Milei dijo al sátrapa Pedro Sánchez que su mujer era corrupta....y lo es.

 

Esta absurda crisis con Argentina, iniciada por nuestra izquierda, es el fruto de una pésima diplomacia preñada de odios dogmáticos.

Tenemos un presidente del Gobierno que se pliega con máxima zalamería a las exigencias del Rey de Marruecos, máximo mandatario de un sistema que dista mucho de ser una democracia (observadores más duros que yo hablarían incluso de una satrapía, con una monarquía que se lucra de manera extractiva de su propio pueblo). Tenemos un expresidente del Gobierno, Zapatero, hoy mascarón de proa en el PSOE sanchista, que opera como manifiesto blanqueador de la narcodictadura de Maduro. Tenemos un presidente del Gobierno que con un oportunismo torpe y nocivo está haciendo el caldo gordo a Hamás con sus invectivas contra Israel y que se fotografía encantado de la vida con dirigentes palestinos que chapotean en la corrupción y postulan modos de vida antagónicos al nuestro. Tenemos un Gobierno que por supuesto no plantea mayor objeción a las monarquías absolutistas árabes, o a la dictadura del Partido Comunista Chino.

Pero ese mismo presidente y ese mismo PSOE han decidido ponerse estupendos con el mandatario liberal Javier Milei, al que comenzaron a insultar con los epítetos más displicentes nada más asomar cabeza como candidato.

 

Tenemos un presidente del Gobierno que no informó al jefe de Estado, ni a la oposición, ni al Parlamento y ni a sus propios socios de su trascendental giro en el Sahara… Pero que ahora les pide auxilio de manera teatral en una tarde de domingo porque en una frase de un mitin en Madrid, donde hablaba a título particular, el mandatario argentino tachó de «corrupta» sin citarla por su nombre a Begoña Gómez (lo cual no deja de reflejar el retrato que hace de ella estos días la prensa internacional más prestigiosa).

 

La inquina contra Milei llegó a su extremo cuando el mamporrero de guardia del sanchismo, Óscar Puente, acusó al presidente argentino de consumir drogas, abriendo así una absurda crisis diplomática, que cerró el propio presidente argentino, con más mesura que sus pares españoles. Ante la visita de Milei a España para participar en la convención de Vox, el Gobierno y el PSOE sacaron de nuevo la artillería pesada. Sánchez y sus vicepresidentas Ribera y Díaz dedicaron el sábado duras invectivas a Milei en sus mítines, a la misma hora en que los empresarios demostraban que se puede ser más inteligente y más práctico y mantenían una cordial y productiva reunión con él en la Embajada Argentina en Madrid.

 

Personalmente no me parece adecuado que un mandatario extranjero de visita aborde nuestros temas domésticos para llamar «corrupta» a la mujer del presidente español. Creo que no son los modos que precisa la alta política. Pero esta guerra diplomática la abrieron Sánchez, su Gobierno y sus medios afines, que simplemente no soportan a todo aquel que se atreve a confrontar los dogmas del mal llamado «progresismo». Mientras el pueblo argentino se sumía en la miseria, la hiperinflación, la corrupción y la inseguridad del peronismo, Sánchez y sus palmeros no tenían la más mínima objeción. Pero cuando llega Milei y se propone atajar los males endémicos de la enfermedad izquierdista de Argentina con un tratamiento de choque, entonces -ay- empiezan los lamentos y los insultos al peligrosísimo reaccionario. Sumir a tu pueblo en la miseria y la violencia está muy bien, es «progresista». Intentar arreglarlo con consolidación fiscal, seguridad jurídica y recetas liberales es «fascismo». Esa es nuestra izquierda.

 

Arrastramos una diplomacia pésima y amateur, con un ministro de exteriores insufrible en su ridícula petulancia y un presidente que se pasea en el Falcon pensando que está cambiando el signo del orbe. Lo cierto es que han sumido a España en la irrelevancia internacional, han roto con un país tan querido y unido a España como Argentina y nos pasean por el mundo como los abanderados de Hamás, tal y como acaba de señalar un ministro israelí.

