Los catalanistas están
preparando un golpe de Estado sin violencia. Sin violencia, tal vez por
convencimiento, tal vez porque carece de tanques para sacarlos a la calle. El
presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y sus cómplices son unos
golpistas. Si el Estado español no se pliega a sus exigencias, amenazan con la
celebración sí o sí de un referéndum ilegal y con la proclamación unilateral de
la independencia de Cataluña. Los viejos polvos de las concesiones, del mirar
hacia otro lado, del no hacer nada de los Gobierno españoles, han terminado
provocando el lodazal en el que ahora chapotea Mariano Rajoy.
Cuando se desmanda una
Comunidad Autónoma, la Constitución tiene perfectamente previstas las medidas a
tomar en los artículos 155 y 8. Para aplicar esas medidas es necesario cargarse
de razón y sopesar las consecuencias. El socialista Blair suspendió la
autonomía irlandesa y su decisión resultó altamente beneficiosa. Los servicios
de inteligencia españoles deben estudiar a fondo la acción y las reacciones de
la puesta en marcha del artículo 155 para evitar que las cosas se compliquen
aún más.
Lo que está claro es que las
sentencias judiciales no paralizarán a los golpistas que están gastando
cantidades ingentes de dinero público para conseguir sus propósitos. Aparte de
la cobertura judicial, el Gobierno está obligado a tomar medidas adicionales
para resolver el desafío golpista. Algunos hablan de intensificar la
negociación. En principio, no está de más la fórmula. Pero el golpista
Puigdemont, el golpista Arturo Mas y sus cómplices no aceptan otra negociación
que no sea imponer el golpe de Estado.
Y además ya han anunciado,
entre varias medidas extremas, que silenciarán a los periódicos críticos, sean
impresos, hablados, audiovisuales o digitales. La censura de Prensa es la
primera medida de las dictaduras y los totalitarismos. Y en ese camino avanza
abiertamente una facción de la clase política catalana.
Comentarios
Publicar un comentario