Pena de muerte, SI; pena de muerte, NO.

La continuidad en torno al debate  de la pena de muerte no merece la pena, siempre va a prosperar el NO, aunque haya causas más que justificadas para que lo hiciese el SI. Nuestro posicionamiento casi que nos obligamos a estar en contra de su imposición y hasta hace poco creíamos que era una discusión superada por los ciudadanos del mundo civilizado. No solo porque pensemos que el tema esta cerrado al debate. En un estado de derecho y con una  democracia medio consolidada todo es susceptible de debate y dadas ciertas circunstancias. Cada día que pasa un acto criminal con impacto social se reabre automáticamente el debate. Y hasta es normal que inspeccionemos otra vez algunas de nuestras motivaciones. Por otro lado, las razones en contra de la pena de muerte son tan fuertes que es difícil pensar que puedan encontrarse nuevos argumentos para defender su utilización.

Por empezar, en los países hisànos, la pena de muerte está doblemente prohibida. Primero por la Constitución,  que es nuestro acuerdo básico acerca de los valores fundamentales para nuestra convivencia democrática y, segundo,  por nuestros  compromisos internacionales adquiridos. Si existiera un argumento convincente favorable a la pena de muerte podríamos pensar formalmente en reformar la Constitución y repudiar esos compromisos internacionales, sobre  todo con la UE. Pero ese fundamento no existe, ni existe nada que justifique apartarnos de esos acuerdos de convivencia más básicos.

Pero Aunque parezca mentira,  España no en todo llevamos la contraria al mundo. De los 93 países han abolido la pena de muerte, y de los 58 que todavía la prevén, 36 no la han aplicado en los últimos diez años. La tendencia internacional, además, es clara hacia su eliminación. El único sistema político occidental que la mantiene y aplica con cierta regularidad es Estados Unidos, en algunos de sus Estados, y por ello recibe muy fuertes críticas, tanto a nivel interno como internacional que señalan su inconsistencia de principios y su doble moral internacional en materia de derechos humanos. Por supuesto, debemos ser prudentes al interpretar la tendencia general y sus excepciones, pero existe un fuerte consenso internacional en contra de la pena de muerte, de modo que no es un capricho delos hispanos

Pero muy por encima estas creencias hay otro punto en contra de la pena de muerte. La solución a la diversión de los delitos violentos pasa menos por que el Estado castigue severamente o quite garantías a los acusados, que por atender a las necesidades socioeconómicas de la población y, especialmente, su porción más desaventajada. Francamente, la muerte estatal como represalia a un delito no cumple la función preventiva que muchos le imputan.

Pero supongamos que la pena de muerte se justificase moralmente. ¿Aportaría alguna solución mejorada? Hay varios estudios empíricos llevados a cabo en EEUU que indican  no estar demostrada la eficiencia de la pena capital a la hora de prevenir delitos. Pero es complejo avanzar sobre la base de este tipo de enfoque. En un país o contexto determinado hay demasiadas variables en juego como para lograr medir con precisión esta correlación. Además, esos estudios se elaboraron en un contexto social y un sistema institucional distintos a los nuestros. En definitiva, no sabemos mucho sobre los posibles efectos de la introducción de la pena de muerte y hoy no tenemos más remedio que decidir en un contexto de gran incertidumbre. En ese marco, reclamar al Estado que disponga de la vida de algunos delincuentes es, cuanto menos, un camino precipitado y de incierto finito.

La continuidad en torno al debate  de la pena de muerte no merece la pena, siempre va a prosperar el NO, aunque haya causas más que justificadas para que lo hiciese el SI. Nuestro posicionamiento casi que nos obligamos a estar en contra de su imposición y hasta hace poco creíamos que era una discusión superada por los ciudadanos del mundo civilizado. No solo porque pensemos que el tema esta cerrado al debate. En un estado de derecho y con una  democracia medio consolidada todo es susceptible de debate y dadas ciertas circunstancias. Cada día que pasa un acto criminal con impacto social se reabre automáticamente el debate. Y hasta es normal que inspeccionemos otra vez algunas de nuestras motivaciones. Por otro lado, las razones en contra de la pena de muerte son tan fuertes que es difícil pensar que puedan encontrarse nuevos argumentos para defender su utilización.

Por empezar, en España la pena de muerte está doblemente prohibida. Primero por la Constitución,  que es nuestro acuerdo básico acerca de los valores fundamentales para nuestra convivencia democrática y, segundo,  por nuestros  compromisos internacionales adquiridos. Si existiera un argumento convincente favorable a la pena de muerte podríamos pensar formalmente en reformar la Constitución y repudiar esos compromisos internacionales, sobre  todo con la UE. Pero ese fundamento no existe, ni existe nada que justifique apartarnos de esos acuerdos de convivencia más básicos.

Pero Aunque parezca mentira,  España no en todo llevamos la contraria al mundo. De los 93 países han abolido la pena de muerte, y de los 58 que todavía la prevén, 36 no la han aplicado en los últimos diez años. La tendencia internacional, además, es clara hacia su eliminación. El único sistema político occidental que la mantiene y aplica con cierta regularidad es Estados Unidos, en algunos de sus Estados, y por ello recibe muy fuertes críticas, tanto a nivel interno como internacional que señalan su inconsistencia de principios y su doble moral internacional en materia de derechos humanos. Por supuesto, debemos ser prudentes al interpretar la tendencia general y sus excepciones, pero existe un fuerte consenso internacional en contra de la pena de muerte, de modo que no es un capricho de España..

Pero muy por encima estas creencias hay otro punto en contra de la pena de muerte. La solución a la diversión de los delitos violentos pasa menos por que el Estado castigue severamente o quite garantías a los acusados, que por atender a las necesidades socioeconómicas de la población y, especialmente, su porción más desaventajada. Francamente, la muerte estatal como represalia a un delito no cumple la función preventiva que muchos le imputan.

