Gobierno y Fiscalía se han puesto en marcha. Lo han hecho este viernes, horas después de que el Tarraco Arena de Tarragona pidiera a gritos el 'sí' a la independencia de Cataluña en un acto que daba el pistoletazo de salida a la campaña electoral por el 1-O. Este viernes, después de que Puigdemont hiciera un llamamiento a las urnas la noche del jueves, el Ejecutivo ha acordado asumir todos los pagos de los servicios esenciales y de las nóminas de la Generalitat. Cristóbal Montoro, titular de la cartera de Hacienda, lo ha anunciado al término del Consejo de Ministros, donde se han debatido diferentes medidas para garantizar que "ni un solo euro se destina a financiar un referéndum ilegal". Así, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un ultimátum que pretende ser definitivo: que el presidente de la Generalitat apruebe un acuerdo de no disponibilidad en el plazo de 48 horas para que el dinero de las arcas públicas no vaya a financiar ninguna actividad ilegal. Este sábado, el BOE ha materializado dicho ultimátum a través de una orden por la cual el Estado sustituye a la Generalitat en los pagos de servicios públicos con el objetivo de que no se destine ninguna partida a financiar el referéndum secesionista del 1 de octubre.
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