Otra mancha en la Mancha.

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el pasado día 24 de abril,  la Ley que volatiliza la Sindicatura de cuentas de esa Comunidad autónoma. El ahorro de gasto público y la desaparición de “duplicidades” son los dos soniquetes que repite como estribillo la Exposición de motivos de esa Ley. Una melodía que pretende incorporarse al papel pautado del Gobierno, cuyos planes de reforma de las Administraciones públicas insisten en evitar “redundancias”.

No en pocas ocasiones he señalado lo que, a mi juicio, son ejemplos de incomprensibles despilfarros de los dineros. La organización autonómica creció, como bien saben los lectores de este blog, por un lado poniéndose de puntillas copiando la estructura estatal y, por otro, prescindiendo de la existencia de otras Administraciones más añejas que podían haber contribuido a un adecuado ejercicio de sus funciones sin mayor despliegue territorial. Ignorar a las Diputaciones provinciales, multiplicando la Administración periférica es una de las muchas causas del desmesurado déficit público que padecemos.

No obstante, a la hora de luchar contra el déficit y el endeudamiento, de podar las Administraciones y aniquilar organismos públicos habría que considerar varios aspectos y no sólo el del “ahorro”. Porque, con ese único criterio, alguien podría llegar a preguntar también para qué una Comunidad como Castilla-La Mancha.

Si analizamos un poco el gasto, hay que levantar la mirada y reflexionar sobre qué Administraciones necesitamos. Y en ese diseño resultan imprescindibles los instrumentos de control. Controles previos y posteriores, controles internos y externos, como explicamos en nuestras lecciones universitarias. Y pueden existir tanto controles estatales como autonómicos. La verdad, están; pero no existen.

Desde hace michos años han convivido el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura castellanomanchega, del mismo modo que conviven en la actualidad otros órganos fiscalizadores autonómicos. Es cierto que el legislador estatal trata de ignorarlos, como ha hecho en la última reforma de la Ley de haciendas locales, al mencionar únicamente a los existentes en las Comunidades del País Vasco y Navarra. Pero existen en más Comunidades autónomas órganos de fiscalización que están desarrollando una labor que merece un mínimo respeto. Respeto que no es incompatible con cierta crítica si es que han mirado hacia otro lado ante despilfarros, casos de corrupción u otras ilegalidades existentes y por existir.

El análisis sobre el papel de los órganos de control, sobre la admisibilidad de una cierta “duplicidad” ha de sopesarse con argumentos y datos concretos. En este sentido, no deben ignorarse algunos hechos. Por ejemplo, los convenios suscritos entre estas instituciones para mantener una colaboración en el ejercicio de sus funciones y un cierto reparto de tareas.

Es más, habría que responder a la cuestión de si únicamente con el Tribunal de cuentas es posible lograr una fiscalización de todo el sector público en un tiempo adecuado. No es tarea difícil, pero….

Quienes seguimos con interés los informes de este órgano constitucional, advertimos el preocupante retraso que lleva, pues se están publicando en algunos sectores la fiscalización del ejercicio 2011 y, en el Programa para este año 2014, se ha previsto avanzar, por ejemplo, en los ejercicios 2010 y 2011 de algunas Comunidades autónomas (caso de Cantabria, Extremadura o La Rioja) y seguir con el ejercicio 2012. Un retraso debido, sobre todo, a lo ingente de esa tarea y a la falta de recursos suficientes de este Tribunal. ¿Podría este órgano con sus actuales medios llevar la fiscalización de todo el sector público en tiempo adecuado para exigir responsabilidades? Ahí, esa es la cuestión.

Por esto me preocupa la supresión de la Sindicatura de Cuentas que trataba de cumplir su labor en Castilla-La Mancha, fiscalizando su Administración, su Universidad, sus muchas entidades locales y el amplio sector público existente. Esa Comunidad autónoma es una de las que más déficit y endeudamiento ha mantenido durante años, según los Informes del Banco de España. Por ello, a mi entender, frente a la supresión lo que habría que haber promovido era una adecuada reforma de los instrumentos de control para que ciertamente fueran eficaces. Una reforma para que pudiera ejercer sus funciones con objetividad y rigor sin influencias políticas; una reforma para dotarle de recursos económicos suficientes que permitieran agilizar los procedimientos; una reforma para garantizar que sus funcionarios fueran designados por su capacidad y méritos.

El gasto de demasiados miles de millones de euros en contratos, en el mantenimiento de un sector público, en cursos de formación, en proyectos de investigación, en diversas subvenciones… reclaman una fiscalización ejemplar y eso se conseguirá con una reforma de los tribunales de cuentas, no con su supresión. Ello ayudaría a que los gobernantes no nos contaran cuentos con las cuentas y a facilitar la exigencia de responsabilidad. Pero mucho me temo que no vaya a ser así.