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Pedro Sánchez acepta una moción de confianza dirigida por separatistas, proetarras y gente de "mal vivir"



El testaferro de Ábalos, Zapatero, Santos Cerdán,... Pedro Sánchez se ha refugiado este fin de semana en la finca toledana Quintos de Mora para “reflexionar”, para buscar una salida al cataclismo sufrido por su partido y su Gobierno. Para salvar el pellejo antes de que puedan aparecer pruebas que le incriminen personalmente. Es consciente de que de nada ha servido la pantomima lacrimógena de la rueda de Prensa en Ferraz. Sabe que tiene que actuar para salir pronto del atolladero. Resulta evidente que el adelanto electoral está descartado, pues supondría un suicidio para el PSOE. Pero baraja la opción de presentar una moción de confianza, que aunque al principio negó, podría ser un balón de oxígeno. Pues contaría con el apoyo de sus socios de legislatura, que aunque se harían de rogar, podrían extorsionarle definitivamente dada la debilidad absoluta del presidente del Gobierno. Junts, Bildu, ERC, el PNV y, no digamos, Yolanda Díaz han disfrutado como nadie de los favores del Gobierno gracias a su apoyo parlamentario. Con Sánchez fuera de La Moncloa lo perderían todo. Y, sobre todo, al igual que Podemos, lucharán con todas sus fuerzas para impedir que el PP de Feijóo llegue a La Moncloa. Una victoria de Pedro Sánchez en la cuestión de confianza le serviría para resurgir de sus cenizas. Son dos los obstáculos que amenazan la Presidencia de Pedro Sánchez: la Justicia y los dirigentes y barones socialistas que quieren echarle para impedir la destrucción del PSOE. Según los investigadores, la UCO guarda más pruebas que podrían incriminar directamente a Pedro Sánchez, para empezar el conocido pucherazo que le permitió ganar las primarias en 2014. Pero también, podría tener evidencias de haber, al menos conocido, las corruptelas de la banda del Peugeot. Sin olvidar su presunta responsabilidad en la filtración del fiscal general del Estado y la posible participación en los enjuagues de su mujer y de su hermano. El presidente, pues, corre el riesgo de terminar sentándose en el banquillo de los acusados. De ahí, la celeridad de Sánchez en blindarse en La Moncloa. Los socialistas más críticos con las barrabasadas políticas y morales de Pedro Sánchez intentan organizarse para emprender una ofensiva que pueda echarle de la secretaría general del partido. Pero de momento sólo hacen ruido. Porque el autócrata ha tomado al asalto el Comité Federal del PSOE. Y, al menos de momento, nadie es capaz de echarle. Pedro Sánchez, pues, parece estar dispuesto a satisfacer todos los caprichos de separatistas y proetarras para salvar el pellejo y salir victorioso de esa cuestión de confianza. Puigdemont, a la espera de su amnistía, exigirá, junto con Junqueras, la celebración de un referéndum de autodeterminación. Otegui irá después. Y Yolanda Díaz sería feliz con tal de mantener su puesto en el Gobierno. Y así, Sánchez terminará de desguazar la Constitución y la democracia. Pero seguirá plácidamente en La Moncloa al menos dos años más.

Junts y Bildu se unen para "liquidar" a Pedro Sánchez y, por odio, a España.


Ningún español pone en duda que ideológicamente, Puigdemont y Otegi son, totalmente, contrarias, sólo les une el odio a España, a la democracia y hasta el oxígeno que necesitamos para respirar. El objetivo objetivo principal no es otro que la independencia de Cataluña y el País Vasco y, de paso, la aniquilación de la Constitución del 78. Y, ahora, esencialmente son aliados especiales de Pedro Sánchez, por apoyar su investidura y sostener con sus escaños a su Gobierno. A cambio, el presidente ha cumplido todas sus exigencias, a pesar de ser tan estrafalarias como ilegales. Pero no les basta.

Puigdemnont y Otegui traman aprovecharse de la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno después de más de 100 derrotas en el Congreso para cumplir todos sus objetivos, que como decíamos, el principal es la independencia que ya rozan con los dedos después de las muchas concesiones de Pedro Sánchez con el carrusel de traspasos de competencias a Cataluña y al País Vasco; incluso a Navarra.

Bildu ha sido hasta ahora el gran aliado del Gobierno. A cambio, las exigencias de los herederos de ETA se han cumplido a rajatabla. Además de elaborar en su totalidad o apoyar muchas de las propuestas legislativas de Sánchez en el Congreso, el traspaso de las competencias de Instituciones Penitenciarias al País Vasco ha servido para que buena parte de los asesinos de la banda terrorista sean excarcelados y, después, homenajeados por sus compañeros de fechorías. También la Guardia Civil acaba de perder las competencias de Tráfico en Navarra y, pronto, la Benemérita será expulsada totalmente de la Comunidad foral y del propio País Vasco.

Pero Junts ha conseguido acercar aún más a Cataluña a la independencia con el traspaso de competencias del Estado como la inmigración, el control de fronteras y la soberanía fiscal, además de indultar a los golpistas y amnistiar a Puigdemont, pero con tanta torpeza que todavía no se le puede aplicar la medida de gracia. Los éxitos del prófugo de Waterloo son, por ello, el ejemplo a seguir por Otegui, el que fuera condenado y encarcelado por terrorista.

