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| Posiblemente la ministra con más caradura de la democracia |
Lo que hay ahora mismo ante el comienzo inminente del curso escolar es caos y más que caos. Las comunidades autónomas en su inmensa mayoría y la comunidad educativa en general contemplan con pavor como se acerca el mes de septiembre sin que el ministerio de Educación haya dado todavía las instrucciones generales para que todos los alumnos de España accedan a sus respectivas escuelas y a la enseñanza educativa en condiciones iguales o más o menos homogéneas.
Estamos ante un problema de
la máxima complejidad que habría requerido múltiples reuniones a distancia
durante todo el mes de agosto para evaluar todos los innumerables riesgos,
dificultades o efectos adversos de todas y cada una de las medidas que deberían
haber sido ya sometidas a un estudio exhaustivo. Pero nada de eso se ha hecho.
No sería de extrañar que la
señora Celáa intentara justificar tanta inhibición para afrontar de cara este
descomunal peligro bajo la excusa de que la educación está transferida a las
autonomías. Pero en ese caso habría que preguntarse para qué existe la cartera
de Educación y para qué pagamos los españoles con nuestros impuestos los sueldos
de la ministra y del resto de los funcionarios de ese ministerio.
Estábamos a 19 de agosto, es
decir, ayer, y la única información de una cita con los responsables de
Educación o con los presidentes de las comunidades autónomas para encauzar el
peliagudo problema de la vuelta a clase de millones de escolares era que esa
reunión se iba a convocar a finales de agosto o «a principios de septiembre».
Finalmente al término de la
tarde de ayer mismo supimos que se había hecho la convocatoria de última hora
para el día 27 de una conferencia sectorial con las comunidades para fijar las
directrices aplicables a nivel nacional. Eso resulta una auténtica tomadura de
pelo.
Si la gestión sanitaria del
coronavirus ha resultado ser desastrosa en nuestro país, dentro de dos semanas
asistiremos a la confirmación de que el caos también se ha adueñado de la
enseñanza
A una semana justa del
regreso a las aulas es evidente que ni hay tiempo para poner a punto la enorme
cantidad de medidas imprescindibles para garantizar una mínima seguridad tanto
a los alumnos como a los profesores ni tampoco puede que haya dinero para
ponerlas a punto. Esto no es tan sencillo como el decidir todos juntos que se prohíbe
fumar en la calle a menos de dos metros de distancia de otra persona. Esto es
infinitamente más complicado y más dudoso en sus resultados.
Y lo digo porque el ministro
de Sanidad, Salvador Illa, ha puesto como ejemplo a imitar la facilidad con la
que los responsables de la sanidad de las comunidades se habían puesto de
acuerdo en implantar esa medida y otra de mucho mayor alcance y muchísimo
peores consecuencias económicas como es el cierre de los locales de ocio
nocturno. Pero el ejemplo es de una insensatez inadmisible. Son dimensiones
incomparables.
Solo unas cuantas preguntas
a voleo y para empezar :
¿Cuántos niños podrán
asistir a clase cada día en cada colegio?
¿Qué pasará con los que no
quepan en el aula?
¿Se quedarán en sus casas?
¿Al cuidado de quién si sus
padres trabajan y no tienen edad para estar solos?
¿Habrá bastantes profesores
cuando comience el curso en septiembre para atender al mismo tiempo a los
alumnos físicamente presentes y a los que se tengan que quedar en sus casas
para recibir sus clases por ordenador?
¿Se ha contratado el
suficiente número de docentes para reforzar esa necesidad? ¿Cuantos y en qué
comunidades?
¿Se ha suministrado un
número de ordenadores bastante a aquellos alumnos que quizá vayan a recibir sus
clases desde su casa y no disponen de los elementos tecnológicos para ello?
¿Qué deberán hacer los
colegios que no dispongan de espacios suficientes para repartir las mesas del
alumnado? Porque son cientos, a veces miles, los escolares que acuden a
determinados colegios y no hay gimnasio ni comedor con capacidad para absorber
a tanto alumno y garantizar al mismo tiempo la distancia necesaria entre ese
número de estudiantes.
Y una muy importante: ¿Dónde
ha estado la ministra de Educación, Isabel Celáa, durante estos meses de julio
y agosto? ¿Por qué no se han tratado estas y muchísimas otras cuestiones sin
resolver cuando había tiempo para abordar todas las alternativas razonables y
estudiar sus posibles efectos?
Porque en el mes de abril
estaban cerradas las aulas de toda España. Cierto que se estaban dando las
clases por internet. Pero tan cierto como eso es que a finales de junio el
curso había terminado. Casi tres meses por lo tanto perdidos en la nada y una
comunidad educativa rodeada ahora mismo de incógnitas y sumida, o más bien
aplastada bajo la incertidumbre, las dudas, el desconcierto y la indignación.
Si la gestión sanitaria del
coronavirus ha resultado ser desastrosa en nuestro país, dentro de dos semanas
asistiremos a la confirmación de que el caos también se ha adueñado de la
enseñanza. Lo que es muy evidente es que la convocatoria del próximo día 27 no
tiene más objeto que el de cubrir el expediente ante la opinión pública porque
a ocho días de empezar las clases no es posible abordar y dar solución a todos
los problemas, a todas las propuestas y acordar además la implantación en toda
España de las medidas suficientes para evitar que el comienzo del curso escolar
acabe en un completo desorden.
Todos saben que ya es
demasiado tarde para abordar con una mínima dosis de eficacia el descomunal
problema que se nos viene encima dentro de 15 días.
También en lo relativo a la
gestión de la enseñanza en tiempos de coronavirus el Gobierno habrá fracasado.
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