Hoy, el único aliado de Pedro Sánchez es el COVID-19; mañana, el remordimiento de conciencia le contagiará con resultado FATAL.
Pedro Sánchez y parte del
Gobierno de España están viendo que el coronavirus se va y ellos se quedan para
enfrentarse al peor examen jurídico por negligencia asumida de la historia de España. Los crímenes de
lesa humanidad suponen un ataque grave a los derechos humanos personalísimos
fundamentales que, por su crueldad, suponen un agravio no sólo a las víctimas
concretas sino a la Humanidad en su conjunto. Integran este delito un abanico
de conductas inhumanas cuando son cometidas como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra población civil o de no combatientes, con
independencia de que sean o no de la misma nacionalidad que el agresor. Aunque
España anda sumida en guerra dialéctica entre comunidades, no es necesario que
para aplicar el leso agraviado u ofendido se encuentre en situación de guerra
bélica.
Cualquier tribunal de
justicia internacional dará como hecho probado que, Pedro Sánchez, actuó a
sabiendas de que el riesgo en que puso a
la ciudadanía dando el pistoletazo de salida a la manifestación del 8M
sería y así fue mortal de necesidad.
Moncloa no acepta las preguntas de periodistas
relativas a la polémica por las palabras del jefe de la Guardia Civil, José
Manuel Santiago, que este domingo aseguró en rueda de prensa que una de las
líneas de actuación de este cuerpo es "minimizar ese clima contrario a la
gestión de la crisis por parte del Gobierno". Unas palabras que han
desatado una tormenta política, que el ministro del Interior achacó a un
"lapsus" y que han llevado al PP a pedir explicaciones, al considerar
que no fue un error porque esta afirmación estaba "escrita".
La rueda de prensa del
equipo técnico se ha desarrollado este lunes por los cauces habituales:
mediante videoconferencia y con las preguntas de los periodistas emitidas en un
chat de dos centenares de personas. La Secretaría de Estado de Comunicación, dirigida
por Miguel Ángel Oliver, es la que debe elegir las preguntas que se realizan, y
ha decidido obviar todas las cuestiones relativas a este asunto, por el que al
menos seis periodistas pidieron explicaciones sobre esta polémica.
Con las preguntas vetadas,
ha sido el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del
Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, quien ha lanzado voluntariamente una
"reflexión" con duros reproches a los partidos de la oposición. Así,
ha señalado que "sabemos que estamos muy expuestos a cualquier tipo de
crítica", y ha destacado la "honestidad" del equipo técnico.
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