El GRAN CHANTAJE DE LA ORDENACIÓN FARMACÉUTICA ESPAÑOLA.

¿Os ha extrañado “el chantajillo” de Dorribo a José Blaco? Igual hasta es cierto. Ya me he referido en anteriores artículos a los orígenes, génesis y causas de la todavía vigente planificación farmacéutica española.  Y hemos demostrado con argumentos inapelables su imposible justificación más allá de excusas meramente gremiales, corporativistas, endogámicas y lobbystas. 

No hay una sola razón de corte sanitaria que avale la necesidad de la restricción en orden a garantizar la salud pública.  Creo que eso ha quedado, a estas alturas, suficientemente claro. 

No obstante, han llegado a mis manos tres documentos que me gustaría compartir con todos ustedes, que vienen a  avalar de forma irrebatible la principal línea argumental que defiendo en relación con la planificación farmacéutica española.  Y los quiero compartir con todos ustedes por un doble motivo. El primero de ellos, como les decía, es porque es una prueba más (en realidad son tres) de que tengo razón al denunciar el sistema español de farmacia. El segundo, es que uno de esos documentos es de rabiosa actualidad y sólo puede entenderse en su plenitud, a la luz de los dos anteriores. Sigamos el orden cronológico:

Año 1996. Aznar gana las elecciones y se encuentra con un panorama económico desolador, aunque no tanto como el actual, y con Maastrich y sus índices de convergencia pisándole los talones, si quiere que España se sume a la moneda única.  Como consecuencia de ello el Ministerio de Sanidad se dirige a los responsables de los Colegios de Farmacéuticos de España para pedirles “un pequeño sacrificio económico si quieren conservar su estatus”. En Román Paladino, o se aprietan el cinturón y colaboran, o perderán su estatus, esto es, su OLIGOPOLIO.  

 Cuatro años después, año 2.000. Castilla La Mancha. Bono preside la Junta de CLM y pretende promulgar una nueva ley de ordenación farmacéutica para su Comunidad Autónoma. Como  que un chantaje no puede ser regulado sin mancha jurídica, empiezan los recursos judiciales por parte de los afectados, esto es, por parte de los farmacéuticos ejercientes. Bono sentencia. “Otro recurso más y os liberalizo”. Inmediatamente cesaron los recursos y la ley fue aprobada.

Tercer documento. Año 2011. Castilla La Mancha. La Sra. De Cospedal preside la Junta de CLM y se encuentra, al tomar el poder, con un dantesco panorama económico tal, que a mitad de año prácticamente se ha gastado el dinero presupuestado para todo el ejercicio. Su Consejero de Sanidad, Sr. Echániz, se dirige a los farmacéuticos propietarios de farmacias, para pedirles un nuevo sacrificio, esta vez, en forma de demora en los pagos de medicamentos. Éstos se rebelan contra la situación pues entienden que no pueden adelantar el dinero del medicamento a título personal por más tiempo. Como medida de protesta, se produce un significativo cierre de farmacias, dejando así a la población sin servicio farmacéutico. Echániz avisa: “Estoy dispuesto a cambiar las reglas del juego”. Desde la advertencia, no constan, ni cierres, ni denuncias judiciales a la Administración Sanitaria Castellanomanchega por impago e incumplimiento de sus obligaciones económicas. 

A la vista de los tres documentos me gustaría reflexionar con ustedes en voz alta. En un entorno  político en que, absolutamente, nadie se atreve a defender el copago sanitario… ¿creen ustedes que importantes políticos de los dos principales partidos se atreverían a “amenazar” con la liberalización farmacéutica si pensaran que  implementada esta, la población iba a sufrir menoscabo en su salud? La respuesta se contesta por sí sola en el único sentido lógico que nos permite la lectura de estos documentos. ORDENACIÓN FARMACÉUTICA RESTRICTIVA Y DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA TIENEN TANTA RELACIÓN COMO LA QUE TIENEN UN HUEVO Y UNA GUITA.  O sea, ninguna.

Puede que alguien piense que, al menos, sirve como contrapeso  y como medida de presión económica frente al lobby farmacéutico.  Y en cierto modo, tendría razón. Es más, de vivir en Cuba o China, la tendría del todo. Pero por  suerte vivimos en algo parecido a una Democracia donde los ciudadanos no somos súbditos y nuestros derechos no son dádivas. A quien en tal sentido pensara, le propongo  una reflexión sobre la siguiente situación.

En recientes fechas, la prensa se ha hecho eco de que los abogados andaluces han expresado su voluntad de dejar de servir el Turno de Oficio de Justicia Gratuita, debido a que la Administración de Justicia Andaluza les adeuda determinadas cantidades en concepto de honorarios por servicios prestados en dicho Turno.  ¿qué le parecería a mi imaginario interlocutor que como solución ante el impago de  honorarios, alguien propusiera RESTRINGIR LA PROFESIÓN, IMPIDIENDO EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL, y consecuentemente, cobrando un chantaje por ello a los afortunados que pudieran seguir ejerciendo en sus bufetes? ¿Acaso no sería una medida de contrapeso?¿acaso el cobro de ese chantaje no ayudaría al pago de esos honorarios debidos? ¿Imagina alguien en su sano juicio que fuéramos a una situación así, a medias entre lo kafkiano y lo esperpéntico?

Pues esa situación, exactamente esa, es la que viven decenas de miles de farmacéuticos a quienes los partidos llamados liberales y los llamados socialdemócratas, impiden su desarrollo vital, personal y profesional, sencillamente porque han pactado con los actuales ejercientes mantener “el estatus” a cambio de una cierta cantidad de dinero, cantidades consignadas, entre otros, en los RRDDLL 5/2000, y 4/2010. Sencillamente han vendido un derecho ajeno y están cobrando por ello. Y para mayor escarnio, en nombre de la defensa de la salud de muchos que por mor del chantaje, se ven privados de la adecuada atención sanitario-farmacéutica.