España, primer inversor en América Latina ¿Banqueros y corruptos?

De pronto, España se ha convertido en el segundo país con mayor inversión en América Latina después de Estados Unidos. En temas como construcción, turismo y banca incluso, es el primero. Para algunos consorcios empresariales españoles, el sueño americano ha constituido la puerta de salvación luego de la atonía experimentada por la economía española en los últimos años. Y desde luego, el impacto es recíproco. Para muchos países latinoamericanos el efecto del capital, la tecnología y la logística peninsulares ha sido tan importante como el aporte intelectual y cultural que representó en los años treinta y cuarenta el exilio español.

En cambio, este desembarco español no ha estado exento de roces e incomprensiones. Experiencias como la despiadada industria turística instalada en la Riviera Maya, en México, deja la sensación que las prácticas empresariales evocan a los conquistadores que casi 500 años antes despojaban a los nativos de su propia tierra en nombre del rey y de la Iglesia. Ciertamente los grupos inmobiliarios y turísticos españoles no han sido respetuosos ni siquiera en su propio país, como lo demuestran los desfalcos, la especulación y la destrucción de recursos naturales en Las Canarias y en la Costa del Sol. Pero queda la impresión que incluso aquellos límites que les impone la legislación europea, el gobierno español o las autoridades locales en su país pueden ignorarlo alegremente en las condiciones laxas que consiguen obtener en el nuevo continente. Las historias de corrupción en el caribe mexicano de parte de hoteleros españoles, que son capaces de construir sobre manglares o construir edificios por encima de la norma gracias a las generosas “comisiones” a políticos envilecidos, forma parte ya del anecdotario local.

Durante años la banca española fincada en México operó con márgenes de beneficios escandalosos para criterios europeos, gracias a la flexibilidad de la supervisión bancaria mexicana. Los reportes de las matrices de las instituciones financieras españoles declaraban a sus accionistas año con año que las remesas de utilidades enviadas desde América habían podido compensar las pérdidas en la metrópoli. Las motivaciones de Cristina Kirchner para apropiarse de las acciones de Repsol en Argentina pudieron ser eminentemente políticas, pero las argumentó con el pretexto de la escasa reinversión que el consorcio español efectuaba en su país.

Hace unos días se anunció la renuncia Jesús Ramírez Stabros, un cercano funcionario del presidente Enrique Peña Nieto, quien fungía como director de vinculación en Los Pinos mientras ocupaba un cargo como miembro del consejo de administración de la empresa Iberdrola México, filial del gigante consorcio español especializado en producción y distribución de energía. Días antes el político potosino había solicitado un dictamen jurídico a la propia oficina presidencial para demostrar que la doble tarea no generaba un conflicto de intereses. A la postre debió renunciar a ambas.

Con el anuncio de los enormes proyectos que el Gobierno mexicano se ha propuesto emprender en los próximos años y con la apertura del sector energético, los españoles se convierten por razones culturales e idiomáticos en los aliados empresariales naturales. Los trenes de alta velocidad, la construcción de un ambicioso aeropuerto, ampliaciones de carreteras, desarrollo del Metro capitalino, etcétera, son obras que han atraído la atención de los mayores consorcios ibéricos de la construcción y de la energía. El propio grupo cercano a Peña Nieto no ha ocultado la comodidad que siente al operar con directivos y accionistas españoles a diferencia de la desconfianza natural que inspiran los usos y costumbres de la cultura de negocios anglosajona o de Europa del Norte, ya no digamos la oriental.

Me parece que es una oportunidad para comenzar a hacer las cosas de manera diferente. En los últimos años nos hemos enterado en México de varios casos de corrupción de altos funcionarios del Gobierno gracias a los procesos de auditoría interna de algunas empresas norteamericanas. Es el caso de Banamex, que pertenece a Citigroup, o el de Oceanografía que efectuó pagos aparentemente ilícitos a Pemex para la obtención de contratos y licitaciones amañadas. No sucede lo mismo con las empresas españolas. Nos queda la impresión de que lejos de introducir los códigos éticos o las normas institucionales con los que operan en España, algunas empresas ibéricas trabajan en América Latina con la actitud permisiva de encontrarse en una especie de viejo oeste, de expoliación salvaje. En suma, de aquel que puede hacer en otro lado lo que no le es permitido hacer en casa.

La relación de América Latina y de España es simbiótica por razones culturales e históricas. Más aun, hoy en día se encuentra en marcha un desembarco de capitales latinoamericanos en la propia península ibérica, un fenómeno que seguirá creciendo en los próximos años. Una y otra región constituirán zonas de reserva recíproca para apoyarse en situaciones de crisis y para expandirse en momentos de bonanza. Pero tenemos que comenzar a vernos como socios históricos de largo plazo, y cuidarnos como tales. Hasta la fecha poco o nada ha acontecido.