 

Así que menos teatro de dignidad ofendida en busca de réditos electoralistas y más limpiar la cocina en casa para que nadie pueda señalar como corrupta a una señora que, por lo demás, a estas horas está enfangada en tribunales por un claro caso de tráfico de influencias. Al margen de lo que decida el juez sobre ella, lo que ya se sabe es inadmisible políticamente y en una democracia más limpia que la nuestra habría provocado la dimisión de su marido. Pero en vez de encarar ese baldón es más fácil montar un circo con Milei a modo de inmensa cortina de humo, con el siempre nervioso Borrell en plan Primo de Zumosol echando una manita desde Bruselas.

Constitución y amnistía, INCOMPATIBLES.

 

“Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido”. Así comienza Kafka su famoso relato, El proceso, y es una reflexión que podría ser aplicado a la sociedad española. Algo tuvo que ocurrir, porque, sin haber hecho nada malo, una mañana después de las elecciones generales del 23J nos dijeron que había llegado el momento de pedir perdón. ¿A quién y por qué?, nos preguntamos un tanto desconcertados, como Josef K.

Seguir hablando de la amnistía, quizá piensen algunos de esos que creen merecer que se les pida perdón, a lo único que conduce es a querer reabrir una herida que los catalanes habrían cerrado con su voto del pasado 12 de mayo.

Pues disculpen las molestias, pero creo que a pesar de que es una buena noticia para todos los españoles que el independentismo no tenga mayoría absoluta en el parlamento catalán -porque tienen más cuesta arriba volver a subvertir el orden constitucional-, eso no nos obliga a asumir el relato del efecto balsámico de la amnistía que La Moncloa intenta imponer.

No podemos saber cuál hubiera sido el resultado electoral en las pasadas elecciones si la amnistía no hubiera existido. Pero no tenemos ninguna duda de que no habría habido amnistía si, tras el resultado del 23J, los siete votos de Junts no hubieran sido decisivos para la investidura de Pedro Sánchez. Los votos que costó la impunidad exigida desde Bruselas por Puigdemont y los suyos.

Pero no es ilógico pensar que la pérdida de votos y apoyo social que venían sufriendo los independentistas desde las pasadas municipales y generales habría seguido por la misma senda en las últimas elecciones autonómicas. La mayoría de los catalanes estaban expresando en las sucesivas elecciones la decepción y el hartazgo con unos líderes de la insurrección institucional que han deteriorado sus condiciones de vida, los servicios públicos y el desarrollo económico de Cataluña.

En esta lógica, hoy podríamos contemplar un parlamento catalán sin mayoría independentista y sin haber tenido que pagar el precio de la amnistía. La lectura política de este supuesto -la vía de la unilateralidad independentista, vencida por el Estado de derecho- es muy distinta de la que Moncloa pretende implantar.

La suma de los independentistas ha perdido la mayoría absoluta por primera vez (61 diputados, 43% del voto); los partidos que aplicaron el 155 ganan cerca de medio millón de votos y 21 escaños. La aplicación de la Constitución, primero, y la actuación de la justicia después, han acabado con el procés.

La pregunta que debemos hacernos, en mi opinión, no es la de qué hubiera sucedido sin la amnistía, sino qué hubiera pasado si la política de los últimos años hubiera sido otra: si no hubiéramos aplicado el artículo 155, si los responsables directos de utilizar las instituciones catalanas para dictar normas contra la legalidad constitucional no hubieran sido procesados, juzgados y condenados por los delitos de rebelión y sedición.

¿Qué precio hubiera tenido que pagar nuestra democracia si las instituciones no hubieran respondido con la aplicación de la ley frente a los delincuentes? ¿Cómo de maltrechos habrían quedado nuestros derechos y libertades?

Basta de desfachatez. Un respeto para las palabras: no se judicializó la política, se actuó en contra de unos políticos que se situaron fuera de la ley. No hubo lawfare, sino un proceso judicial con todas las garantías. No hay exiliados, sino prófugos.