Poco ha trascendido de la reunión entre Puigdemont y Otegui. Se han limitado a difundir un comunicado ambiguo en el que “ se comprometen a seguir trabajando sin descanso para que los derechos políticos, culturales y lingüísticos del pueblo vasco y del pueblo catalán sean reconocidos y garantizados" en el “nuevo contexto geopolítico”.

Pero resulta evidente que lo que de verdad buscan Puigdemont y Otegui es seguir exprimiendo a Sánchez hasta la última gota a cambio de mantenerlo en La Moncloa. Saben que pueden lograr lo imposible, la independencia casi absoluta de Cataluña y el País vasco, si convencen al presidente de estar dispuestos a complacerlo en su verdadero propósito que no es otro que amarrar el poder, al menos hasta el final de la legislatura en 2027. Hay que esperar acontecimientos. Pero una alianza entre Bildu y Junts podría ser la tabla de salvación de Sánchez en esta legislatura y la aniquilación total de la Constitución.

El PP, nunca debe "parlamentear" con partidos independentistas de 7 diputados. Vendrá y pronto la próxima trampa PSOE/JUNTS.

 


El PP hace un 'corta-pega' del decreto ómnibus que tumbó con Vox y Junts  para hacer suyas las iniciativas y que se aprueben

Una parte de la derecha española padece desde hace un tiempo un extraño síndrome que no le beneficia. Afecta a sus cuadros de mando, pero también a sus simpatizantes y, sobre todo, a ese grupo selecto de intelectuales que tanta experiencia acumula en el arte de firmar manifiestos. Su comportamiento es difícil de definir. Hay quien piensa que tiene un origen patológico, dado que les arrastra hasta el borde del ataque de ansiedad a cada mínima amenaza que detectan a su alrededor. También hay quien sospecha que estos ilustres aprovechan las incursiones que detectan en su territorio para significarse, de modo que la gente no se olvide de que existen, respiran y piensan. Harían bien en calmarse o en exigirse cierta contención porque su actitud alimenta a 'el enemigo'.

Entiéndase por enemigo Pedro Sánchez, quien, en su afán por convertir la política española en un juego siniestro, plantó ante la oposición hace unos días una trampa parlamentaria -el decreto ómnibus- que tenía un fin claro: erigir al Gobierno como el único defensor de los pensionistas, de los valencianos y de los precarios, frente a una derecha insolidaria.

El PP primero se opuso, pero cambió de opinión cuando el Gobierno recompuso el texto, lo que provocó que la derecha de sofoco fácil pusiera el grito en el cielo. Personalmente, creo que debería ponerse el foco, en este caso, en lo más relevante, es decir, en el motivo por el cual la legislación española permite concentrar en un solo real decreto las ayudas a las víctimas de una catástrofe natural, las medidas de protección para los inquilinos, las subvenciones al transporte público o la cesión de un palacete al PNV.


Sorprendentemente, la Escuela de Atenas contemporánea, conformada por nuestros políticos a izquierda y derecha, periodistas, tertulianos y firmantes de manifiestos ha optado por pasar de largo sobre lo importante y ha hablado más de un edificio parisino que de la bochornosa forma de lanzar un cubo de orina matutina sobre el legislativo para demostrar fortaleza ante la oposición. ¿Y quién han contribuido a desviar la vista sobre lo relevante? Entre ellos, el PP.

Ataque desactivado

La estrategia empleada con la norma ómnibus tiene más miga porque el Ejecutivo pretendía blandirla como un arma para lanzar su primer gran ataque del año a la oposición. Iba a utilizar a los pensionistas en su propio beneficio y a esperar a que recibieran la paga de febrero, de menor importe, para intentar ganar apoyos entre los 9,3 millones de ciudadanos que pertenecen a esa clase pasiva. Quería ganarse su corazón a través del bolsillo e iniciar una campaña de acoso y derribo similar a la que efectuó cuando desenterró al franquismo, cuando avivó el terror a la ultraderecha y cuando alertó sobre la conspiración de los periodistas y los jueces contra él y su familia.

Lo iba a hacer, además, con el apoyo de una armada mediática gigantesca. Habrá quien no haya tenido en cuenta este punto, pero este mismo miércoles, lo más granado de las principales televisiones del país demostraba su ‘espíritu crítico’ y firmaba una declaración contra la desinformación que, en realidad, era todo un guiño hacia el Gobierno y una muestra evidente de la poca vergüenza que conservan algunos. Esos medios de comunicación tradicionales tienen todavía una ascendencia importante sobre los mayores. Los pensionistas ven cada día una media de 325 minutos la televisión comercial, frente a los 171 minutos de media (Kantar Media). El oyente de radio generalista -la más política- es de 52,9 años (EGM). 

Basta recordar lo que sucedió en 2018, cuando las tertulias televisivas -donde la izquierda está muy bien representada- y las radiofónicas comenzaron a martillear día y noche con las reivindicaciones de los yayoflautas -que querían el ajuste del IPC-... para deducir a lo que se exponía el PP al arriesgarse a que Paco, jubilado, 71 años, se encontrara en la cuenta del banco de febrero una cantidad menor a la del mes anterior “por culpa de Feijóo”. Ni que decir tiene que sindicatos, asociaciones de inquilinos y derivados ya habían anunciado movilizaciones por si las moscas; y que los papagayos periodísticos de Moncloa y sus portavoces habían pasado al ataque.

