El “Pacto por México”
celebrado por las reformas que aprobó, los cambios que avaló, las
transformaciones que encaminó. El gran triunfo político de la presidencia de
Enrique Peña Nieto que lo consagró en la prensa internacional como un
reformista comprometido, el salvador del país. El gran instrumento legislativo
para remontar la parálisis que había impedido a sus predecesores mover a
México. Pero como argumentan José Merino y José Merino en su magnífico estudio
“Eficacia y democracia: la reconcentración del poder en México”, el Pacto no es
como lo pintan. Tuvo y tiene su lado oscuro. Tuvo y tiene sus características
contraproducentes. Significó priorizar la eficiencia sacrificando parte de la
democracia. Implicó pactar con Satanás.
Cada vez que las élites políticas del país llegan a acuerdos. Con objetivos que tienen poco que ver con los ciudadanos a los cuales representan. Con soluciones mexicanísimas que en este caso entrañaron compartir el poder de otra manera entre élites partidistas, pero no repartirlo de otra manera entre los electores. El Pacto por México generó mayorías legislativas pero no una mayor rendición de cuentas. Operó dentro del sistema polÌtico preexistente, pero no lo modificó para que funcionara mejor en nombre de la población. El Pacto ayudó al Presidente, pero no al Congreso; de hecho los legisladores en los dos años de la LXII Legislatura desaparecieron como actores legislativos. Los diputados no llevaron al recinto legislativo las preocupaciones de sus representados. Se limitaron a discutir y publicar la agenda de Enrique Peña Nieto. Se volvieron sus escribanos. El rendimiento de la LXII Legislatura llevó a 3% de iniciativas de ley publicadas, de las cuales más del 50% provinieron del Poder Ejecutivo. De las 92 iniciativas de ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 50 las presentó el Ejecutivo federal. La agenda se concentró en sus iniciativas, en sus propuestas, en su visión. Y al margen quedaron los representantes electos que deberían haber planteado sus propias iniciativas y peleado por ellas. En lugar de ello simplemente avalaron las del Presidente, y dejaron morir las suyas. Basta con mirar su desempeño. En el segundo año de la Legislatura, del 100% de las iniciativas individuales presentadas por un diputado, no fueron publicadas 99% de las iniciativas del PAN, PVEM, MC, PANAL, PRD… 98% Así quedó anulado el trabajo legislativo de los diputados. Así acabó reconcentrada la agenda en el Ejecutivo. Así presenciamos tras bambalinas –o a base de “bonos”– una negociación que impidió analizar el proceso de construcción de esa agenda y asignar responsabilidades sobre cómo emergió. El Pacto por México deja tras de sí un Poder Legislativo atrofiado que no actúa como debería en la formulación de leyes. Deja como legado un electorado que, como no tiene acceso a mecanismos de rendición de cuentas por parte de la clase política, queda excluido de la discusión pública. Ni siquiera tiene forma de incidir en ella. La “solución” mexicana para “mover” al país sacrificó la representación. Minó el equilibrio de poderes. Afectó y para mal la deliberación y la salud de la democracia.
Y habrá quien diga que el fin justifica los medios. Que para forjar mayorías legislativas había que convertir a los diputados en marionetas.
Cada vez que las élites políticas del país llegan a acuerdos. Con objetivos que tienen poco que ver con los ciudadanos a los cuales representan. Con soluciones mexicanísimas que en este caso entrañaron compartir el poder de otra manera entre élites partidistas, pero no repartirlo de otra manera entre los electores. El Pacto por México generó mayorías legislativas pero no una mayor rendición de cuentas. Operó dentro del sistema polÌtico preexistente, pero no lo modificó para que funcionara mejor en nombre de la población. El Pacto ayudó al Presidente, pero no al Congreso; de hecho los legisladores en los dos años de la LXII Legislatura desaparecieron como actores legislativos. Los diputados no llevaron al recinto legislativo las preocupaciones de sus representados. Se limitaron a discutir y publicar la agenda de Enrique Peña Nieto. Se volvieron sus escribanos. El rendimiento de la LXII Legislatura llevó a 3% de iniciativas de ley publicadas, de las cuales más del 50% provinieron del Poder Ejecutivo. De las 92 iniciativas de ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 50 las presentó el Ejecutivo federal. La agenda se concentró en sus iniciativas, en sus propuestas, en su visión. Y al margen quedaron los representantes electos que deberían haber planteado sus propias iniciativas y peleado por ellas. En lugar de ello simplemente avalaron las del Presidente, y dejaron morir las suyas. Basta con mirar su desempeño. En el segundo año de la Legislatura, del 100% de las iniciativas individuales presentadas por un diputado, no fueron publicadas 99% de las iniciativas del PAN, PVEM, MC, PANAL, PRD… 98% Así quedó anulado el trabajo legislativo de los diputados. Así acabó reconcentrada la agenda en el Ejecutivo. Así presenciamos tras bambalinas –o a base de “bonos”– una negociación que impidió analizar el proceso de construcción de esa agenda y asignar responsabilidades sobre cómo emergió. El Pacto por México deja tras de sí un Poder Legislativo atrofiado que no actúa como debería en la formulación de leyes. Deja como legado un electorado que, como no tiene acceso a mecanismos de rendición de cuentas por parte de la clase política, queda excluido de la discusión pública. Ni siquiera tiene forma de incidir en ella. La “solución” mexicana para “mover” al país sacrificó la representación. Minó el equilibrio de poderes. Afectó y para mal la deliberación y la salud de la democracia.
Y habrá quien diga que el fin justifica los medios. Que para forjar mayorías legislativas había que convertir a los diputados en marionetas.
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