Y sin embargo, Pedro Sánchez nos dice que el éxito en Cataluña es fruto de una estrategia política arriesgada e incomprendida por una mayoría de españoles que sólo un político audaz y valiente como él ha sido capaz de afrontar en favor de la convivencia. La grandeza del perdón y sus efectos balsámicos eran evidentes, asegura, aunque él mismo no se dio cuenta de eso hasta el 23 de julio del año pasado.

 El precio de este perdón impuesto, el coste de esta inmoralidad que supone pactar la impunidad a cambio de unos votos, es demasiado alto para los demócratas. Es inasumible.

Es inaceptable pensar que en la democracia española hay presos políticos. Los beneficiados por el cambalache de la amnistía no fueron perseguidos por sus ideas, sino por sus actos delictivos. Fueron responsables de levantarse contra la Constitución, de sublevarse contra el Estado democrático. Utilizaron las instituciones, en contra y al margen de la ley, para sabotear la Constitución. Y lo hicieron al menos contra la mitad de los catalanes y contra el resto de los españoles.

Basta de desfachatez. Un respeto para las palabras: no se judicializó la política, se actuó en contra de unos políticos que se situaron fuera de la ley. No hubo lawfare, sino un proceso judicial con todas las garantías. No hay exiliados, sino prófugos. No ha habido venganza, sino justicia. La amnistía no es perdón, sino amnesia. Blindar la impunidad a cambio de unos votos no es otra cosa que un acto de corrupción política. Y decir esto no es resucitar el procés, sino enterrarlo democráticamente para siempre.

Hoy algunos españoles observamos el laberintico proceso por el que nos conduce Sanchez. En el momento de menor apoyo social al independentismo en Cataluña, la gobernabilidad de España está en sus manos. El riesgo de que se puedan materializar nuevas exigencias inconstitucionales del nacionalismo es cierto, y no por lo que se pueda negociar en Cataluña para facilitar una investidura de Salvador Illa, sino por lo que se negocie en Madrid para sostener el gobierno de Sánchez.   

Esto es, Josef K., lo absurdo, lo descabellado de nuestro momento político: las demandas inconstitucionales de los perdedores en Cataluña tienen hoy más fuerza que nunca en Madrid.

El llanto de Pablo Iglesias cuando acudió a visitar la tumba de su abuelo (en la ""cuneta"", al que nunca conoció.

 

Oportuno es recordar el llanto de Pablo Iglesias cuando acudió a visitar la tumba de su abuelo, al que no conoció. Aquella escena, me dejó turulato durante semanas, y de cuando en cuando la rememoro, y me turbo.

Llorar sin motivo en público es una ordinariez. La tristeza hay que saber dominarla para no violentar a los demás. Las lágrimas no son reprimibles. Lo malo son los jipidos, los soponcios y los sollozos. El desmayo en un cementerio, muy habitual entre los folclóricos, desaconseja la cercanía con el desmayado. Edgar Neville no los soportaba. –He dejado de ir a los entierros porque se han puesto de moda los desmayos, y me producen una humillante vergüenza ajena–. Recuerdo una entrevista, breve pero jugosa, a una chica muy mona que fue efímera novia de Gonzalo de Borbón Dampierre, primo hermano del Rey Juan Carlos. Durante la entrevista, perdió la serenidad y le temblaron labios y barbilla. –Es que lo he pasado muy mal en las últimas semanas. A mi madre le dolían mucho las encías–. Menos mal que en un alarde de coraje y valentía, terminó por superar tan angustioso dolor materno.

