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Como que son muy numerosas las innovaciones introducidas en la Ley de Contratos del Sector Público (30/2007) , así como
la propia complejidad de alguna de sus instituciones, resulta imprescindible
disponer de una guía que de forma sencilla y ordenada nos permita introducirnos
en el conocimiento de una norma que durante los próximos años va a regir la
actividad contractual no sólo de las Administraciones Públicas españolas sino
de la mayor parte de las entidades pertenecientes al sector público nacional.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007) ha
supuesto en nuestro país un cambio de enorme trascendencia en materia de
contratación pública. Cambio impulsado por la nueva normativa europea en la
materia, fundamentalmente la Directiva 2004/18, de 31 de marzo de 2004, que
persigue el triple objetivo de modernizar, simplificar y dotar de mayor
flexibilidad el marco jurídico de la contratación del sector público
europeo al objeto de que se respeten los principios de libre circulación
de mercancías, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios,
igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad recogidos en
los Tratados.
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No obstante su novedad, la Ley de Contratos del Sector Públicoen apenas tres años de su entrada en vigor ha recibido diversas reformas
parciales que justifican esta nueva edición, entre las que destaca la Ley
34/2010, de 5 de agosto, que introduce, entre otras, importantes modificaciones
en materia de recursos y medidas cautelares y crea unos Tribunales
Administrativos en materia de recursos contractuales. Recientemente la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, también ha innovado esta Ley, especialmente en
materia de modificaciones de los contratos. Por otra parte, la Ley de Contratos
del Sector Público ha sido desarrollada parcialmente por medio del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, en materia de clasificación de las empresas
contratistas, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la
valoración de los criterios de apreciación subjetiva, especialmente cuando deba
hacerse a través del comité de expertos u organismo independiente a que se
refiere el art. 134.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, las mesas de
contratación a constituir en el ámbito de las Administraciones Públicas y las
comunicaciones al Registro Oficial de Contratos.
La Guía de la Ley de Contratos del Sector Público ha sido
elaborada por sus autores (Magistrados, Abogados y Funcionarios) con una
finalidad eminentemente práctica, que permite conocer las novedades más
relevantes de la Ley y los cambios que introduce en el sector de la
contratación pública de una forma asequible y sistemática. Su formato es el de
pregunta-respuesta, aglutinando en 250 cuestiones un estudio completo de
la Ley: la incidencia del Derecho comunitario, la nueva delimitación del
ámbito subjetivo y objetivo; las particularidades de la preparación del
contrato; el recurso administrativo especial; la adjudicación del contrato; las
nuevas figuras contractuales, los requisitos para la modificación de los
contratos, así como un largo etcétera. Su lectura proporcionará un
conocimiento cabal y completo del nuevo régimen jurídico y su
consulta permitirá encontrar respuesta a la mayor parte de los
interrogantes que el profesional del Derecho o de la Administración se planteen
sobre la nueva normativa.
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