La continuidad en torno al
debate de la pena de muerte no merece la
pena, siempre va a prosperar el NO, aunque haya causas más que justificadas
para que lo hiciese el SI. Nuestro posicionamiento casi que nos obligamos a
estar en contra de su imposición y hasta hace poco creíamos que era una
discusión superada por los ciudadanos del mundo civilizado. No solo porque
pensemos que el tema esta cerrado al debate. En un estado de derecho y con una democracia medio consolidada todo es susceptible
de debate y dadas ciertas circunstancias. Cada día que pasa un acto criminal
con impacto social se reabre automáticamente el debate. Y hasta es normal que inspeccionemos
otra vez algunas de nuestras motivaciones. Por otro lado, las razones en contra
de la pena de muerte son tan fuertes que es difícil pensar que puedan
encontrarse nuevos argumentos para defender su utilización.
Por empezar, en los países hisànos, la pena de muerte está
doblemente prohibida. Primero por la Constitución , que es nuestro acuerdo básico acerca de los
valores fundamentales para nuestra convivencia democrática y, segundo, por nuestros compromisos internacionales adquiridos. Si
existiera un argumento convincente favorable a la pena de muerte podríamos
pensar formalmente en reformar la Constitución y repudiar esos compromisos
internacionales, sobre todo con la UE. Pero ese fundamento
no existe, ni existe nada que justifique apartarnos de esos acuerdos de
convivencia más básicos.
Pero Aunque parezca mentira, España no en todo llevamos la contraria al
mundo. De los 93 países han abolido la pena de muerte, y de los 58 que todavía
la prevén, 36 no la han aplicado en los últimos diez años. La tendencia
internacional, además, es clara hacia su eliminación. El único sistema político
occidental que la mantiene y aplica con cierta regularidad es Estados Unidos,
en algunos de sus Estados, y por ello recibe muy fuertes críticas, tanto a
nivel interno como internacional que señalan su inconsistencia de principios y
su doble moral internacional en materia de derechos humanos. Por supuesto,
debemos ser prudentes al interpretar la tendencia general y sus excepciones,
pero existe un fuerte consenso internacional en contra de la pena de muerte, de
modo que no es un capricho delos hispanos
Pero muy por encima estas creencias hay otro punto
en contra de la pena de muerte. La solución a la diversión de los delitos
violentos pasa menos por que el Estado castigue severamente o quite garantías a
los acusados, que por atender a las necesidades socioeconómicas de la población
y, especialmente, su porción más desaventajada. Francamente, la muerte estatal
como represalia a un delito no cumple la función preventiva que muchos le imputan.
Pero supongamos que la pena de muerte se
justificase moralmente. ¿Aportaría alguna solución mejorada? Hay varios
estudios empíricos llevados a cabo en EEUU que indican no estar demostrada la eficiencia de la pena
capital a la hora de prevenir delitos. Pero es complejo avanzar sobre la base
de este tipo de enfoque. En un país o contexto determinado hay demasiadas
variables en juego como para lograr medir con precisión esta correlación.
Además, esos estudios se elaboraron en un contexto social y un sistema
institucional distintos a los nuestros. En definitiva, no sabemos mucho sobre
los posibles efectos de la introducción de la pena de muerte y hoy no tenemos
más remedio que decidir en un contexto de gran incertidumbre. En ese marco,
reclamar al Estado que disponga de la vida de algunos delincuentes es, cuanto
menos, un camino precipitado y de incierto finito.
La continuidad en torno al
debate de la pena de muerte no merece la
pena, siempre va a prosperar el NO, aunque haya causas más que justificadas
para que lo hiciese el SI. Nuestro posicionamiento casi que nos obligamos a
estar en contra de su imposición y hasta hace poco creíamos que era una
discusión superada por los ciudadanos del mundo civilizado. No solo porque
pensemos que el tema esta cerrado al debate. En un estado de derecho y con una democracia medio consolidada todo es susceptible
de debate y dadas ciertas circunstancias. Cada día que pasa un acto criminal
con impacto social se reabre automáticamente el debate. Y hasta es normal que inspeccionemos
otra vez algunas de nuestras motivaciones. Por otro lado, las razones en contra
de la pena de muerte son tan fuertes que es difícil pensar que puedan
encontrarse nuevos argumentos para defender su utilización.