 

Anteayer fue entrevistada la corajuda independentista catalana Marta Rovira, la del pelo inguinal distribuido por toda su cabeza. Se refería a los malos resultados de su partido, ERC, en las elecciones autonómicas del nordeste de España. Ella, dando muestras de su valor y siendo una de las responsables del llamado «tsunami democrático», huyó a Suiza. Marta Rovira anunció ante los micrófonos que sostenían emocionados reporteros, que a pesar de los malos resultados de ERC, seguirá en la lucha –desde Ginebra–, y Cataluña al fin, más pronto que tarde, será una nación independiente y soberana. –Llegaremos al final–, y al emitir tan histórica frase, lloró. Cambió los vítores por los jipidos, y debo reconocer que consiguió con holgura originar en mí, que no soy partidario, una profunda alteración anímica, una elemental turbación. Me la figuré sufriendo en Suiza durante su penoso autoexilio, tan calamitoso y brutal como el de Puigdemont en Waterloo, y me sumé al lloriqueo. –Esta gente lo ha pasado muy mal– dije para tranquilizarme. No obstante lamenté que no especificara si, durante el atribulado cambio de domicilio, le dolieron o no las encías.

 

Entre el servicio doméstico que permanecía durante decenios en una casa, se lloraba mucho cuando sobrevenía a sus patrones alguna desgracia inesperada. La niña mayor de la noble familia cayó gravemente enferma. Una difteria. Diagnóstico seco y pronóstico brutal. Sus padres soportaron la desgracia con educada entereza. Pero no así el servicio doméstico, que plañía en cada rincón de la casa. Milagrosamente, la enfermedad entró en crisis y la niña mejoró. Fuera ya de peligro, el padre de la enferma le dijo a su mujer, la madre de la paciente: –Nuestra hija no se muere, a Dios gracias, pero a ver quién es el guapo que se atreve a decírselo al servicio–.

 

Oportuno es recordar el llanto de Pablo Iglesias cuando acudió a visitar la tumba de su abuelo, al que no conoció. Aquella escena, me dejó turulato durante semanas, y de cuando en cuando la rememoro, y me turbo.

 

De ahí, la admiración que he sentido por la serenidad y entereza mostrada por un compañero de partido de Marta Rovira. Me refiero, como es de suponer, a Gabriel Rufián. Rufián anunció años atrás que permanecería en Madrid, representado a su partido en el Congreso de los Diputados, 18 meses. Ni un día más. Desde aquella promesa, han transcurrido 106 meses, y le ha tomado el gusto a Madrid. De los pobres resultados de su partido en las elecciones catalanas, él es también máximo responsable. Sobrevive en Madrid gracias al modesto sueldo que España asegura a sus diputados. Y también a la tranquila educación de sus gentes, que no le insultan por la calle como en Barcelona. Por ello, Rufián se ha impuesto a sus sentimientos, y ha declarado que sigue, que no se va, que se mantiene en su escaño, y que su presencia en Madrid es vital para alcanzar, con anterioridad a la finalización de las obras de la Sagrada Familia de Gaudí, la independencia de Cataluña. Y lo ha dicho sin emocionarse, y menos aún, llorando a moco tendido por la conmoción del momento. «Seguiré en Madrid». Y sin soltar una lágrima.

Un hombre realmente excepcional.

Lo que ha ocurrido en Eslovaquia es vivo ejemplo de lo que ocurrirá con la polarización de España.

 

La presidenta Zuzana Čaputová y el presidente electo Peter Pellegrini, en una rueda de prensa conjunta, hicieron un llamamiento a todos los partidos para que dejaran de hacer campaña de cara a las elecciones al Parlamento Europeo e invitaron a los líderes de las formaciones parlamentarias a mantener conversaciones en el Palacio Presidencial. El gobierno descartó declarar el estado de excepción y anunció que reforzaría la protección de altos cargos y grupos vulnerables.

Hago un llamamiento al público, a los políticos y a los periodistas para que dejen de expandir el odio. Estamos al borde de la guerra civil"

"Las emociones están a flor de piel, pero sería muy malo exacerbar esta situación ya de por sí peligrosa", ha remarcado el ministro del Interior, Matúš Šutaj Eštok, que ha pedido que se ponga freno a los ataques en redes sociales y al recurso a la violencia y el odio. "Hago un llamamiento al público, a los periodistas y a todos los políticos para que dejen de expandir el odio", ha añadido el titular del Interior. "Estamos al borde de la guerra civil".

