La demanda de Puigdemont a Pablo Llarena es una “artimaña” de Pedro Sánchez para agradar al independentismo catalán.
La demanda de Carles
Puigdemont contra el juez Pablo Llarena ante la justicia belga no es en sentido
estricto una iniciativa judicial, sino una artimaña política que pretende
servirse de los tribunales de ese país para arrojar dudas sobre el carácter
democrático del Estado español e intentar provocar enfrentamiento o
desconfianza entre las fuerzas políticas.
A los efectos de Puigdemont y de sus abogados,
poco importa que al final la justicia belga acepte o no la demanda, o el
sentido de la sentencia que eventualmente pudiera dictar: de lo que se trata es
de mantener bajo sospecha el sistema español durante el mayor tiempo posible y
con la vista puesta en el proceso contra los dirigentes independentistas
procesados. Para lograr este objetivo, no valía recusar al juez Llarena dentro
del proceso de naturaleza penal que se está siguiendo en el seno de la justicia
española, sino que era preferible emprender una aventura judicial de naturaleza
civil ante una jurisdicción extranjera. Eso es exactamente lo que han hecho
Puigdemont y sus abogados, confiando en convertir los pasos a los que está
obligada cualquier justicia ante una demanda civil (como dar traslado
automáticamente de esa reclamación a la persona afectada) en la materia de una
nueva campaña de propaganda contra la democracia española.
De un prófugo de la justicia
como Puigdemont era difícil esperar otro comportamiento; una conducta, por lo
demás, cuya principal gravedad no reside en el desgaste que pueda provocar en
la imagen exterior de las instituciones democráticas españolas, sino en su
frívola disposición a profundizar la división entre catalanes, llevándola hasta
extremos que, de no ser detenida de inmediato, podría acabar en fracturas y
episodios difíciles de restañar.
Lo que, por el contrario,
resulta incomprensible es que las fuerzas políticas españolas, e incluso
algunas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial o la propia
Abogacía del Estado, no hayan advertido desde el primer instante que el
principal problema que plantea la demanda presentada en Bélgica no es de
naturaleza jurídica, sino política. En concreto, la respuesta que urge, y que
es la que se echa en falta, no es la que se refiere a la protección de la
jurisdicción española, que ningún Gobierno dejará de asumir con todas sus
consecuencias y todos los instrumentos legales internos e internacionales, sino
la dirigida a desenmascarar la argucia política de Puigdemont y sus abogados.
El abuso de derecho que están llevando a cabo.
En la república de fantasía
desde la que el expresident se ha declarado en conflicto con la Constitución
del 78, cualquier documento oficial de un tercer Estado, así sea la simple
respuesta a una demanda civil, parece dotar a su estrategia de un componente de
realidad del que carece. Pero lo que no es fantasía fue el intento de
Puigdemont de imponer la independencia de Cataluña a una mayoría de catalanes
que la rechaza. Puede echar cortinas de humo, pero no escapar a la gravísima
responsabilidad por ese atropello.
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Juan Pardo. juanpardo15@gmail.com
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