Frente a esa ‘pseudo-Partida de la porra’ contemporánea, el PP ha decidido apoyar un real decreto que iba a salir adelante con el voto de Junts, conocido antes que el de los populares. De esa forma, ha neutralizado el chantaje emocional a los pensionistas del enemigo y de sus mariachis. Es una jugada estratégica bastante básica, pero necesaria, aunque criticada y por supuesto criticable por la derecha que todavía aspira a que este país se distancia del populismo que nos constriñe y condiciona. 

Lo que le ha sucedido al PP es que ha sido inconsistente, cosa que tampoco es novedosa. Para explicar su primer voto contrario al real decreto creó un hilo argumental incomprensible. En lugar de concentrar sus ataques en el vergonzoso filibusterismo del PSOE -al recurrir a la fórmula del ‘ómnibus’-, comenzó a presentar propuestas alternativas de forma -diríase- ridícula y deslavazada; y a atacar la cesión del palacio al PNV, lo cual se le ha vuelto en contra (los vascos se han reído de ellos). Lo hizo, además, con rodeos, dado que las cabezas pensantes de Génova 13 iniciaron al principio del curso un giro hacia el centro - izquierda que les ha llevado a lanzar guiños hacia posiciones sociales y laborales que son abiertamente socialistas, amén de innecesarias. Así que para no contradecirse… han hecho el canelo.

Ése es el gran drama de la derecha. Parece que en lugar de proponer y de tener iniciativa busca que no le insulten e incluso exhibe como un valioso logro los ‘gestos positivos’ que recibe desde la izquierda

Ése es el gran drama de la derecha. Parece que en lugar de proponer y de tener iniciativa busca que no le insulten e incluso exhibe como un valioso logro los ‘gestos positivos’ que recibe desde la izquierda. ¿Por qué tiene el PP que hablar de la reducción de la semana laboral o de ayudas y subvenciones? ¿Cree acaso Núñez Feijóo que Pepe Álvarez va a ser iluminado con una Epifanía al escuchar su discurso y a votarle y defenderle con la fe del converso? En un país tan polarizado, aspirar a que te apoye quien en realidad te odia es absurdo. Máxime si con eso desmoralizas a tu parroquia, que es a lo que se dedican últimamente en Génova. Últimamente…, me refiero a los últimos 15 años.

España necesita una derecha liberal que transmita a los ciudadanos esperanza a partir de posiciones responsables. Los españoles están despertando del sueño del socialismo -basta ver la encuesta del pasado domingo de ABC- y eso sucede porque no les garantiza prosperidad y porque sus medidas ideológicas tampoco consiguen la concordia. Una derecha centrada hablaría de esfuerzo diario, de recortar el déficit, de reducir deuda, de ajustar impuestos y de hacer sacrificios necesarios para que nuestros hijos no caminen sobre el ‘conurbano bonaerense’ en la Madrid de 2035.

Fomentaría el ahorro, abordaría el problema real de las pensiones -insostenibles a la larga, con la política actual-, realizaría una política de vivienda ambiciosa -y eso debería implicar una reducción de burocracia e impuestos, no sólo medidas contra los okupas, como la anunciada este jueves- y transmitiría al español que llega fatigado a casa al final del día que lo público, sin un sector privado fuerte, ni funciona, ni es eficiente ni te da cita antes para una operación.

Para eso haría falta valentía. No un grupo de dirigentes que -debería ser consciente- parece estar más pendiente de que el tiempo pase rápido hasta 2027, de las batallas intestinas o de las filípicas de Esteban González Pons que de hacer una oposición activa y, sobre todo, de demostrar a sus votantes que tiene más interés en ellos que en el socialista crítico y otras criaturas en peligro de extinción... o mitológicas.

El omnibús de Pedro Sánchez se queda en una guagua canaria. ¡Sánchez, dimisión¡

Pedro Sánchez mantiene el decreto ómnibus

Coherente con su manera de actuar, el presidente ha hecho lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Dijo que no habría amnistía, y la hubo; dijo que no trocearía el decreto que fue rechazado en el Congreso la semana pasada y, al final, lo ha dejado en un tercio de lo que era. Sánchez en estado puro. Y sin cortarse un pelo.

Algunos ministros han quedado en evidencia. En especial, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien defendió rotunda el lunes mantener el decreto "tal cual estaba" cuando fue derrotado en el Congreso al votar en contra Junts, PP y Vox. Perece mentira que no conozcan ya a su jefe, "¡el puto amo!" como le llamó Oscar Puente en tono admirativo.

La mentira se ha convertido en una práctica habitual del presidente. Mientras filtraba a los medios que mantendría el articulado del ómnibus, negociaba en secreto con Puigdemont. Poco antes de la comparecencia anunciada tras el Consejo de Ministros de Oscar López y Carlos Cuerpo, desde Moncloa se informó de un retraso en el horario previsto, porque iba a hablar el presidente. Habemus pacto.

El acuerdo que anunció Sánchez es una cesión en toda regla a las exigencias de Junts. Se mantienen 29 artículos del paquete anterior entre los que figuran la subida de las pensiones, las subvenciones al transporte público, las ayudas para los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma,... y el palacete de Paris para el PNV. Esto último, que a Junts le daba igual, había que mantenerlo para que los nacionalistas vascos no se echen para atrás y voten a favor en el Congreso. Ya dijo Puigdemont la semana pasada que si el Gobierno quería sacar adelante las medidas sociales podía hacerlo, pero sacando del decreto otras que no tienen nada que ver. Como, por ejemplo, la creación de un organismo dependiente de la CNMC para controlar a los medios digitales, o las medidas económicas que suponen subidas del IRPF y de las cuotas a la Seguridad Social.

