La amnistía que condujo a la Guerra Civil
Se ha incidido poco en la importancia y consecuencias que tuvieron las tres amnistías concedidas en los años treinta.
La Restauración (1874-1931) y la Segunda República (1931-1936) fueron
regímenes donde abundaron las amnistías y los indultos, para
conspiradores, terroristas, delincuentes políticos y delincuentes
sociales, a pesar de los daños y el dolor que hubieran causado.
Por ejemplo, en 1911 una horda movida por la CNT tomó el pueblo
valenciano de Cullera y linchó al juez de Sueca y a dos funcionarios de
su juzgado que trataron de sofocar el motín. Los criminales fueron
detenidos y condenados por la jurisdicción militar, pero una campaña de
las izquierdas dentro y fuera de España llevó al Gobierno liberal de
José Canalejas a indultarles, con la excepción del cabecilla, que había
matado al juez a hachazos. A éste lo indultó personalmente el rey
Alfonso XIII. Y a las viudas y huérfanos, una plaquita y para casa.
Por eso, se hablaba de la “peste de los indultos”.
Porque dejaba impunes las muertes de ciudadanos o de humildes
funcionarios y, a la vez, animaba a los delincuentes a repetir sus
actos, sobre todo cuando las acciones políticas pasaron, de ser
cuartelazos y manifiestos, a atentados, descarrilamientos de trenes y
bombas contra procesiones.
Una de las escasísimas lecciones de nuestra historia contemporánea
que incorporó la Constitución de 1978 fue la prohibición de las
amnistías y los indultos generales, quizás porque ya no eran necesarias
merced a la invención del Tribunal Constitucional, cuyos miembros son
nombrados todos por instancias políticas. Fuera por el disimulo o fuera
por el escarmiento, los constituyentes dejaron claro su repudio a unas instituciones jurídicas que convertían a los políticos y los terroristas en grupos privilegiados por encima del Código Penal, se burlaban de los tribunales de verdad y desmoralizaban a la sociedad.
Ahora que el principal partido de España, el PSOE, está dispuesto a
conceder una ley de amnistía a los sediciosos catalanistas a cambio de
recibir sus votos en el Congreso para hacer presidente a su secretario
general, conviene recordar las consecuencias que tuvieron otras
amnistías en el siglo XX. La más destacada de aquellas fue la de no
disuadir a los beneficiarios de no volver a cometer los actos que el
régimen les había perdonado hasta el extremo de borrarlos.
EL GOBIERNO PERDONA A QUIENES ATACAN AL PUEBLO
El PSOE y la UGT convocaron en agosto de 1917 una huelga
revolucionaria que pretendía derrocar la Monarquía parlamentaria y
contaba con el respaldo de varios partidos políticos, en concreto de los
republicanos y los catalanistas ‘moderados’ de Francesc Cambó,
más la CNT anarquista. En la huelga murieron más de 70 personas. Los
miembros del comité de huelga, los socialistas Julián Besteiro, Daniel
Anguiano, Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero, fueron condenados a
cadena perpetua.
El PSOE, dirigido por Pablo Iglesias, se sentía tan orgulloso de lo
hecho que incluyó a los condenados en las listas para las elecciones de
febrero de 1918 y salieron elegidos diputados. Las Cortes aprobaron en
mayo una amnistía que les permitió sentarse en sus escaños.
Para los implicados en esa acción violenta contra un régimen
democrático, todo fueron beneficios. El socialista Largo Caballero fue
nombrado por real orden de 1924 miembro del Consejo de Estado; el
republicano Alejandro Lerroux alcanzó la presidencia del Gobierno en
1933; y el catalanista Cambó obtuvo un puesto en el consejo de ministros
en marzo de 1918.
TRES AMNISTÍAS EN CINCO AÑOS
Uno de los primeros actos del Gobierno Provisional de la Segunda República, en abril de 1931, consistió en promulgar un decreto
que concedía una amnistía a los condenados o procesados por “delitos
políticos, sociales y de imprenta”, ya que se les atribuía como causa un
“elemento de elevada idealidad”. Entre los liberados, aparte de miles
de ladrones, estafadores, violadores y homicidas, estuvieron los dos
terroristas anarquistas que habían asesinado en 1921 al conservador
Eduardo Dato, presidente del Gobierno.
