Si el Gobierno niega la realidad económica, el pueblo tiene derecho a negarle el oxígeno fuera de la cárcel

El apego popular con que parece ser acogido la protesta o manifestación de un grupo de ciudadanos es cuando menos sospechoso. Es evidente que hay muchas razones para protestar y que muchas o la gran mayoría de protestas son justas. Pero no lo son todas, ni es admisible la forma en que se producen algunas de ellas. A veces, se siente vergüenza ajena por impropia.  Ver como un politicucho de pueblo, no puede salir a tomar un café con la familia es triste, porque siempre hay alguien que le increpa y hasta incluso le escupe el exceso de razones motivadas por su mala gestión. Pero si ellos, no tienen la culpa, la tenemos nosotros que les votamos, ahora lo que hay que hace es dejar de votadles e incluso “”””exigirle”””” el estado de cuentas de su gestión. Fuera de su despacho, su único refugio es el coche oficial y la policía. Es una realidad que no tiene buena pinta. Es la vía democrática, la única que garantiza estos relevos de un modo ordenado, representativo y condicionado. Aun reconociendo que el 100% de nuestros políticos, no tienen derecho ni a oxígeno para respirar.

Por ejemplo, ¿Quién de vosotros sabe el estado de cuentas del Ayuntamiento de vuestro pueblo? ¿Sabía Rajoy el déficit, al menos nominal del Estado cuando era Pte. Zapatero? Seguro que lo sabía, porque las derivaciones o ampliaciones presupuestarias del Gobierno solo se pueden aprobar en el congreso. En cambio, en cualquier pueblo con el cuento de la contabilidad presupuestaria “””INALTERABLE” no lo saben ni ellos. Pero si sabemos que cualquier alteración  del presupuesto aprobado en pleno presupuesto es malversación de caudales público, delito: La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, además de reparar de su propio patrimonio el daño causado.

Justo lo que ha pasado en el Gamonal de Burgos. El dichoso bulevar no estaba aprobado en los presupuestos anteriores y argumentan que “””una empresa privada””” los haría a cambia de capullos en vinagre –aparcamientos y diversas gestiones que, al final, las pagamos nosotros y con demasía. No, precisamente, está  España para bulevares.

En definitiva todo aquel que haya malversado fondos públicos, por Ley, debe estar en la cárcel. Si se actuase de acuerdo a Ley y el poder judicial fuese lo que siempre ha sido ¿Cuántos políticos se atreverían a robar, escamotear o malversar “euros del pueblo?. Seguro que ninguno.