El interés de Pedro Sánchez
por “acoplar” a un partido extraparlamentario como Vox en un debate vulnera la
normativa electoral y la doctrina de la JEC. Los socialistas tenían pensado
atacar en tromba –sin fundamentos- a Pablo Casado y que Abascal abriese fuego.
Ya pasó en las anteriores elecciones generales.
El palo de la Junta
Electoral Central no es a Atresmedia sino al Gobierno Sánchez. Me parece la
interpretación adecuada del por ahora suspendido debate a cinco previsto para
el día 23.
Lamento el autoplagio, pero
ahí ya se señalaba la descarada vulneración de la normativa electoral que
suponía incluir a Vox en un debate televisado de aspirantes a la presidencia
del Gobierno. Peor aún. Que los intereses del partido gobernante primasen sobre
el respeto a la vigente expresión institucional de la voluntad popular. Y una
paradoja. Que RTVE se atuviese a dicha voluntad y el Gobierno no.
Después de atender un
recurso de Vox, por haber sido excluido del debate de 'segundos' celebrado
anoche en TVE (a seis), y de los presentados por los grupos nacionalistas no
incluidos en el anunciado en Antena 3 (a cinco), la Junta Electoral ha decidido
suspender el segundo. Razón de fondo: el quinto invitado (Vox) es un producto
de las encuestas, no de la representatividad obtenida en las urnas.
Los electores, como los
consumidores, tienen derecho a probar el género antes de comprarlo. Esa pauta
del sentido común está vacía en el BOE
Los electores, como los
consumidores, tienen derecho a probar el género antes de comprarlo. Esa pauta
del sentido común sigue vacía en el BOE. La regulación legal de los debates
electorales es una lamentable asignatura pendiente de la democracia. Apenas una
genérica alusión de la Loreg (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) a la
exigencia de “neutralidad”, “pluralidad” y “proporcionalidad” de los medios
públicos (una reciente reforma la extendió también a los privados).
El PSOE acepta un debate a
cuatro en TVE en el que no se repetirá la foto de Colón. Vox sale beneficiado,
al presentarse como un partido antisistema
Sobre esa norma legal y el
recurso al mejor criterio de la JEC (ocho magistrados del Tribunal Supremo,
cinco catedráticos de Derecho y el secretario general del Congreso), se ha ido
forjando una doctrina de obligado cumplimiento. Excluye de los debates a grupos
extraparlamentarios, salvo que en elecciones anteriores (no necesariamente
generales) hubieran obtenido al menos el 5% de los votos en el área de difusión
del medio.
El Gobierno queda en
evidencia. Por pasarse esa doctrina por el arco del triunfo. El Gobierno no, el
PSOE, o Sánchez, vale, viene a ser lo mismo. Lo grave es la falta de compromiso
con el orden institucional por intereses de partido. Hasta las piedras saben
que Moncloa y Ferraz están encantados con el protagonismo de Vox como elemento
fragmentador de la derecha, aunque vaya en contra de la ley y de la doctrina de
la Junta.
Se pone en evidencia la
falta de compromiso de Moncloa y Ferraz con el orden institucional. Por
intereses de partido, quieren a Vox en los debates
A esa ley y a esa doctrina
debe ajustarse la alternativa que ha de presentar ahora Atresmedia al formato
del debate del día 23, puesto que, según la Junta Electoral, no puede
celebrarse tal y como está planteado. La JEC se ha comprometido a responder el
lunes 22. No obstante, el fondo de la cuestión queda claro: el criterio para
elegir a los participantes en un debate electoral televisado no puede ser “la
actualidad informativa o los datos procedentes de las encuestas electorales”
sino “los resultados obtenidos en las últimas elecciones”.
Así reza la resolución de la
JEC que deja en suspenso el debate de Antena 3 con los candidatos de cinco
fuerzas políticas, de las que cuatro responden al vigente mapa parlamentario
(Diputación Permanente del Congreso), mientras que el quinto participante (Vox)
responde al cambiante mapa demoscópico de nuestra democracia de último minuto.
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