Las Cortes de mayoría derechista aprobaron la Ley de 24 de abril de 1934
que amnistiaba a los implicados en el pronunciamiento del general
Sanjurjo, en agosto de 1932, a los funcionarios que había excluido el
decreto del Gobierno Provisional y a sindicalistas implicados en huelgas
y paros laborales. Durante los debates, algunos diputados de las
derechas recordaron la amnistía de 1918 concedida a los huelguistas de
1917.
Así, pudo regresar a España José Calvo Sotelo, al que se le había
condenado a doce años de cárcel por haber aceptado el nombramiento de
ministro en el Gobierno del general Primo de Rivera. Sanjurjo salió de
la cárcel, pero no pudo reincorporarse el Ejército, por lo que se
estableció en Portugal y allí se dedicó a conspirar. Si esto último lo
habían hecho Niceto Alcalá-Zamora, Indalecio Prieto, Alejandro Lerroux y
Miguel Maura, ¿por qué no podía hacerlo él?
La represión de la revolución de octubre de 1934 llenó las cárceles de implicados, ya que el PSOE, la UGT y ERC
(todas ellas organizaciones existentes hoy) habían planeado el golpe de
Estado como una guerra civil, para la que habían elaborado hasta listas
negras de personas a las que detener y asesinar. Fue el caso del
diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui, tiroteado en la casa
del pueblo de Mondragón.
La de 1934 se trató de la sublevación marxista mejor preparada en
Europa desde el golpe de estado bolchevique de 1917, pero que no tuvo un
castigo ni cercano al de la Comuna de París de 1871 ni el levantamiento
espartaquista (comunista) alemán de 1919.
La coalición del Frente Popular, formada por republicanos burgueses y
los partidos de izquierdas marxistas (PSOE, PCE, POUM y el Partido
Sindicalista) planteó como primer punto de su programa una nueva
amnistía, la tercera en menos de cinco años de régimen republicano.
“Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos
coaligados se comprometen: 1) A conceder por ley una amplia amnistía de
los delitos político-sociales cometidos posteriormente a noviembre de
1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los
Tribunales.”
La misma noche del 16 de febrero las izquierdas comenzaron los
disturbios y las algaradas. Su prensa y sus dirigentes se atribuyeron la
victoria mientras el recuento no había terminado. La violencia fue de
tal intensidad que el 19 de febrero el centrista (republicano y masón)
Manuel Portela Valladares, al que Alcalá Zamora había nombrado
presidente sin ser siquiera diputado, se negó a decretar el estado de
guerra para tratar de detener los disturbios y dimitió. Muchos de los
gobernadores civiles nombrados por él, huyeron. En algunas ciudades, la
chusma socialista (totalmente organizada) forzó la apertura de las
cárceles.
SUBVERSIÓN MEDIANTE DECRETOS
El intrigante Alcalá Zamora, que había disuelto las Cortes para no
tener que nombrar a José María Gil Robles presidente del Gobierno, tuvo
que llamar, de manera ilegal, a Manuel Azaña. Éste formó un Gobierno con
ministros burgueses y chantajeó a las derechas para que en la
Diputación Permanente aprobasen una rápida amnistía a fin de calmar a
las masas. Un ejemplo claro del juego del policía bueno y el policía
malo.
Se convocó a toda prisa una sesión especial de la Diputación
Permanente mediante telegrama para el 21 de febrero y por unanimidad de
los diputados presentes aprobaron, también de manera ilegal, la amnistía
general para todos los acusados o encarcelados por “delitos políticos y
sociales” desde las elecciones de noviembre de 1933, incluidos los
acusados de asesinatos políticos. Se liberaron unos 15.000 presos, muchos de ellos pistoleros encallecidos.