Tras la derrota parlamentaria de la semana pasada, Sánchez cede, una vez más, ante Puigdemont

Pero no sólo eso. Puigdemont le sacó a Sánchez la disposición del PSOE a tramitar en el Congreso la Cuestión de Confianza. Aunque el presidente dijo en la rueda de prensa que la tramitación parlamentaria no implica que se someta a ella, ya que esa decisión es potestad suya y no, por ahora, ve necesidad de ello, ya veremos lo que ocurre cuando llegue el momento.

El presidente volvió a cargar en su comparecencia contra el PP y Vox, no se sabe muy bien por qué. Al fin y al cabo, con el único que ha negociado es con Junts.

Pedro Sánchez, también es una constante en él, sacó pecho de la capacidad de su gobierno para alcanzar acuerdos. Dicen en Moncloa que "la mayoría de investidura se ha salvado". ¡Albricias! Sin embargo, más allá de los gestos, de la presunción y de la chulería, Sánchez sale tocado de este pulso un tanto absurdo. Esto que ha hecho ahora podía haberlo hecho hace una semana y haberse ahorrado una derrota en el Congreso.

El presidente recurrió al lema de Diego Simeone para definir su hoja de ruta. Pero hasta en eso erró. Cuando El Cholo dice que el Atlético va "partido a partido" es cuando su equipo gana. No cuando pierde.

Pedro Sánchez dispuesto a sacar votos de debajo de las piedras y..

 Pedro Sánchez: "Buscaremos fotos debajo de las piedras"

No es que sea una frase estúpida. Sánchez sabe muy bien lo que dice. Con los siete votos de Junts, el centro derecha se instala en los 179 escaños y está en condiciones de escabechar las iniciativas, los decretos y los proyectos de ley del PSOE sanchista. Pero el César socialista tiene una idea certera de lo que se puede conseguir a través de concesiones por humillantes que sean. Y sobre todo lo que se avanza con la fuerza del dinero.

En primer lugar, Pedro Sánchez se ha adelantado una vez más a Feijóo. Si el presidente popular se hubiera movido con celeridad y con intensidad, la opinión pública clamaría hoy de forma mayoritaria contra el sanchismo por impedir que pensionistas, viajeros y damnificados de la gota fría se vieran perjudicados económicamente. Ha sido al revés, la mayoría de la opinión pública cree que el Partido Popular, al negarse a votar el decreto, ha recortado los dineros que los españoles afectados recibirían.

Pedro Sánchez tiene tiempo ahora de jugar las bazas que le pueden salir mal, pero él cree que encontrará “debajo de las piedras” los votos que le faltan. Es decir, está dispuesto a postrarse genuflexo ante el altar independentista y hacer más concesiones, aunque hieran la dignidad de España. Y sobre todo se dispone a adjudicar al prófugo golpista Carlos Puigdemont el dinero que necesita tanto para el partido como para sus objetivos. Pagan todos los españoles, claro, agobiados por unos impuestos casi confiscatorios. Pagan también los europeos a través de las suculentas cantidades adjudicadas a España.

Tanto ha mentido Pedro Sánchez que Puigdemont no se fía de él y podrá echar al traste la operación que “debajo de las piedras” está dispuesto a hacer el líder socialista, aunque tal vez la tentación de las concesiones y el dinero contante y sonante sea demasiado grande. Ya veremos.

España, no puede depender de la voluntad de dos en manos de un tramposo tahúr y de un prófugo: Pedro Sánchez y Puigdemont

La Polémica Negociación entre PSOE y Junts: ¿Un Saludo o Reunión entre  Sánchez y Puigdemont? – HERALDO SANITARIO y POLÍTICO – SATÍRICO DE OREGÓN

Pedro Sánchez sigue cortejando a Carles Puigdemont con la esperanza de obtener los 7 escaños de Junts para sus próximas votaciones en el Congreso; la principal, los presupuestos generales del Estado. Este jueves, se votará la senda de déficit o techo de gasto, el primer paso para aprobar las cuentas y no verse obligado a prorrogar por segunda vez los presupuestos. Y hasta Suiza se ha desplazado Santos Cerdán con una delegación socialista para convencer al golpista prófugo. De momento, con poco éxito.

La incógnita sobre los 7 escaños de Junts es el gran problema al que se enfrenta Sánchez en esta legislatura. La ley de amnistía ha sido otra chapuza legal (o ilegal) del Gobierno al no ser capaz de blindar penalmente a Puigdemont. El golpista prófugo, además, está indignado con la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad y todo indica que va a torturar al Gobierno en todas y cada una de las votaciones que se produzcan en el Congreso de los Diputados. Para empezar, votó en contra de la senda de estabilidad presupuestaria, lo que obligó al Ejecutivo a prorrogar las cuentas de 2023. Y ahora, acaba de tumbar la ley sobre la regulación de los alquileres.

