la brecha que separa a los países ricos de los pobres, imponiendo el patrón socioeconómico que predican los cantautores más conspicuos de la desigualdad imprescindible.
Todo ello acompañado de empellones al Estado del bienestar, acusado de entorpecer, en los pequeños oasis donde verdaderamente existe, el desfile triunfal de la flexibilidad total de precios y costes (especialmente de la mano de obra) requerida por el modelo de globalización puesto en marcha. Ahí están, para aumento de la confusión general, las repercusiones de la implantación a pelo del capitalismo más feroz en el universo ruso, un modelo interpretado por políticos impresentables y mafias organizadas. Por no citar a la mayoría de sus antiguos satélites y algunos significativos países latinoamericanos, que han hecho de la liberalización económica un fin y no un instrumento, olvidando que la cohesión social es, además de pilar de la justicia, un factor no despreciable de competitividad.
Si las cosas son así, si lo único claro en el imperio de la confusión es que a los poderosos les va bien con las nuevas coordenadas, ¿para qué detenerse a justificar los desastres ocasionado por el aterrizaje de la diosa Flexibilidad allá donde no hay rastro alguno de bienestar y sólo quedan millones de pobres y recuerdos del Estado en forma de pesadilla?; ¿por qué perder el tiempo en revisar la política de cooperación con los 42 "países extremadamente pobres y altamente endeudados" si sus 700 millones de habitantes son casi invisibles en esta época dorada? ¡Con lo ocupados que están los del G-7 en dignificar el proceso globalizador y en taponar con cuantiosos préstamos internacionales (de carácter público, naturalmente) las grietas producidas en las naciones más distraídas en la aplicación de la nueva ortodoxia!
La confusión es también mayúscula en el terreno político: las guerras étnicas y religiosas; la eclosión de hiperpatriotismos que anteponen la nación a los individuos y sus derechos; la desaparición progresiva de los comportamientos éticos en aras de la corrupción, el oportunismo y la mercadotecnia; la reinvención de la figura del caudillito; el descubrimiento primermundista de que electoralmente sólo existe la clase media, inspirador del sedicente y ridículo "radicalismo de centro", y el progresivo distanciamiento de los políticos de la realidad circundante, correspondido por la pasividad o el desprecio de unos electores que los desencantos tornan cada vez más volátiles.
La derecha e izquierda tradicionales se suponen tan en crisis que, para distinguirlas, se maneja la idea de la distinta sensibilidad social a la hora de distribuir los resultados económicos, del diferente grado de radicalidad en la aplicación inexorable del neoliberalismo hegemónico. Permanecen, eso sí, algunos síntomas de que la "díada derecha-izquierda", en expresión de Norberto Bobbio, sigue interesando a la gente, pero parecen desplegarse en retirada.
Otra aportación a la confusión reinante, más resultado que causa de la misma, es la últimamente famosa tercera vía de Blair y Schröder. Hay quienes ven en este sendero alternativo la modernización, la imprescindible adaptación de la socialdemocracia a las nuevas exigencias de la economía en esta era del capitalismo homogeneizador. Otros, sin embargo, interpretan que significa la liquidación por cese de negocio del socialismo democrático en sus acepciones más auténticas, lógica consecuencia de los desastres acumulados, así como el reconocimiento del fracaso relativo del buque insignia de la socialdemocracia, el Estado del bienestar.
En cualquier caso y aun reconociendo que contiene algunas ideas interesantes, esta vía tercera tiene tan poca sustancia y tan escasa parece su conexión con las inquietudes y el sistema de valores de los ciudadanos que resulta temerario asimilarla al "largo recorrido" de la jerga ferroviaria; sobre todo si, como parece que sucede, los mentores citados no terminan de llevar a la práctica sus bien publicitadas propuestas, cuando no se alejan de ellas.
La visible dificultad que presenta la integración del modelo económico con el modelo político tiene como consecuencia no sólo la pobreza de las recetas económicas, sino también el debilitamiento de las convicciones políticas. Por ello, este que pretende ser un camino intermedio (aunque Blair y su asesor Giddens lo niegan) se debate entre quienes, como Milton Friedman, aseguran que no hay alternativa al primero (el fundamentalismo de mercado) y los que aconsejan repensar pero no abandonar el segundo (la socialdemocracia en sentido estricto). Con el inconveniente añadido de que la equidistancia es siempre morada de la semisuma pero raramente de la virtud.

