Un joven historiador
catalán, Jaume Vicens Vives, -30-abril-37-.
decidió enviar a Manuel Azaña, un libro que recogía el “modesto fruto de sus
últimos trabajos”. Jaume Vicens escribía,
justo una semana antes de que en Barcelona estallara una guerra civil
catalana dentro de la Guerra Civil española, que con aquel libro solo había
pretendido contribuir desde su “posición de trabajo al esfuerzo colectivo que
hoy realizamos todos los españoles —entre los cuales cabe contar a nosotros,
los catalanes— para asegurarnos un porvenir, rico en promesa de libertad y
cultura”. Y añadía que la obra que tenía el honor de ofrecer al presidente de
la República era “hija directa de su política y de la comprensión que V. E.
tuvo de los problemas catalanes. ¿Quién hubiera podido soñar, antes, en la
publicación de una tesis doctoral, pensada y escrita en catalán, en la
Universidad de Barcelona?”.
Después de que Vicens
enviase la carta a Azaña aún no habían transcurrido tres años de la agria disputa que le enfrentó
a Antoni Rovira i Virgili, cuando este le reprochó desde La Humanitat la falta
de “sensibibilitat catalanesca” que había mostrado en su trabajo sobre “La
política de Ferran II durant la guerra remença”. Vicens le respondió con una
carta abierta publicada en La Veu de Catalunya que si había prescindido “de
l'esperit nacional en analitzar el regnat de Ferran II és perqué a la
documentació de l'època no hi ha res que en revelés un estat de consciència
nacional”. Con ello, establecía Vicens como norma inexcusable del oficio de
historiador no sucumbir a esa falacia retrospectiva que consiste en proyectar
sobre el pasado el espíritu nacional propio del presente si los documentos de
la época no atestiguan de ninguna manera la existencia de tal espíritu.
Que esa posición de
Vicens Vives no fue meramente circunstancial lo prueba bien que, pocos meses
antes de su temprana y muy sentida muerte, escribiera en Serra d’Or que la
“coacción romántica” seguía planeando sobre “les produccions dels nostres més
eminents historiadors, algun dels quals arribá a confondre història romàntica
amb història nacional”. Este es el mismo Vicens que en diciembre de 1956 había
dirigido a la Juventut de Catalunya una llamada a formar la “Aliança pel Redreç
de Catalunya” como piedra singular de la reordenación de Europa y de España; el
mismo que, además de propugnar para España un “Estado federativo gradual”,
aleccionaba a los jóvenes catalanes recordándoles que “el separatisme és una
actitud de ressentiment col.lectiu incompatible amb tota missió universal”.
Sin duda aquel
catalanismo que vinculaba la defensa del hecho diferencial catalán con la
activa participación en las instituciones españolas, comenzó a hacer agua
cuando en los primeros años del siglo XXI sonó la hora de la nacionalización
del pasado por iniciativa de las nuevas clases políticas de las comunidades
autónomas que, apoyándose en científicos sociales —historiadores, sociólogos,
politólogos—, llegaron a la conclusión de que el consenso constituyente de 1978
había periclitado. No atreviéndose con la Constitución, en la que radicaba el
fundamento de su poder, procedieron a reformarla por la puerta de atrás,
asegurando que se limitaban a revisar los estatutos de autonomía cuando, en
realidad, se afanaron en la elaboración de estatutos de nueva planta, basados
en la generalizada afirmación de unas realidades nacionales que remontaban al
origen de los tiempos.
Si el historiador
inventa, en lugar de narrar lo que descubre tras investigar, traiciona su
oficio. Pero para legitimar
esta operación no encontraron mejor recurso que nacionalizar cada cual el
pasado de su propio territorio, en unos preámbulos construidos según el género
de “érase una vez”. Científicos sociales, más o menos marxistas en sus años
jóvenes, todos muy viajados y muy cosmopolitas, se convirtieron en fervientes
nacionalistas, dispuestos a aportar su grano de arena a esos cuentos de hadas,
sonrojantes para cualquier historiador, que son los preámbulos de los estatutos
de autonomía de 2006/2007. De las nacionalidades y regiones de la Constitución
se pasó a realidades nacionales de los estatutos, con la vista puesta en una
próxima conversión de todas ellas en naciones.
Ya solo era cuestión de
tiempo y oportunidad que las realidades nacionales se declararan naciones
políticas en plenitud de soberanía exclusiva. Y no menos de esperar era que,
como ya había ocurrido en 1931 y otra vez en 1978, los catalanes se condujeran
como primogénitos: por su rica tradición de catalanismo político, por la
constante acción nacionalizadora impulsada desde la Generalitat a partir de las
elecciones de 1980, por la abundancia de asociaciones y plataformas creadas al
servicio de la misma causa, y en fin, aunque no en último lugar, por la
disponibilidad de un puñado de historiadores, que rápidamente se mostraron muy
deferentes con el poder y muy solícitos a la hora de convertir una historia
compleja en la más simple de todas las historias jamás contadas, la de España
contra Cataluña española.
