Que los registros policiales
con detenciones en la Comunidad de Madrid (Indra, OHL, Ignacio González….) producto
de la excéntrica, Cristina Cifuentes y los sanchistas, orquestados por los
podemitas. Se tendrían que haber evitado. Primero porque esta historia ya se
sabía desde hace más de tres años y segundo porque están “robando” el crédito
ganado por Rajoy y su equipo de sensatos.
Ni CCifuentas será nunca
nada en política, menos con el PP (Proabortista, republicana, sexo libre,
agnóstica…. Posiblemente en Podemos podría reemplazar a Carolina Bescansa que
anticipo su retirada pronta o casi inmediata. Indra ni está ni se le espera, o
sea, nada. OHL, no tengo claro si sobrevivirán a la enésima “suspensión de
pagos –ahora Ley Concursal- e Ignacio González estaba pendiente de multitud de
juicios e ingreso en prisión como medida cautelar, tampoco es cierto y verdad
ni la décima parte de lo que se le acusa. OPERACIÓN DERRIBO.
Lo que si han generado en la
sociedad española un comprensible estado de sentimiento, de tristeza, de
angustia e inquietud innecesario y del que va a ser difícil recuperarse social y económicamente. Es
natural que la ciudadanía se inquiete ante presuntos hechos de extrema gravedad
como los que ha destapado la Operación Lezo en Madrid. Y es seguro que el
populismo aprovechará ese desánimo para alimentar su discurso y tratar de
desacreditar el sistema democrático que ha permitido a España disfrutar de una
prosperidad desconocida en las últimas tres décadas.
Sin embargo, no debemos
caer en el derrotismo ante lo sucedido. El hecho de que estos titulares estén
copando las portadas de la prensa esta semana es la mejor prueba de que la
Policía y la Justicia actúan en España. Es la demostración de que si bien una
parte del sistema está contaminada, todavía quedan resortes para limpiarlo. Estamos
asistiendo a un espectáculo bochornoso que vuelve a golpear la credibilidad del
PP, que no puede zafarse del lastre de la corrupción.
El partido en el Gobierno
sigue sin hacer el ejercicio de autocrítica necesario para iniciar una catarsis
seria que permita a los españoles volver a confiar en sus siglas. La corrupción
no es cosa de unas cuantas manzanas podridas en el PP como se sigue intentando
argumentar desde el partido. Ni tampoco es sólo cuestión de esta formación
política como intentan hacer ver algunos. La financiación ilegal de la antigua
CiU, los probados amaños de Unió Mallorquina o el caso de los ERE de la Junta
de Andalucía son sólo algunos de los escándalos que se unen a los provocados
por las tramas corruptas que operaban en el PP en la Comunidad Valenciana,
Baleares Murcia o Madrid.
La política española tiene que someterse a un proceso
de regeneración profundo y sincero. La retórica no es suficiente para renovar
el sistema y blindarlo ante futuros abusos. La clase política debe demostrar a
la ciudadanía que está decidida a combatir la corrupción desde dentro con la
adopción de nuevas normas de fiscalización externas e internas que impidan que
casos como Gürtel, Pretoria, Púnica o Lezo vuelvan a repetirse en España. Sólo
así nuestra democracia parlamentaria recuperará la autoridad moral que nunca
debió perder.
No obstante, esa catarsis debe hacerse sin deslegitimar nuestro
modelo institucional. Pese a la conmoción que provoca comprobar hasta dónde
llegaba la perversión en redes como la tejida por González en torno al Canal de
Isabel II para el cobro de comisiones, el hecho de que ex presidente madrileño
esté detenido o de que líderes políticos muy relevantes estén siendo llamados a
declarar como testigos nos permite constatar que el Estado español funciona. Es
cierto que sería deseable acortar los plazos de las investigaciones para
agilizar tanto la condena de los delincuentes como la presión mediática sobre
los imputados. Pero, los jueces españoles y las fuerzas policiales están
demostrando que quien la hace, la paga.
En este punto, se hace necesario
puntualizar que hay algunos elementos inquietantes alrededor de la Operación
Lezo que deben ser aclarados. El más preocupante es que el fiscal jefe
Anticorrupción, Manuel Moix, intentó limitar el alcance de la investigación en
torno a González. Las sospechas sobre la actuación del nuevo fiscal demuestran
que hacer efectiva la separación de poderes es otra de las tareas inaplazables
de la democracia española. Tampoco contribuyen al sosiego las dudas por la
actuación de algún medio de comunicación para tratar de frenar la colaboración
con la Justicia de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en este
escabroso caso. Ni tampoco el papel protagonista de grandes empresas españolas
-con fines poco lícitos, como está quedando demostrado- en las esferas del
poder político.
En el contexto europeo en el que vivimos, la regeneración de la
vida pública es, sin duda, el mayor reto al que se enfrenta la clase política
en esta legislatura. No sólo porque es imprescindible para devolver la autoestima
a la sociedad española, también porque es necesaria para frenar el populismo
que quiere deslegitimar el sistema para hacerse con el poder aprovechando ese
descrédito, difícil de revalorizar.
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