En estas circunstancias tan confusas, en las que el comercio electrónico es coetáneo de las pateras; en una época en la que el voto se ajusta menos que nunca a patrones de identificación con las clases sociales típicas, los partidos políticos están abandonando progresivamente la orientación de las aspiraciones y conductas de los ciudadanos. Su actitud se inclina más bien por descubrir las necesidades más acuciantes de los mismos para intentar atenderlas en proporción directa a la supuesta fuerza electoral de los demandantes y, en su caso, ocultar a los electores los riesgos y servidumbres que su prometida satisfacción supondría.

Farsa e indignante campaña electoral con dinero público.


Afortunadamente, solo quedan tres días de caravana electoral. Digo, afortunadamente, porque todo lo que gira en torno a las campañas electorales es una farsa total en la que se trata a los ciudadanos como si fueran menores de edad en medio de un gigantesco e inútil derroche de fondos públicos y privados. Todo el mundo sabe perfectamente, aunque nadie lo dice, que el rosario de mítines que se suceden durante quince días por toda España no sirve para absolutamente nada. Ninguno de estos miles de actos que teóricamente se celebran para que el ciudadano se informe de las propuestas de cada partido y decida a quién votar, sirve en realidad para captar un solo voto, por el hecho evidente de que todos aquellos que acuden a un mitin de un determinado partido tienen ya más que decidido que van a votar a esa fuerza política. De hecho, la inmensa mayoría de los que asisten a esos eventos para agitar banderas y aplaudir a los candidatos cuando se les indica, lo hacen a través de medios de transporte pagados por los propios partidos y por sus organizaciones autonómicas, provinciales o locales. Cada día sabemos menos de las fuentes de financiación, solo que Bárcenas sigue en la cárcel y Blesa destruyendo pruebas incriminatorias del caso Bankia.

¿Debates? En el cara a cara de TVE1 a duras penas se habló de programa o de Europa. Arias Coñete representaba al Gobierno y Valenciano a la o”posición”. O sea, igual de lo mismo. Los debates entre candidatos, teóricamente con los mismos fines que los mítines, tampoco son tales. Se trata más bien de un aburrido espectáculo con tiempos tasados y respuestas y argumentos precocinados, sin el más mínimo contraste de ideas o diálogo entre los contendientes. Y, aún así, hay quien es capaz de meter la pata, como acabamos de ver. La llamada caravana electoral, en la que supuestamente los medios de comunicación conviven con el candidato en su periplo de mítines, es otro sinsentido en el que se dilapidan recursos sin cuento. Los partidos se dedican a pastorear por toda España y a tratar de intoxicar a unos periodistas que en casi ningún momento entran en contacto real con los principales postulantes.

Es indígnante el que por ley se obligue a las televisiones privadas a emitir bloques de información política con un reparto de tiempo tasado con criterios de representación política y al margen del interés periodístico de las informaciones, lo que les convierte en forzados medios de propaganda gratuita para los partidos, limitando así de forma flagrante la libertad de prensa y el derecho a la información. Ninguno presenta programa.


Del mismo modo resulta ridículo y anacrónico  el que en pleno siglo XXI se prohiba publicar sondeos durante los cinco días anteriores a las elecciones, hurtando así de manera gratuita a los ciudadanos esa información relevante, o que se imponga una obligada jornada de reflexión, como si alguien fuera realmente a decidir su voto en el último minuto y necesitara aislarse del mundo exterior para poder hacerlo. Si lo que quieren es nuestro voto, empiecen por dejar de tratarnos como a imbéciles y de dilapidar nuestro dinero estérilmente.

La burrocracia en la Administración "espanta" a los inversores.

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Mariano José de Larra, Figaro, el duende....