Después de reunirse con la delegación socialista que viajó a Suiza, Puigdemont ha mandado un mensaje desconcertante:”Nuestra vocación política –ha dicho- no es dar estabilidad ni desgastar a nadie. Nuestro objetivo es defender Cataluña y los intereses de los catalanes, y quien nos ayude tendrá nuestro apoyo, sea para gobernar, sea para hacer oposición: quien haga lo contrario o quien nos engañe (o maree la perdiz), que no cuente con nosotros", ha dicho. O lo que es lo mismo, o Pedro Sánchez cumple con los acuerdos de legislatura, para empezar la aplicación de la ley de amnistía, o Junts puede seguir apoyando las propuestas del PP y provocar más derrotas parlamentarias del Gobierno, que ya lleva 35 en esta legislatura.

La tragedia de Pedro Sánchez se llama Puigdemont. Creía que podía contar con sus 7 escaños durante la legislatura, pero el prófugo de Waterloo no está dispuesto a apoyar al Gobierno hasta que la ley de amnistía le conceda la inmunidad absoluta. Y eso, como poco, tardará un año largo. El presidente está pagando caro su gran error: haber fiado la estabilidad de la legislatura a una ley chapucera y al golpista prófugo. Y, por eso, el futuro de España está en manos de dos tahúres de la política.

El enésimo chantaje de Pedro Sánchez.

 


Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. | EUROPA PRESS

Acusa Carles Puigdemont a Pedro Sánchez de "chantaje" por su oferta de otorgar una financiación a la carta para Cataluña ligada al apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa. Yo es que me parto. ¡Puigdemont, que cambió la amnistía para él a cambio de investir a Sánchez, hablando de chantaje!

Pero, sí. Esta vez el ex president tiene razón. Sánchez ha planteado la financiación especial para Cataluña como un do ut des: dinero a cambio de que el candidato del PSC sea presidente de la Generalitat con los votos de ERC.

Luego alguien se extrañará de que mucha gente fuera de Cataluña esté hasta el gorro. Empezando por los presidentes de la comunidades que no son Cataluña, sean del PP o del PSOE, como Emiliano García Page, que ha visto en esta nueva cesión otra oportunidad para meterle el dedo en el ojo al líder de su partido.

El sistema de financiación autonómica vigente, caducado desde hace mucho más tiempo que el CGPJ, pero al que el Gobierno no le había prestado mucha atención hasta que ha necesitado los votos de ERC, incluso aunque sea desempolvando la vieja propuesta de "pacto fiscal" que en su día puso sobre la mesa Artur Mas, consiste básicamente en que las comunidades con más recursos financien a las que menos tienen. El sistema es mucho más complejo que todo eso, pero, finalmente, el resultado de lo que aporta cada autonomía menos lo que se recibe, coloca a Madrid como la comunidad más solidaria de todo el Estado, seguida muy de lejos de Cataluña y, en tercer lugar, de Baleares.

El Gobierno no puede ceder todos los impuestos a Cataluña sencillamente porque, si lo hace, el sistema se cae. Habría que replantearlo todo de nuevo y la conclusión sería que las comunidades con menos recursos recibirían menos dinero del que ahora reciben. De ahí el enfado de la mayoría contra esta nueva oferta de Sánchez a Cataluña para engatusar a ERC, cosa que, por cierto, está por ver.

Si el presidente cede todos los impuestos a Cataluña, el sistema de financiación autonómica se cae

Claro que todavía no sabemos en qué consiste esa financiación especial de la que habló Sánchez en su entrevista del domingo en La Vanguardia, especialmente dedicada a hacerle la pelota a ERC. ¿Hasta dónde llegará el presidente con tal de asegurarse el apoyo de los republicanos en el Parlament? ¿Se trata de otra añagaza más o bien de un plan para trasladar a Madrid el peso que se le quite a Cataluña?

El Gobierno y el PSOE han tirado definitivamente la toalla en la tarea de recuperar el liderazgo político en Madrid y Andalucía, comunidad que gobernaron durante casi cuarenta años y que, a este paso, no volverán a recuperar en varios lustros. Porque la autonomía que más dinero recibe con el sistema actual -aunque sea insuficiente- es Andalucía, que sería la más perjudicada si Cataluña logra el desenganche que anhelan tanto ERC como Junts.

Lo de Madrid es punto y aparte. La inquina de Sánchez a Díaz Ayuso le ha nublado la mente al presidente, que se olvida de que en esta comunidad viven más de siete millones de personas y que, además, es la que más aporta al PIB.

Sánchez no sólo ha situado en Madrid la sede social de la "máquina del fango", sino que la ha convertido en un ejemplo de "dumping fiscal", como ayer se encargó de remarcar la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña. A pesar de las bajadas de impuestos, Madrid aporta al conjunto más de 6.000 millones netos al años, tres veces más que Cataluña. Eso es un hecho que no debería pasar por alto el presidente. Hoy por hoy, Madrid es la comunidad más solidaria con las que tienen menos renta.

En el PSOE se solía decir que el PP no puede aspirar a gobernar España con una representación débil en Cataluña y el País Vasco. Puede ser. Pero lo que es un hecho es que el PSOE no podrá superar el 30% de apoyo electoral si sigue manteniendo el raquítico resultado que ahora obtiene en Madrid y en Andalucía. Sánchez necesita a ERC y a Junts porque ha renunciado a tener un partido ganador en toda España.

 Puigdemont, en el Parlamento europeo.