Pero supongamos que la pena de muerte se justificase moralmente. ¿Aportaría alguna solución mejorada? Hay varios estudios empíricos llevados a cabo en EEUU que indican  no estar demostrada la eficiencia de la pena capital a la hora de prevenir delitos. Pero es complejo avanzar sobre la base de este tipo de enfoque. En un país o contexto determinado hay demasiadas variables en juego como para lograr medir con precisión esta correlación. Además, esos estudios se elaboraron en un contexto social y un sistema institucional distintos a los nuestros. En definitiva, no sabemos mucho sobre los posibles efectos de la introducción de la pena de muerte y hoy no tenemos más remedio que decidir en un contexto de gran incertidumbre. En ese marco, reclamar al Estado que disponga de la vida de algunos delincuentes es, cuanto menos, un camino precipitado y de incierto finito.

El siguiente error de este vía  es que nos deja atados a una comprensión demasiado limitada de nuestras acciones. La probabilidad de que al momento de obrar una persona evalúe la probabilidad de que se le aplique la pena de muerte al final de un proceso judicial es incierta. Nuestras motivaciones son bastante más complejas que una contabilidad binaria. El grueso de la ilegalidad penal, en cambio, es un universo de actos violentos asociados a ataques a la propiedad y exige más bien una reflexión profunda sobre nuestros niveles de cohesión social, la forma y contenido de nuestras reglas de convivencia, la igualdad de trato y oportunidades, y las expectativas que cada uno tiene sobre su capacidad de satisfacer necesidades esenciales y planes de vida en el corto y mediano plazo. En dirección contraria a la de quienes simpatizan con la pena capital, no es impensable que algunos crean que no tienen nada que perder si la respuesta estatal es una sola, sombría y voceada.

Hay otros problemas  adicionales si  pretendemos  utilizar la pena de muerte como medida ejemplar frente a otros potenciales delincuentes. Ciertamente, una forma de disuadir a alguien es castigando a otro. Todos sabemos, así, cuando poner las barbas en remojo. Pero si el castigo se justifica de algún modo es porque se dirige al ofensor en tanto agente moral, es decir, como persona. El ofensor debe estar en condiciones de entender por qué se lo está castigando. Las razones que justifican el castigo deben relacionarse con él o ella, no con la conducta de otras personas. Castigar para disuadir a otros, en cambio, implica tratar a alguien como el objeto portador de un mensaje estatal, antes que como el individuo responsable que cometió un crimen. Incluso quien crea que no hay problemas insalvables con las sanciones ejemplares debe reconocer que es inaceptable quitar la vida de una persona como instrumento de la política mediática  utilizada.

Si queremos eludir esta última  réplica se podría decir que la pena capital no está dirigida a todos, sino sólo al delincuente y que su muerte evita que cometa más delitos en el futuro. Pero esto es apenas una descripción descarnada que no justifica nada. Podríamos predicar lo mismo respecto de la muerte de cualquiera. No existen razones de peso para concluir que el ofensor va a reincidir y los casos sonados que levanta la prensa no inclinan el fiel para concluir lo contrario. Hay que tener en cuenta que el sistema penal es selectivo y el peso de la ley no recae uniformemente sobre todos nosotros. En esto, España, tampoco es la excepción; lo mismo ocurre en todas partes. En consecuencia, debemos mirar con cautela la cuestión de la reincidencia, pues ella indica no sólo la posibilidad de una efectiva reiteración delictiva sino que también sugiere la mayor vulnerabilidad de algunos sectores frente a las agencias de persecución. En otras palabras, no estaríamos hablando de delincuentes más peligrosos sino de prácticas institucionales, totalmente, equivocadas..

Para terminar, también podemos pensar en la pena de muerte deslindada de toda idea de prevención y simplemente asociada al castigo por un mal cometido. Pero el castigo aquí sería irracional y bárbaro, semejante a la venganza. La equiparación de ofensas, la ley del Talión —si pensamos en la pena de muerte para sólo para casos de homicidio, algo que no parece ser obvio en el debate público—, es errónea. Una vida humana, sea cual fuere, es inconmensurable. Y, justamente, condenamos a quien se arroga la capacidad de poner fin a la vida de una persona con el reproche más severo de la ley. Quitar la vida, nunca es algo valioso. Es algo que castigamos, y sólo excepcionalmente dejamos libre de reproche algunos comportamientos; por ejemplo, cuando se actúa en defensa propia. A diferencia del delito cometido por una persona, cuando el Estado actúa lo hace en nombre de todos nosotros. Es paradójico que deba matar a alguien para reafirmar, como dice nuestra Constitución, que el respeto a la vida humana es el pilar central de nuestro arreglo como comunidad.

Todos queremos tener razón y “traer” al mundo a nuestra mente.  El problema de la inseguridad demanda esfuerzo. Pero, ¿por qué no reclamar seriamente por reformas que enfrenten la inseguridad y que, a la vez, estén comprometidas con los valores más hondos que abrazamos como sociedad? ¿Por qué no reclamar por un sistema de prevención a un tiempo eficiente y comprometido con los derechos humanos? El debate sobre la pena de muerte es simplista y erróneo. No aporta nada a la mesa de debate, ni nos ayuda a consolidar una sociedad que honre sus compromisos y valores más profundos. Paradójicamente, tampoco ayuda a enfrentar el delito. Es, en definitiva, un debate que no vale la pena. ¡Joder¡ con lo fácil que hubiese sido añadir: “a excepción de que le roben el coche a un familiar tuyo que, en este supuesto, si que estaría justificada la pena de muerte”