Poner a la Policía Nacional
a inspeccionar las alcantarillas de las inmediaciones del Parlament o los
maleteros de los coches que cruzan la frontera por el Pertús, a fin de que
Carles Puigdemont no entre en España, es más una secuencia de una película de
Berlanga que una estrategia de Gobierno. La foto distribuida hace unos días por
la Agència Catalana de Notícies de un agente apartando un balón por si se
escondía el expresident de la Generalitat en el maletero no puede ser más
desconcertante. Es casi tan inexplicable como que el formidable plan desplegado
por el Ministerio de Interior para encontrar las 6.000 urnas del 1-O resultara
un fiasco. Todo este despropósito recuerda aquel aforismo de Kafka que dice:
“Hubo una jaula que salió en busca de un pájaro”.
Mientras la policía busca y
rebusca para que Puigdemont no aparezca como un Houdini redivivo en el Parlament,
el Tribunal Constitucional ha redactado una resolución salomónica al recurso
del Gobierno para evitar preventivamente su investidura. Tanto el Ejecutivo
español como la cúpula de Bruselas encuentran su parte de razón en el
redactado: no puede prohibirse preventivamente la investidura, si bien sólo
puede hacerse con Puigdemont presente en la Cámara y con permiso del juez Pablo
Llarena. Dicho de otro modo, la impugnación presentada por el Gobierno central
no fue validada, perola fórmula del Constitucional tiene efectos parecidos.
Habrá que ver qué conejo
saca de la chistera el candidato independentista, cuyas astucias ponen de los
nervios a Rajoy y a su equipo, pero también qué decide Roger Torrent, el
flamante presidente del Parlament, señalado con el resto de la Mesa por el Alto
Tribunal para hacer cumplir estrictamente sus disposiciones. Como escribe uno
de los prologuista de El proceso (no el catalán, sino el de Kafka),
“despertarse cada mañana conlleva un alto riesgo de incertidumbre”. En la
política catalana, incluso más.
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