Cada día hay más indecencia
a la Constitución. El 41 aniversario de la Constitución será recordado como el más amargo de la democracia. Este aniversario
es constitucionalmente, anticonstitucional por su insinuación a terroristas,
sectarios y bandidos comunitarios. Nunca como hasta ahora había sido tan
cuestionada la vigencia del ordenamiento legal que desde el 6 de diciembre de
1978 sanciona la libertad y la igualdad de todos los españoles. Más allá del
debate sobre la necesidad de su reforma -que no puede plantearse sin aclarar
previamente en qué extremos, para qué fines y con qué mayoría-, hoy lo urgente
no es incurrir en el marco mental del separatismo señalando deficiencias
susceptibles de enmienda, sino reivindicar el orden democrático que nos ha
permitido disfrutar del periodo más largamente próspero y pacífico de nuestra
historia.
Bajo ningún concepto deberíamos
resignarnos a la total degradación de la cultura de la Transición, por más que
las señales de agotamiento del sistema a nadie se le ocultan. El auge del
populismo y el desafío en vigor del secesionismo han desatado una crisis de
Estado que conviene reconocer para mejor afrontarla. Esa crisis tiene muchos
padres, pero ya deberíamos ser capaces de identificar una causa principal: la
contumacia en la deslealtad del nacionalismo y la necesidad que ha tenido de
sus votos el bipartidismo para completar mayorías de gobierno, aumentando sus
cesiones hasta vaciar de presencia del Estado las zonas controladas por
nacionalistas.
Esta deriva ha alcanzado el
grado de exaltación bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Ningún otro gobernante
se había atrevido a tensionar tanto las costuras de la democracia del 78,
tratando de normalizar por la vía de los hechos consumados alianzas e hipotecas
que hasta su llegada se habían considerado infames. Vivimos un momento político
en que el presidente en funciones del Gobierno de España provoca un titular
cuando afirma que su negociación con ERC para granjearse el respaldo a su
investidura se desarrollará dentro de la ley y será pública. Que se sienta obligado a advertirlo resulta revelador de su fama
pero no supone siquiera garantía de nada, habida cuenta del deleznable valor de
la palabra de Sánchez. Un político que hizo campaña contra el separatismo y que
tras abrir las urnas fue a depositar la llave del gobierno en la cárcel de
Lledoners, donde cumplen pena los condenados por sedición. Por debajo de los
fastos constitucionales de hoy, proseguirá la humillante subasta al precio
indigno de no recurrir las resoluciones desafiantes del Parlament o de pactar
una institucionalidad paralela como la mesa de partidos que exigen ERC y Junts
per Catalunya, partidos responsables de la mayor agresión al orden
constitucional desde el 23-F.
El protocolo que conmemora
la Constitución resulta hueco si no compromete a sus protagonistas. Hoy es un
día para rechazar tanto la beligerancia de los antisistema como la hipocresía
de los oportunistas, y para renovar la lealtad a los valores sobre los que se
erige nuestra convivencia.
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