Cuando a un grupo inversor o, simplemente, a una persona física no se les facilita en lo suficiente como para agilizar la apertura de su negocio, donde ha invertido un capital,, sin  lugar a dudas "se espanta"   La Administración, además, de ser inepta es lenta.  Solo para que den el visto bueno a una licencia de apertura, perfectamente, se puede demorar entre dos o tres años con el agravante de que "ya no cumple la Ley vigente"
A cualquiera que esté familiarizado con el Derecho Administrativo, si se le pregunta por lo que es un Registro General, cómo se practican los asientos, si el particular puede exigir copia y demás, pensará inmediatamente en los artículos 38 y 35 c) de la Ley 30/1992. Y si se le inquiere por los efectos que tiene la paralización, durante meses, de un expediente por causa imputable al interesado, se remitirá a la caducidad del artículo 92.1 de la citada ley. Y si al hipotético operador jurídico se le lee que “en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de entrada”, salvo que  por el jefe de la unidad “se dé orden motivada y escrita en contrario”, creerá, que el lector tiene entre manos el artículo 74.2 de la ley procedimental común. Y si se le habla del contenido de las notificaciones –acuerdo íntegro, expresión de recursos que en su caso procedan y término para interponerlos, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualesquiera otros- y lo que ocurre y debe hacerse cuando no puede practicarse la notificación, incluyendo la publicación en boletines oficiales, no dudaría en que se estaba haciendo mención a lo que prevén los artículos 58 y 59 de la referida Ley de 26 de noviembre de 1992. O al 79.2, si transcribimos un párrafo acerca de las reclamaciones de los particulares por defectos en la tramitación o, en fin, al que muchos creen novedoso artículo35 f) de aquélla, si hablamos de la prohibición –tantas veces dilatoria- de exigir documentos innecesarios a los particulares.
Pero, como a buen seguro ya habrá reparado quien haya recalado en este comentario del blog, todas esas previsiones no son nuevas, en absoluto. De la mayoría tenemos ya recuerdo quienes, por razón de edad, debimos estudiar y trabajar con la Ley de 17 de julio de 1958.
 Las referencias citadas más atrás, son bastante más añejas y proceden de la Ley de 19 de octubre de 1889, conocida como Ley Azcárate; sancionada, en nombre del Rey menor, por la Regente y refrendada por Sagasta. Esta ley de procedimiento administrativo, que en la Gaceta de Madrid del 25 siguiente se inserta sin título, fue algo más que “un intento de uniformar” la tramitación y “un paso significativo en la evolución del Derecho público español”, como reconoce la Exposición de Motivos de su sucesora de 1992, que cae en el tópico de fijarse más –y despectivamente- en que a la postre “se plasmara en un amasijo de reglamentos departamentales” ya que, como es sabido, la ley de 1889, concedía en su primer artículo seis meses para que cada Ministerio redactara y publicara un reglamento de procedimiento (o uno por cada dependencia o grupo de ellas). Aunque -y esto es lo importante-, sometidos nada menos que a dieciocho bases comunes, debiendo, además, dar cuenta el Gobierno a las Cortes de todas y cada una de las disposiciones rituarias que aprobara. No es poca cosa.
Dado que en el otoño esta ley cumplirá 125 años no está, creo, de más recordar lo que debiera ser una efeméride más digna de ser tenida en cuenta que otras muchas historias e historietas de menor interés práctico y garantizador. Pero suele pesar más lo folclórico que cualquier hito en la lucha contra las inmunidades del poder, tomando prestado un célebre título del maestro García de Enterría. Bien pobre fue, hace diez años, el recuerdo del centenario de la Ley Maura que extrajo, en peculiaridad notable, la jurisdicción contencioso-administrativa del Consejo de Estado para alojarla definitivamente –no era la primera vez- en una Sala del Tribunal Supremo. Mucho tiempo atrás, Alejandro Nieto había llamado la atención de la escasa importancia que se la había dado, por juristas e historiadores, a tan significativo cambio.
En fin, que no se trata de montar un tinglado burocrático, comisión nacional, ni cosa parecida, sino, simplemente, de tener un recuerdo y un reconocimiento público para esta norma de la que aún hoy somos acreedores. Mucho más de lo que se piensa. Y además, porque siempre es bueno saber de dónde venimos y cuándo y quién trazó las coordenadas en las que nos movemos, en este caso jurídicamente.
Como curiosidad, en la misma Gaceta de 25 de octubre de 1889, precediendo a la Ley de procedimiento, aparece uno de los frecuentes partes oficiales, de la Presidencia del Consejo de Ministros, transmitiendo a la ciudadanía que “SS.MM. el Rey y la Reina Regente (Q.D.G.) y Augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud”. Por tanto, de ser cierto el comunicado, no habían sufrido ningún percance y se hallaban en Madrid. Todavía va a ocurrir, si se me permite la broma, que este mito de la transparencia, particularmente en relación con la Corona, estaba mejor tratado hace siglo y cuarto que al día de hoy.

La Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias. Otra desvergüenza del Gobierno.