¿Es cierto o exagera para agitar las conciencias? Aunque el encuentro de presidentes debería ser un punto de inflexión, aún está por ver si no sigue utilizándose la polarización como arma política. Varios diputados han seguido en el lodazal. Así Ľuboš Blaha, diputado prorruso del partido Smer de Fico, gritaba a la oposición en el Parlamento que el primer ministro "lucha hoy por su vida a causa de vuestro odio". El vicepresidente del Parlamento, Andrej Danko, jefe del ultraderechista Partido Nacional Eslovaco (SLS, por sus siglas en eslovaco), culpaba directamente del atentado a la oposición: "¿Estáis satisfechos?".

El intento de asesinato del primer ministro Fico, admirador de las políticas del húngaro Viktor Orban que pretende implantar en Eslovaquia, ha llevado a políticos, intelectuales y medios en el pequeño país centroeuropeo a plantearse cómo ha podido llegar tan lejos la espiral de toxicidad.

El agresor, un lobo solitario

El atacante, que fue detenido al instante, es un hombre de 71 años que actúo en solitario y lo habría hecho por motivaciones políticas. Si bien en 2016 formaba parte de un grupo ultranacionalista pro Kremlin, en los últimos meses sus críticas se habían centrado en los medios. Procede de Levice, una localidad a 75 kilómetros del lugar del atentado, y estuvo empleado en una empresa de seguridad en un centro comercial. Su hijo confirmó que tenía permiso de armas.

Es escritor aficionado y ha publicado varios libros de poesía, con alusiones xenófobas, dirigidas a la comunidad gitana. Paradójicamente en 2016 creó el Movimiento contra la Violencia, desde el que acusaba a la élite política de caer en manos de los oligarcas. Curiosamente, en redes se difundió una entrevista con el agresor en la que se manifestaba en contra del gobierno de Fico por su intento de controlar los medios públicos. La filtración denota cómo hay interés en atizar el odio, ya que ni se puede acceder a un detenido ni difundir sus palabras.

Juraj Cintula puede ser condenado a 25 años de cárcel e incluso la cadena perpetua por el intento de asesinato. Descerrajó cinco tiros al primer ministro, que llevaba varios guardaespaldas cuya actuación ha sido duramente criticada. Ni le aplicaron primeros auxilios ni se interpusieron.

Para Mira Milosevich, investigadora principal del Real Instituto Elcano, se trató de "un acto terrorista", cometido por un enajenado y que ha sido más grave por los fallos en los servicios de seguridad.

La división de Checoslovaquia

Milosevich señala que la polarización social es un fenómeno que se observa en Eslovaquia desde que se escindió de la República Checa. Juntas formaban Checoslovaquia.

Tras la revolución de 1989 en toda Europa del Este, y después de 75 años como Checoslovaquia, Eslovaquia y la República Checa se divorciaron pacíficamente. Como otros países que habían formado parte del bloque comunista, se sumergieron en el capitalismo.

Como señala Tom Nicholson, en Politico, "el latigazo social que provocaron estas súbitas transformaciones enfrentó a ciudades contra pueblos, a jóvenes contra viejos, a patriotas eslovacos contra internacionalistas checoslovacos, mientras todos buscaban su lugar en un terreno desconocido".

La primera polarización se produjo con la desintegración de Checoslovaquia. Había quienes querían seguir unidos, otros no..."

"La primera polarización se produjo con la desintegración de Checoslovaquia. Había quienes querían seguir como un solo país, otros que no. Es algo similar a lo que ocurrió con Serbia y Montenegro, donde pervive la polarización social. En segundo lugar, recordemos que Praga, la capital de la República Checa, era el centro de todo, simbolizaba la lucha contra el nazismo y contra el comunismo", apunta Mira Milosevich.