A continuación, el Gobierno disolvió la mitad de los municipios
españoles y nombró comisiones gestoras. Los republicanos burgueses de
izquierdas pasaron a desempeñar los gobiernos civiles, mientras que los
socialistas y los comunistas se hicieron con los ayuntamientos.
La violencia no se detuvo, porque ese era el plan del Frente Popular. Así lo describió Alcalá Zamora en sus memorias:
“La prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la
amnistía no la concibe como tregua y sí como una fase más de la guerra
civil. A la hora misma en que obtiene la impunidad para los suyos, y
procurara extenderla a los crímenes comunes con el pretexto de ser
conexos, pretende que se castigue severamente a Gil-Robles y a Salazar
Alonso.”
Además, sigue contando Alcalá Zamora, el Frente Popular procedió a la depuración de policías y otros funcionarios.
En la revolución de octubre desencadenada por las izquierdas,
murieron, según la Dirección General de Seguridad, 1.335 personas y
fueron heridas 2.951. Las investigaciones posteriores han elevado un
poco esos números. La amnistía dejó impunes esos delitos.
Y el Frente Popular añadió la humillación a las víctimas, pues un
decreto del 28 de febrero ordenó la reincorporación a sus puestos de
todos los obreros despedidos por su implicación en la huelga revolucionaria
o su dedicación a la subversión, así como el abono de una
indemnización. En consecuencia, las empresas donde los pistoleros
afiliados a la UGT habían matado a propietarios o a directivos tuvieron
que convivir con esos asesinos engreídos. Azaña, escribió Alcalá Zamora,
sabía que semejante decreto era ilegal, pero se justificó ante él con
que era imprescindible para mantener el orden público.
El 1 de marzo, un nuevo decreto del Gobierno de Azaña canceló las
consecuencias del golpe sedicioso de la Esquerra en Cataluña: repuso en
sus funciones al Parlamento regional suspendido y a Lluís Companys,
condenado por el Tribunal Supremo a treinta años de cárcel, en su puesto
de presidente de la Generalidad.
LOS ASESINOS DE CALVO SOTELO
La amnistía del Frente Popular también benefició a los militares que
se habían unido al golpe de estado de las izquierdas. Uno de ellos fue
el oficial de la Guardia Civil Fernando Condés Romero. En octubre de
1934, él y otros compañeros y militares intentaron apoderarse del Parque
de Automóviles de la Guardia Civil, en Madrid, pero fueron rechazados.
Se le juzgó y se le expulsó de la Guardia Civil. La amnistía le devolvió
el uniforme y el servicio.
La noche del 12 al 13 de julio de 1936, Condés encabezó el comando
terrorista formado por pistoleros y guardias de Asalto que detuvieron al
diputado José Calvo Sotelo en su domicilio. Condés, tirando de grado y
de placa, se impuso a la escolta oficial de Calvo Sotelo y convenció a
éste con su “palabra de Guardia Civil” de que le iban a llevar a la
Dirección General de Seguridad.
Una vez acomodados en la camioneta, se sentó detrás del diputado el
socialista Luis Cuenca Estevas. Éste era un militante socialista de
gatillo fácil al que su partido había desplazado a la provincia de
Cuenca como ‘delegado’ del Ministerio de Gobernación para
romper las urnas en las elecciones del 3 de mayo en la provincia de
Cuenca. Sacó su pistola y le disparó por la espalda a Calvo Sotelo en la
nuca. Cuatro días más tarde, comenzó la guerra civil.
De esta manera, encontramos a amnistiados por el Frente Popular y, antes, por la Monarquía parlamentaria en el origen de la guerra civil. Esa amnistía, en el reino de la ‘memoria histórica’, poco se ha recordado.
Y un punto en común entre los amnistiados de entonces y los que se
preparan para recibirla es la falta de arrepentimiento de los
delincuentes. Los separatistas que pretendieron destruir la Nación y la
Constitución en 2017 han convertido en lema su grito de satisfacción “ho tornarem a fer”. De nosotros depende que la historia no se repita.