Aquí se está gestando la mayor estafa de  la historia
El pasado 29 de diciembre entró en vigor “La Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias”. Esta normativa básica deberá ser desarrollada por las comunidades autónomas en el plazo de seis meses así como por el por el Banco de España.
Dicha  ley define las cajas de ahorros señalando que son entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social, cuya actividad financiera se orientará principalmente a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios bancarios y de inversión para clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas. Su ámbito de actuación no excederá del territorio de la comunidad autónoma, pudiendo sobrepasarse este límite siempre que se actúe sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre sí. Además de esta limitación territorial, la otra gran limitación es la del volumen de negocio, que se establece por la ley disponiendo: cuando el valor del activo total consolidado de la caja de ahorros supere la cifra de 10.000 millones de euros, o cuando su cuota de mercado de depósitos sea superior al 35 % del total de depósitos, las cajas deberán traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta última, es decir, a un banco, y procederá a su transformación en una fundación bancaria, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la ley, que son los siguientes: ostentar una participación, directa o indirecta, de al menos un 10 % del capital o de los derechos de voto de la entidad o que le permita nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de la administración, o en una fundación ordinaria, en caso contrario, con pérdida, en cualquiera de los dos casos, de la autorización para actuar como entidad de crédito.
El procedimiento de transformación de las cajas de ahorro en fundaciones bancarias u ordinarias, según proceda, se encuentra regulado por la ley.
La obra social de las cajas de ahorro podrá tener como destinatarios a los impositores, a los empleados de la propia caja y colectivos necesitados, así como dedicarse a fines de interés público en su territorio de implantación.
Los órganos de gobierno serán la asamblea general y el consejo de administración, quienes desempeñarán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja y la obra social.
La condición de integrante en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro será incompatible con la de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato, así como con la de alto cargo de las diversas Administraciones públicas o sus entidades vinculadas o dependientes.
La ley considera fundación bancaria aquella que mantenga una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos un 10 % del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir a algún miembro de su órgano de administración.
La fundación bancaria tendrá finalidad social y orientará su actividad principal a la atención y desarrollo de la obra social y a la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito.
Las fundaciones bancarias no siempre han de provenir de cajas, sino que podrán serlo, igualmente, de un banco, siempre que se cumplan los requisitos antes señalados.

Las fundaciones bancarias se nutrirán principalmente de los dividendos percibidos de la entidad bancaria cuya participación ostente. Del mismo modo, la ley permite que la actividad crediticia de los montes de piedad se pueda adscribir a la fundación.
Sobre las fundaciones bancarias se ejercerá un doble control: el protectorado, de un lado, y del Banco de España, del otro.
Los órganos de gobierno de las fundaciones bancarias serán el patronato, las comisiones delegadas de este, el director general y los demás órganos delegados o apoderados del patronato.

Los patronos serán personas físicas o jurídicas relevantes en el ámbito de actuación del órgano social y les resultarán aplicables las causas de incompatibilidad previstas para los integrantes de los órganos de gobierno de las cajas. O sea, otra puerta que les abre el Gobierno para el saqueo. Pero esta con premeditación y alevosía. 

Otra mancha en la Mancha.


Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el pasado día 24 de abril,  la Ley que volatiliza la Sindicatura de cuentas de esa Comunidad autónoma. El ahorro de gasto público y la desaparición de “duplicidades” son los dos soniquetes que repite como estribillo la Exposición de motivos de esa Ley. Una melodía que pretende incorporarse al papel pautado del Gobierno, cuyos planes de reforma de las Administraciones públicas insisten en evitar “redundancias”.
No en pocas ocasiones he señalado lo que, a mi juicio, son ejemplos de incomprensibles despilfarros de los dineros. La organización autonómica creció, como bien saben los lectores de este blog, por un lado poniéndose de puntillas copiando la estructura estatal y, por otro, prescindiendo de la existencia de otras Administraciones más añejas que podían haber contribuido a un adecuado ejercicio de sus funciones sin mayor despliegue territorial. Ignorar a las Diputaciones provinciales, multiplicando la Administración periférica es una de las muchas causas del desmesurado déficit público que padecemos.
No obstante, a la hora de luchar contra el déficit y el endeudamiento, de podar las Administraciones y aniquilar organismos públicos habría que considerar varios aspectos y no sólo el del “ahorro”. Porque, con ese único criterio, alguien podría llegar a preguntar también para qué una Comunidad como Castilla-La Mancha.
Si analizamos un poco el gasto, hay que levantar la mirada y reflexionar sobre qué Administraciones necesitamos. Y en ese diseño resultan imprescindibles los instrumentos de control. Controles previos y posteriores, controles internos y externos, como explicamos en nuestras lecciones universitarias. Y pueden existir tanto controles estatales como autonómicos. La verdad, están; pero no existen.
Desde hace michos años han convivido el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura castellanomanchega, del mismo modo que conviven en la actualidad otros órganos fiscalizadores autonómicos. Es cierto que el legislador estatal trata de ignorarlos, como ha hecho en la última reforma de la Ley de haciendas locales, al mencionar únicamente a los existentes en las Comunidades del País Vasco y Navarra. Pero existen en más Comunidades autónomas órganos de fiscalización que están desarrollando una labor que merece un mínimo respeto. Respeto que no es incompatible con cierta crítica si es que han mirado hacia otro lado ante despilfarros, casos de corrupción u otras ilegalidades existentes y por existir.
El análisis sobre el papel de los órganos de control, sobre la admisibilidad de una cierta “duplicidad” ha de sopesarse con argumentos y datos concretos. En este sentido, no deben ignorarse algunos hechos. Por ejemplo, los convenios suscritos entre estas instituciones para mantener una colaboración en el ejercicio de sus funciones y un cierto reparto de tareas.
Es más, habría que responder a la cuestión de si únicamente con el Tribunal de cuentas es posible lograr una fiscalización de todo el sector público en un tiempo adecuado. No es tarea difícil, pero….
Quienes seguimos con interés los informes de este órgano constitucional, advertimos el preocupante retraso que lleva, pues se están publicando en algunos sectores la fiscalización del ejercicio 2011 y, en el Programa para este año 2014, se ha previsto avanzar, por ejemplo, en los ejercicios 2010 y 2011 de algunas Comunidades autónomas (caso de Cantabria, Extremadura o La Rioja) y seguir con el ejercicio 2012. Un retraso debido, sobre todo, a lo ingente de esa tarea y a la falta de recursos suficientes de este Tribunal. ¿Podría este órgano con sus actuales medios llevar la fiscalización de todo el sector público en tiempo adecuado para exigir responsabilidades? Ahí, esa es la cuestión.
Por esto me preocupa la supresión de la Sindicatura de Cuentas que trataba de cumplir su labor en Castilla-La Mancha, fiscalizando su Administración, su Universidad, sus muchas entidades locales y el amplio sector público existente. Esa Comunidad autónoma es una de las que más déficit y endeudamiento ha mantenido durante años, según los Informes del Banco de España. Por ello, a mi entender, frente a la supresión lo que habría que haber promovido era una adecuada reforma de los instrumentos de control para que ciertamente fueran eficaces. Una reforma para que pudiera ejercer sus funciones con objetividad y rigor sin influencias políticas; una reforma para dotarle de recursos económicos suficientes que permitieran agilizar los procedimientos; una reforma para garantizar que sus funcionarios fueran designados por su capacidad y méritos.

El gasto de demasiados miles de millones de euros en contratos, en el mantenimiento de un sector público, en cursos de formación, en proyectos de investigación, en diversas subvenciones… reclaman una fiscalización ejemplar y eso se conseguirá con una reforma de los tribunales de cuentas, no con su supresión. Ello ayudaría a que los gobernantes no nos contaran cuentos con las cuentas y a facilitar la exigencia de responsabilidad. Pero mucho me temo que no vaya a ser así.

Caso Watergate


Richard Nixon


El escándalo que acabó obligando al republicano Richard Nixon a dimitir el 8 de agosto de 1974 salió a la luz en plena campaña presidencial, en la noche del 17 de junio de 1972, con la detención de cinco hombres en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, situado en el complejo Watergate de ahí su nombre en Washington D.C.
Los intrusos (James W. McCordBernard L. BarkerFrank A. SturgisEugenio R. Martínez yVirgilio R. González), provistos de guantes de goma, equipo fotográfico, micrófonos y otros mecanismos para escuchas, habían entrado ya el 27 de mayo en estos bloques de apartamentos y oficinas, situados junto al río Potomac.