A esa polarización originaria, se suma la polarización política común a otros países europeos en la actualidad. "Los países jóvenes sufren más los efectos de la polarización política y Eslovaquia apenas tiene tres décadas", añade la investigadora.

Brutalización de la vida pública

Como advierte el investigador polaco Krzysztof Dębiec, del Center for Eastern Studies (OSW), "Eslovaquia ha vivido una brutalización de la vida pública en los últimos años". El asesinato de Ján Kuciak y su prometida marcó un punto de inflexión y estuvo a punto de suponer el fin de la carrera política de Fico. Sin embargo, Fico supo aprovechar la pandemia para difundir un mensaje antivacunas con el que volvió a recuperar popularidad.

En 2022 la vida del entonces primer ministro Eduard Heger corrió serio peligro. El presunto asesino, al no encontrarle, se dirigió a un club LGTB y allí mató a dos personas. Fico figuraba en la lista de sus objetivos. se Eslovaquia: renuncia de la presidenta Čaputová a presentarse a la reelección).

Según el periodista eslovaco Andrej Matišák, del diario Pravda, "el problema es que este loco acto de violencia empeorará la situación en Eslovaquia, donde se han celebrado elecciones en septiembre pasado (legislativas), en marzo y abril (presidenciales) y en junio las europeas. La presión política es constante".

En este contexto, Robert Fico tiene una agenda radical. Choca con la Comisión Europea sobre el Estado de derecho, su relación con los medios y las ONG.

Falta por ver quién asumirá el cargo de primer ministro en funciones mientras el primer ministro esté recuperándose. El ministro de Defensa, Robert Kaliňák, único viceprimer ministro, y cercano a Fico, es quien de momento lleva la batuta. Será determinante ver si Fico y los suyos siguen atizando el fuego o ven lo que ha pasado como una señal de que hay que cambiar el rumbo.

Illa quiere crear un Poder Judicial con jueces solo catalanes. Sólo que si demás comunidades hacen igual....

El programa electoral del líder del PSC habla de un consejo territorial que designe a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

El líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC) Salvador Illa y su programa electoral

El programa electoral del Partido Socialista de Cataluña (PSC) propone la "desconcentración del Poder Judicial", una alternativa que podría vaciar de contenido las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la creación de un consejo territorial que controlara los nombramientos de sus propios jueces. Fuentes del CGPJ desaprueban esta idea que, si bien es antigua, temen que esta vez pueda llevarse a cabo y que sea el anticipo de la estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nivel nacional.

El manifiesto con el que se presentó Salvador Illa a las elecciones catalanas contiene en el séptimo punto sobre el bon govern una propuesta que ha pasado desapercibida en campaña electoral, pero que supone un cambio sustancial en el modelo de Justicia en pleno debate sobre la amnistía.

"Se propone la modificación de la LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial] por prever la posibilidad de establecer órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial, que en el caso de Cataluña podría tomar la forma del Consejo de Justicia de Cataluña previsto en el Estatut, así como para incorporar la habilitación de las autonomías para poder elegir a jueces y magistrados y para prever la presidencia de este órgano por parte del presidente o presidenta del TSJC [Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]. En cuanto a la incorporación de los fiscales a este órgano desconcentrado, debería modificarse la Ley del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal", dice el documento del PSC.

Lo cierto es que aunque el Estatuto de Cataluña ya contempló la creación de este órgano autónomo --siempre supeditado al Consejo central--, nunca se ha llevado a término y es una idea que no gusta nada en el seno del Poder Judicial. El hecho de que Illa lo haya incluido ahora en su propuesta de actuación política es, para alguno de los consultados, un salto cualitativo en las intenciones de los socialistas que llevan desde 2018 tratando de desencallar, sin éxito, el pacto con el PP para la renovación de los 20 vocales del CGPJ.

"Lo llevan persiguiendo desde la Constitución de 1978 y al final lo conseguirán", dice una fuente del órgano. En el programa electoral de Illa en 2021 esta referencia a la descentralización de la Justicia no se hizo. En ese caso, se habló principalmente de mejorar la digitalización, de desjudicializar la política y se hizo una pequeña mención (una línea) sobre reformar el texto constitucional para "la territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial".