Puigdemont reta al Gobierno: "No hay Ley que prohíba amnistiar el terrorismo"

Distintos expertos de Derecho Penal discrepan sobre si añadir este delito en la ley del perdón podría hacerla caer en Europa, como sostiene el PSOE


Contra todo pronóstico la ley de amnistía no ha sido aprobada esta semana por la falta de votos del partido que, precisamente, la había impulsado. Junts logró el martes que el texto no superara el trámite del pleno en el Congreso de los Diputados y ahora, aunque aún está por decidir si hay que volver a la casilla de salida, lo que está claro es que no pretenden ceder: o la norma contempla el terrorismo o no habrá perdón para el procés.

El escollo no es menor. Supone incluir en el texto delitos graves como lo es el terrorismo o el que se refiere a la alta traición al Estado y sobre ello hay dos corrientes bien distintas. De un lado, está la que sigue el PSOE, que asegura que añadir estos ilícitos supondrá que Europa tire la ley en su conjunto. Del otro lado, está el partido de Carles Puigdemont que perjura que no hay ni jurisprudencia, ni texto europeo que prohíba expresamente amnistiar el terrorismo.

"El único argumento es que Europa lo va a tumbar. ¿Alguien ha dado algún argumento de alguna sentencia, algún artículo, alguna norma? No. Porque no existe", expresa a El Independiente una fuente cercana a Junts.El independentismo apoya su tesis en la falta de precedentes y en que España ha tenido otras amnistías como la de 1977 que condonó todo tipo de delitos (incluida la tortura y el terrorismo, por ejemplo) y que, si bien fue previa a la Constitución, posteriormente el Tribunal Supremo la avaló. Se basa para eso en una sentencia de febrero de 2012 en el marco de un procedimiento en que analizaron la conducta del exjuez Baltasar Garzón sobre la investigación de crímenes franquistas.

"Precisamente, porque la 'Transición' fue una voluntad del pueblo español, articulada en una ley es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento", dijo el alto tribunal. Para las fuentes de ese sector, esta sentencia es clara: "El Supremo dice que la ley está en vigor, que nunca ha sido derogada y que es constitucional, es decir, forma parte del ordenamiento jurídico". Y en esa estrategia construyen que una nueva amnistía con delitos de terrorismo dentro no supondría ningún problema.

Defienden, por ejemplo, que la última gran amnistía a nivel internacional la realizó Filipinas en 2021 con delitos de terrorismo, rebelión y sedición. "¿Cuál fue la consecuencia? Que las personas que fueron amnistiadas fueron retiradas de la lista de EEUU de personas que no podían entrar al país por delitos de terrorismo. Esa fue la consecuencia tan grave de amnistiar", reflejan dichas fuentes.

Junts se ampara en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) no va a poder echar para atrás la ley completa porque España sigue persiguiendo los delitos de terrorismo y la Directiva Europea de 2017 que habla sobre ello no menciona nada de que no se puedan perdonar llegado el caso. Justifican, asimismo, que el riesgo de que en Luxemburgo vean la ley con malos ojos está cubierto porque la medida no permite que se amnistíen los delitos que tengan que ver con la malversación de fondos comunitarios.

Discrepancias entre los expertos

Esta visión no es compartida por los distintos expertos consultados. Partiendo de la premisa de que algunos creen que la amnistía directamente es inconstitucional y no cabe en la Carta Magna, miembros de este grupo explican que introducir o no el terrorismo no cambia el escenario. "Hablar de terrorismo relacionado con las manifestaciones del aeropuerto desde el punto de vista jurídico no se sostiene. Entonces ir modificando al hilo de los autos que dicta el juez Manuel García Castellón es una locura", repone una fuente jurídica que no ha querido ser citada.

"Suponiendo que la amnistía sea constitucional yo entiendo que se puede amnistiar todo delito que la ley quiera meter dentro", refleja, explicando que los remilgos del PSOE tienen más que ver con una cuestión política que jurídica. "Ni siquiera chocaría con las Directivas Europeas porque también hay directivas que prohíben otros delitos que se indultan todos los días", dice.

Pero no todos coinciden. "La Directiva de lucha contra el terrorismo yo creo que complicaría la viabilidad de la amnistía en el TJUE. Si admitiéramos que el que dicta la norma puede admitir excepciones, entonces la tipificación quedaría en nada", defiende el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós. Para él la amnistía es inconstitucional de base, pero "si encima lo que haces es proponer una ley de amnistía que le hace un traje a medida no a todos los potencialemente amnistiables, sino a algunos, entonces lo estás poniendo peor", explica.

"No existe una previsión específica para amnistiar el terrorismo, pero claro todo lo que la UE ha ido sacando en materia de normas de armonización choca con que se amnistíe el terrorismo en general", coincide el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio. En su opinión, es discutible establecer distinciones entre un terrorismo u otro pero lo que tiene claro es que 'Tsunami Democràtic' no lo fue. "El terrorismo siempre implica el uso de violencia contra las personas. No parece muy compatible con la posición de la Unión Europea [que se amnistíen]. Lo que ocurre es que en España en 2019 no hubo terrorismo", esgrime.

En una posición intermedia se ubica Miguel Bustos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de La Rioja. "Si la pregunta es si es menos constitucional amnistiar el terrorismo yo diría que a priori no. La norma podría ser constitucional si vulnera o no la igualdad de los españoles", aclara. El recorrido en el Tribunal Constitucional depende de otras líneas, pero el problema sí lo ve a ojos de los Veintisiete. "La UE tiene unas líneas rojas muy claras y una de ellas es el terrorismo. Aunque la UE no tiene competencia penal directa yo creo que aquí está en quid de la cuestión y esto de los distintos tipos de terrorismo no creo que tenga mucho recorrido si llega allí", sostiene.