Por empezar, en España la pena de muerte está
doblemente prohibida. Primero por la Constitución , que es nuestro acuerdo básico acerca de los
valores fundamentales para nuestra convivencia democrática y, segundo, por nuestros compromisos internacionales adquiridos. Si
existiera un argumento convincente favorable a la pena de muerte podríamos
pensar formalmente en reformar la Constitución y repudiar esos compromisos
internacionales, sobre todo con la UE. Pero ese fundamento
no existe, ni existe nada que justifique apartarnos de esos acuerdos de
convivencia más básicos.
Pero Aunque parezca mentira, España no en todo llevamos la contraria al
mundo. De los 93 países han abolido la pena de muerte, y de los 58 que todavía
la prevén, 36 no la han aplicado en los últimos diez años. La tendencia
internacional, además, es clara hacia su eliminación. El único sistema político
occidental que la mantiene y aplica con cierta regularidad es Estados Unidos,
en algunos de sus Estados, y por ello recibe muy fuertes críticas, tanto a
nivel interno como internacional que señalan su inconsistencia de principios y
su doble moral internacional en materia de derechos humanos. Por supuesto,
debemos ser prudentes al interpretar la tendencia general y sus excepciones,
pero existe un fuerte consenso internacional en contra de la pena de muerte, de
modo que no es un capricho de España..
Pero muy por encima estas creencias hay otro punto
en contra de la pena de muerte. La solución a la diversión de los delitos
violentos pasa menos por que el Estado castigue severamente o quite garantías a
los acusados, que por atender a las necesidades socioeconómicas de la población
y, especialmente, su porción más desaventajada. Francamente, la muerte estatal
como represalia a un delito no cumple la función preventiva que muchos le imputan.
Pero supongamos que la pena de muerte se
justificase moralmente. ¿Aportaría alguna solución mejorada? Hay varios
estudios empíricos llevados a cabo en EEUU que indican no estar demostrada la eficiencia de la pena
capital a la hora de prevenir delitos. Pero es complejo avanzar sobre la base
de este tipo de enfoque. En un país o contexto determinado hay demasiadas
variables en juego como para lograr medir con precisión esta correlación.
Además, esos estudios se elaboraron en un contexto social y un sistema
institucional distintos a los nuestros. En definitiva, no sabemos mucho sobre
los posibles efectos de la introducción de la pena de muerte y hoy no tenemos
más remedio que decidir en un contexto de gran incertidumbre. En ese marco,
reclamar al Estado que disponga de la vida de algunos delincuentes es, cuanto
menos, un camino precipitado y de incierto finito.
El siguiente error de este vía es que nos deja atados a una comprensión
demasiado limitada de nuestras acciones. La probabilidad de que al momento de
obrar una persona evalúe la probabilidad de que se le aplique la pena de muerte
al final de un proceso judicial es incierta. Nuestras motivaciones son bastante
más complejas que una contabilidad binaria. El grueso de la ilegalidad penal,
en cambio, es un universo de actos violentos asociados a ataques a la propiedad
y exige más bien una reflexión profunda sobre nuestros niveles de cohesión
social, la forma y contenido de nuestras reglas de convivencia, la igualdad de
trato y oportunidades, y las expectativas que cada uno tiene sobre su capacidad
de satisfacer necesidades esenciales y planes de vida en el corto y mediano
plazo. En dirección contraria a la de quienes simpatizan con la pena capital,
no es impensable que algunos crean que no tienen nada que perder si la
respuesta estatal es una sola, sombría y voceada.