Los hechos fundamentales del caso Watergate
Los intrusos fueron sorprendidos, aproximadamente a la una de la madrugada, mientras hojeaban archivos e intentaban colocar instrumentos de escucha. Entre los detenidos se encontraba James McCord, un antiguo agente del FBI que había trabajado como agente de seguridad para el Comité de Reelección del Presidente (CREEP, siglas en inglés). De ellostres eran cubanos procedentes de Miami: Bernard Barker, Virgilio González y Eugenio Martínez.
Los detenidos fueron acusados de robo, la Casa Blanca negó cualquier relación con los hechos y el evento no tuvo repercusión en las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de ese año y fueron ganadas de nuevo por Richard Nixon
Problemas judiciales para Nixon
A principios de 1973 se celebra el juicio por el robo del caso Watergate. Los acusados se declaran culpables pero McCord escribe una carta al juez asegurando que altos cargos del partido republicano sabían que iba a producirse la entrada ilegal en las oficinas demócratas y que los acusados habían sido convencidos para negar esa relación.
A consecuencia de esta carta se siguen las investigaciones que en los siguientes meses tienen como consecuencia, entre otras, las de destapar que:
    

Edificio Watergate
    El objetivo del CREEP era crear problemas utilizando métodos ilícitos en las campañas de ciertos políticos demócratas en las elecciones presidenciales, al Congreso y al Senado de 1972.
    El empleo de instrumentos ilegales de escuchas era una práctica relativamente habitual ya que se habían pinchado los teléfonos de periodistas críticos con la Casa Blanca.
   Grandes compañías habían hecho contribuciones ilegales a la campaña de Nixon.
   El FBI había destruido documentos relativos al caso y que los instrumentos de escucha que se pretendían colocar en el edificio Watergate procedían de la CIA.
   Se habían pagado importantes cantidades de dinero a los intrusos que entraron en las oficinas demócratas de Watergate para que se mantuvieran callados.


Investigaciones en la prensa
En este caso la prensa jugó un papel decisivo. Concretamente dos periodistas del diario Washington Post - Bob Woodward y Jonathan Bernstein- publicaron en agosto de 1972 la noticia de que el intento de robo en la sede demócrata en el edificio Watergate había sido pagada con fondos provenientes de CREEP.
Durante muchos meses el Washington Post publicó en solitario notas adelantándose a las investigaciones judiciales y del Senado, por lo que el periódico estuvo bajo una gran presión. A la fuente de Woodward y Bernstein se la conoció como Garganta profunda. Treinta años más tarde de estallar el escándalo se hizo público el nombre verdadero de la fuente: Mark Felt, un director adjunto del FBI.
Investigaciones en el Congreso y en el Senado
Los descubrimientos hechos por la prensa y los judiciales hacen que las Cámaras legislativas decidan también investigar.
En una declaración ante un comité de investigación del Senado, John Dean, abogado de Nixon, afirma que el presidente tiene un sistema de grabación y que de manera rutinaria se graban todas las conversaciones y llamadas telefónicas.
Cuando se le pide a la Casa Blanca que entregue las cintas, Nixon se niega, iniciándose así un escándalo que se alarga en el tiempo. Cuando por fin el presidente las entrega, falta material y algunas cintas han sido borradas. Meses más tarde, entrega transcripciones de parte del material que no había proporcionado con anterioridad.
En todo caso faltan todavía 64 cintas. Y mientas el caso llega hasta la Corte Suprema, que finalmente decide que Nixon debe entregar todo el material, la Cámara de Representantes debatía sobre si incriminar al presidente ante los ojos ávidos de la nación, que seguía por televisión los debates.
Cuando las cintas son entregadas el destino del presidente ya está decidido. Queda claro por las conversaciones grabadas que Nixon había intentado justo después de la entrada en Watergate que la CIA convenciera al FBI para que no investigara el incidente.
Consecuencias del caso Watergate
El 8 de agosto de 1974, dos años después de que el grupo de cinco hombres hubiera asaltado la sede demócrata en el edificio Watergate, el presidente Nixon dimitió dejando su puesto al vicepresidente Ford.
En su discurso de renuncia Nixon dijo que prefería dejar paso a un proceso de "curación" de la sociedad estadounidense, en vez de dejar que el proceso legal siguiera su curso hasta el final. Siempre sostuvo que se consideraba un "luchador".
Nixon ha sido el único presidente de EEUU que ha dimitido.
Además, el escándalo acabó con las carreras de dos fiscales generales, Richard Kleindienst y Elliot Richardson.
El escándalo y de sus consecuencias reafirmaron la solidez del sistema político americano que no sufrió grandes sobresaltos, produciéndose la sucesión de una manera ordenada siguiendo la ley. Por último, la prensa de investigación, representada por la labor del Washington Post alcanzó reconocimiento universal al trabajo bien hecho y a cuál debe ser el papel de los medios de comunicación.