Lo cierto es que ninguno de los consultados cita jurisprudencia o normas específicas de la Unión Europea que contengan esta prohibición, si bien lo que está claro es que no hay precedentes de una amnistía de estas características en el marco de la Unión tal y como se conoce ahora. Por eso es difícil acertar en qué lectura exacta hará el TJUE sobre el perdón cuando llegue a su mesa.

Puigdemont no puede ser indultado al estar imputado por terrorismo.

Carles Puigdemont investigado en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic

Carles Puigdemont investigado en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic.

Audiencia Nacional

La imputación de Puigdemont por terrorismo lo convierte en el único separatista al que no podrá indultar Sánchez

La decisión del juez García Castellón de incorporar al expresidente de la Generalitat en la causa que se sigue contra Tsunami Democràtic bloquea los planes con Junts y activa la vía europea

El juez que investiga la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, dictaba este lunes un auto de imputación por un presunto delito de terrorismo para dos de los principales cabecillas políticos del procés: Marta Rovira, segunda de Oriol Junqueras, de Esquerra (ERC) y Carles Puigdemont, líder de Junts. Una decisión que no sólo parece haber complicado las negociaciones de Pedro Sánchez para obtener el 'sí' de los siete diputados de la formación para su investidura sino que, además, abre la vía de la Justicia europea para neutralizar una amnistía de la que el único que no podrá beneficiarse será el propio Puigdemont.
 
De acuerdo con el artículo 83.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), no cabe que España se apoye en su soberanía interna para perdonar un ilícito de esta naturaleza que, por su entidad y características, es un «delito europeo» lo que convierte al líder de Junts en un «justiciable europeo» y al magistrado que lo reclama en «juez europeo», con todo lo que esto conlleva.
 
Así las cosas, cualquier intento del Gobierno de Pedro Sánchez por alterar el «compromiso» adquirido por España en base al TFUE para la «adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo» podría ser cuestionado por el magistrado García Castellón antes de aplicarlo.
 
Es decir, si se aprueba la amnistía y el magistrado entiende que el contenido de la misma es incompatible con el Derecho comunitario consolidado, queda autorizado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –que ya sentenció que Bélgica no podía denegar la entrega de Puigdemont a nuestro país– bloqueando las expectativas de impunidad para Puigdemont en el corto y medio plazo. De ahí las prisas de la Fiscalía por evitarlo, en las últimas semanas.
 
El auto de 34 páginas dictado por García Castellón, al que ha tenido acceso El Debate, y en el que se implica directamente al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña en la causa de Tsunami Democràtic será clave para que la UE se pronuncie sobre la incompatibilidad de una amnistía a Puigdemont con el Derecho de la Unión Europea, cuando contra él hay abierta una causa por delito de terrorismo.
 
«Dada la armonización que en esta materia se ha efectuado de algunos tipos penales relacionados con el terrorismo, se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea», ha advertido el juez instructor de la causa de Tsunami Democràtic en su última resolución.
 
Cabe recordar que la imputación acordada por el magistrado se deriva del informe final de la Jefatura de Inteligencia de la Guardia Civil que apuntaba cómo el líder de Junts habría asistido en Ginebra (Suiza) a alguna reunión preparatoria, de los que serían graves altercados y movilizaciones masivas de la plataforma separatista Tsunami Democràtic contra la sentencia condenatoria del Supremo a los cabecillas del procés.
La consecuencia más grave de aquellos planes, la toma del aeropuerto del Prat, en Barcelona. Una iniciativa que «no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada para protestar contra la sentencia del juicio del procés» y cuyo único objetivo era actuar «como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social a gran escala», a través de convocatorias masivas que «comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España».

La activación de una nueva OEDE

Ante la más que previsible negativa de Puigdemont, fugado en Bruselas desde 2018, a «comparecer de manera voluntaria» en la Audiencia Nacional para prestar declaración ante esta nueva imputación, García Castellón ya ha avanzado que pedirá un suplicatorio ante el Parlamento donde todavía es eurodiputado y ponerlo a disposición judicial.
 
Es decir, García Castellón ha abierto la vía a la emisión de una nueva orden europea de detención y entrega (OEDE) que, a diferencia de lo que sucede en el TS donde Puigdemont está procesado por sendos delitos de desobediencia y malversación, afectará a un delito de terrorismo que España está obligado, sin remedio, a perseguir como miembro de la Unión Europea (UE).

Existe un compromiso de España en la persecución de los delitos de terrorismo. Dada la armonización comunitaria se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea

Así las cosas, si la ley de amnistía llegase a aprobarse, y aunque fuese retroactiva para todas las causas judiciales abiertas contra los beneficiados por la norma, el Derecho comunitario consolidado es clave: tan sólo el juez titular de la causa, incluidas las euroórdenes, es propietario de la misma y ningún cambio legislativo, aunque éste suponga el borrado penal de los delitos, puede interferir, alterar o desactivar sus decisiones.
 
Tanto la imputación por delito de terrorismo, como la activación de una OEDE en la Audiencia Nacional contra Puigdemont complican su inclusión en el texto de la amnistía y, por extensión, su regreso en libertad a España de manera inmediata. Es sólo cuestión de tiempo conocer cómo afecta esto a las negociaciones en marcha entre PSOE y Junts para lograrlo.