Hay otros problemas adicionales si pretendemos utilizar la pena de muerte como medida
ejemplar frente a otros potenciales delincuentes. Ciertamente, una forma de
disuadir a alguien es castigando a otro. Todos sabemos, así, cuando poner las
barbas en remojo. Pero si el castigo se justifica de algún modo es porque se
dirige al ofensor en tanto agente moral, es decir, como persona. El ofensor debe
estar en condiciones de entender por qué se lo está castigando. Las razones que
justifican el castigo deben relacionarse con él o ella, no con la conducta de
otras personas. Castigar para disuadir a otros, en cambio, implica tratar a
alguien como el objeto portador de un mensaje estatal, antes que como el
individuo responsable que cometió un crimen. Incluso quien crea que no hay
problemas insalvables con las sanciones ejemplares debe reconocer que es
inaceptable quitar la vida de una persona como instrumento de la política mediática
utilizada.
Si queremos eludir esta última réplica se podría decir que la pena capital no
está dirigida a todos, sino sólo al delincuente y que su muerte evita que
cometa más delitos en el futuro. Pero esto es apenas una descripción descarnada
que no justifica nada. Podríamos predicar lo mismo respecto de la muerte de
cualquiera. No existen razones de peso para concluir que el ofensor va a
reincidir y los casos sonados que levanta la prensa no inclinan el fiel para
concluir lo contrario. Hay que tener en cuenta que el sistema penal es
selectivo y el peso de la ley no recae uniformemente sobre todos nosotros. En
esto, España, tampoco es la excepción; lo mismo ocurre en todas partes. En
consecuencia, debemos mirar con cautela la cuestión de la reincidencia, pues
ella indica no sólo la posibilidad de una efectiva reiteración delictiva sino
que también sugiere la mayor vulnerabilidad de algunos sectores frente a las
agencias de persecución. En otras palabras, no estaríamos hablando de
delincuentes más peligrosos sino de prácticas institucionales, totalmente,
equivocadas..
Para terminar, también podemos pensar en la pena
de muerte deslindada de toda idea de prevención y simplemente asociada al
castigo por un mal cometido. Pero el castigo aquí sería irracional y bárbaro,
semejante a la venganza. La equiparación de ofensas, la ley del Talión —si
pensamos en la pena de muerte para sólo para casos de homicidio, algo que no
parece ser obvio en el debate público—, es errónea. Una vida humana, sea cual
fuere, es inconmensurable. Y, justamente, condenamos a quien se arroga la
capacidad de poner fin a la vida de una persona con el reproche más severo de
la ley. Quitar la vida, nunca es algo valioso. Es algo que castigamos, y sólo
excepcionalmente dejamos libre de reproche algunos comportamientos; por
ejemplo, cuando se actúa en defensa propia. A diferencia del delito cometido
por una persona, cuando el Estado actúa lo hace en nombre de todos nosotros. Es
paradójico que deba matar a alguien para reafirmar, como dice nuestra
Constitución, que el respeto a la vida humana es el pilar central de nuestro
arreglo como comunidad.
Todos queremos
tener razón y “traer” al mundo a nuestra mente. El problema de
la inseguridad demanda esfuerzo. Pero, ¿por qué no reclamar seriamente por
reformas que enfrenten la inseguridad y que, a la vez, estén comprometidas con
los valores más hondos que abrazamos como sociedad? ¿Por qué no reclamar por un
sistema de prevención a un tiempo eficiente y comprometido con los derechos
humanos? El debate sobre la pena de muerte es simplista y erróneo. No aporta
nada a la mesa de debate, ni nos ayuda a consolidar una sociedad que honre sus
compromisos y valores más profundos. Paradójicamente, tampoco ayuda a enfrentar
el delito. Es, en definitiva, un debate que no vale la pena. ¡Joder¡ con
lo fácil que hubiese sido añadir: “a excepción de que le roben el coche a un
familiar tuyo que, en este supuesto, si que estaría justificada la pena de
muerte”
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