En la primavera de 2010, Standard & Poor's decidió castigar a Cataluña por su descontrol del déficit y degradó su nota desde el notable alto (AA-) al notable bajo (A+). Meses después, Artur Mas era elegido president y aterrizaba en la Generalitat con una vocación de tijeretazo ejemplar en la Europa de Merkel.
El austero Mas suprimió altos cargos de la Administración, quitó una paga extra a los funcionarios, emprendió la privatización de empresas públicas e incluso puso a la venta algunos de los activos más codiciados de su patrimonio.
Sanidad y Educación tampoco se salvaron de los recortes. Además de decretar el cierre de quirófanos y aumentar las horas lectivas de los profesores, la Generalitat llegó a implantar el polémico euro por receta que más tarde el Constitucional obligó a suprimir.
Hubo partidas que no sufrieron. Por ejemplo, el gasto público en elementos identitarios o en las oficinas comerciales con vocación de embajada que la Generalitat tenía repartidas por el mundo. Lo que sí sufrió fue la popularidad del flamante president.
Acorralado por su nefasta gestión de la crisis, Artur Mas decidió lanzar un órdago al Gobierno central para exigir una mejor financiación y adelantar las elecciones a 2012. Su estrategia política era clara: Madrid era el único responsable de los desfases presupuestarios de Cataluña. Una acusación que más tarde Junts Pel Sí convirtió en lema para presentarse a los comicios de septiembre de 2015.
En 2010, los catalanes favorables a la creación de un Estado independiente se movían entre el 20 y 25%, según el Centro de Estudios de Opinión. Pero el retorcido mensaje de Mas caló en la población. Hoy los partidarios superan el 38%.
El tropiezo que esta semana ha sufrido Oriol Junqueras, conseller de Economía en esta legislatura, con Standard & Poor's debería servir a los catalanes para reflexionar hacia dónde les está llevando el órdago independentista.
El Parlament puede amenazar a diario con incumplir las leyes. Pero la chulería no es gratuita. Los mercados internacionales sólo operan cómodos en territorios donde hay seguridad jurídica y la 'desconexión' no la garantiza.
Cataluña está ya hundida en el bono basura. Hace tiempo que sin el soporte del Estado español, a través del FLA, sería una región quebrada con una deuda de 73.000 millones de euros. Y si se amplía la foto de la independencia, al perder el soporte del BCE, el colapso del nuevo país sería total.
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