 

Irene Montero pone en conocimiento de Yolanda Díaz que sin sus votos, tampoco habría investidura.

 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención en la reunión de alto nivel sobre la Transición de Sistemas de Cuidados hacia Modelos Centrados en las Personas y en la Comunidad

La ministra de Igualdad, Irene Montero

Irene Montero, la línea roja de Podemos para que sus cinco integrantes de Sumar voten 'sí' a Sánchez

Los militantes plantean, además, salirse de la coalición de Yolanda Díaz y pasar al grupo mixto.

No obstante y de hacerse efectiva esta petición, sus cinco diputados podrían tener parte de la llave del Gobierno de Sánchez en caso de que Montero no continuara al frente de Igualdad como es lo previsible según los anuncios que esán saliendo a la luz.

Salirse de Sumar y copiar a ERC

Del mismo modo, los afiliados proponen de forma cuasi unánime salirse de la coalición con Sumar para mantener viva la llama podemita. Plantean, incluso, pasarse al grupo mixto en caso de no poder formar grupo. «Nuestros cinco diputados pueden pasar al grupo mixto y tener voz y voto», plantean. El odio hacia Yolanda Díaz es latente. La tachan de desleal y trepa. «Yolanda Díaz tampoco nos representa, no solo no ha conseguido ampliar los resultados si no que se ha conducido de una manera desleal e interesada, estamos peor que antes», reflexiona una afiliado. «Yolanda Díaz ha demostrado que solo quiere ser ella la protagonista, veta a compañeros y denigra todo lo que la izquierda ha conseguido en estos 4 años», argumenta otro.
 
Los militantes están pidiendo a su partido que se haga respetar, «de la misma manera que lo están haciendo ERC y Junts», quienes «no apoyarán una investidura sin un compromiso real con un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía», explican. Exigen dejar de «tener miedo» y de autoboicotearse como partido, diluyéndose en otros –Sumar–para unir fuerzas contra los partidos de derecha. «El ser responsables a corto plazo para frenar a la derecha, como ha sido Podemos, no puede dinamitar el futuro y el largo plazo del partido, que actualmente podría desaparecer. Hay que mirar a largo plazo y no inmolarnos en Sumar por frenar a la derecha», reivindican.

Pedro Sánchez niega la mayor a los indpendentistas para negociar el referémdum y la anmnistía.

 


Se plantan, vía comunicado, a las exigencias de las dos fuerzas independentistas y piden que no alienten la "ruptura" y la "discordia" que acompañó al 'procés': "Por ese camino, no hay avance posible" | Los socialistas creen que la propuesta conjunta responde a la pugna constante de republicanos y posconvergentes, "aspavientos" que no bloquearían la negociación


MADRID, 28/09/2023.- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez participa en la clausura las Jornadas del Grupo S&D en Madrid este jueves. EFE/PSOE SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) El PSOE dice mantener la calma. Todo sigue igual, defiende. La negociación con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez continúa, y eso es, cree, lo sustancial. Lo demás es pura "palabrería", "gesticulación". Pero nada, al menos todavía, es suficientemente poderoso como para hacer descarrilar los contactos. El acuerdo dista de estar cerrado, pero en la cúpula el optimismo no se ha roto.

Y no se ha roto, no del todo, pese a que este jueves ERC y JxCAT pactaron una propuesta de resolución sobre el derecho de autodeterminación [aquí en PDF], por la que se conjuran para "no dar apoyo a la investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum". También señalan que el mandato del 1-O "podrá ser sustituido por un referéndum acordado con el Estado". Una alianza entre las dos formaciones independentistas a la que, de entrada, PSOE y PSC respondieron pasadas las 20 horas con un comunicado conjunto [aquí en PDF] con el que avisan de que no aceptarán negociar una consulta: "Por ese camino, no hay avance posible".

JxCAT y ERC se comprometen a no investir a Sánchez si no "trabaja para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum"

Como todo en esta fase preliminar, previa al encargo del Rey a Sánchez que supondrá la formalización de las conversaciones, hay que leer entre líneas. Y eso sucede con la nota de los socialistas, ya en sí misma muy relevante por cuanto hasta ahora no habían respondido públicamente a las exigencias de ERC y Junts de las últimas semanas. Ni siquiera de su boca ha salido en declaraciones públicas la palabra amnistía. Primero, PSOE y PSC "reiteran su voluntad de apostar el diálogo como la única forma de garantizar el progreso y la convivencia en Cataluña", la reflexión que ha acompañado la última legislatura y que ahora es capital de cara a procurar la investidura del presidente en funciones.

COMUNICADO CONJUNTO DEL PSC Y DEL PSOE EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN PRESENTADA POR JUNTS Y ERC EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 de septiembre de 2023 El PSOE y el PSC reiteran su voluntad de apostar por el diálogo como la única forma de garantizar el progreso y la convivencia en Cataluña. Un diálogo que ha de servir para superar la división y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España. Por ese camino, no hay avance posible. El camino es el de la convivencia y la cohesión, el entendimiento y el progreso económico y social de Cataluña y del resto de España, siempre dentro de la Constitución. En las últimas elecciones generales, la sociedad catalana en particular, y la española en su conjunto, han apostado de manera amplia por un gobierno progresista que continúe la senda de diálogo, acuerdos y concordia iniciada hace cuatro años, y no por mirar al peor pasado sino por seguir construyendo juntos un futuro mejor