"Se trata de controlar la Justicia. Es un cambio total", indican las fuentes mencionadas. Para los miembros del CGPJ el modelo de consejos territoriales es muy peligroso sobre todo en lo que a nombramientos se refiere. "El Parlament de Cataluña decidirá qué jueces ponen en TSJ de Cataluña. Luego le quitarán competencias al Supremo, vaciarán de contenido los recursos de casación...", explican. Según esta visión, los políticos podrían buscar meter mano en las cúpulas judiciales que luego son las que tienen que juzgarlos (como aforados) cuando cometen un delito, para así tratar de lograr su propio beneficio.

El Estatuto catalán lo que proponía es que "los presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" sean "nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña", pero esta participación está por determinar en la Ley que nunca se ha llegado a desarrollar en este sentido. "El Tribunal Constitucional la anuló lo que ocurre es que luego lo han introducido en otros Estatutos autonómicos", indica una voz del Consejo. "Supuestamente está supeditado a lo que digamos nosotros, pero si le das carrete será lo primero. Luego, lo siguiente, será reclutar a los jueces, territorializar las oposiciones...", vaticina otra.

En 2013, en la conocida como 'Declaración de Granada', el PSOE, liderado entonces por Alfredo Pérez Rubalcaba, aprobó por unanimidad este manifiesto de seis folios que quería reflejar la necesidad de transitar hacia un nuevo pacto territorial. La apuesta de los socialistas ya iba en esa línea. "Proponemos que, con carácter general, los diferentes procesos en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deban culminar en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo", dejaron por escrito.

"Puede ser conveniente una cierta territorialización de sistema de gobierno del Poder Judicial (respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado), en el sentido apuntado por la dilatada experiencia de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia", reflejaron.

En este sentido, las voces preguntadas por este periódico temen que Sánchez recupere ahora esta idea para tratar de desatascar la renovación del CGPJ sin contar con el partido de Alberto Núñez Feijóo. Sabiendo que la idea de rebajar las mayorías no gusta ni en España ni en Europa, extraer de contenido las funciones del Poder Judicial para repartirlo entre pequeños órganos territoriales puede ser la solución a ojos de los socialistas.

"Los catalanes siempre han tenido en el foco la Justicia, lo que pasa que nunca se les ha hecho caso, pero ahora puede que sí", sospechan. Para algunos el verdadero riesgo está en desacompasar los tribunales de toda España convirtiendo cada autonomía en pequeñas islas de interpretación del Derecho. "Si los jueces de cataluña son catalanes, los del país vasco son vascos... es el principio de la ruptura de la unidad judicial", explican.

Esta propuesta va en cierta consonancia con la que el actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, envió al Congreso y al Senado. Él emitió de forma unilateral (a modo de propuesta personal) una misiva en la que ofrecía que los nombramientos quedaran a cargo de los magistrados del Supremo y de una suerte de comité interventor que estuviera compuesto por diferentes profesionales para que primaran los méritos y capacidades y no hubiera intercambio de cromos entre el bloque progresista y el conservador.

Una "ocurrencia" para muchos de los compañeros de mesa de Guilarte que no conciben un cambio de modelo en la forma de proceder del Poder Judicial. El presidente Guilarte volvió a recordar este jueves que rebajar las mayorías para poder designar a los vocales es una idea "aterradora" e invitó al PSOE a no tomar en serio esa propuesta de Podemos. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, siempre ha negado que se vaya a reducir la cuantía de votos para llevar a cabo una renovación en solitario. Pero en el CGPJ ya pocos se fían de algo.

El PP ve en el expediente a Lambán un aviso dictatorial para el resto de diputados del PSOE

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra (c), y el alcalde de Villamediana de Iregia, Rubén Gutiérrez (2d), asisten a las celebraciones por San Isidro.

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado hoy que el expediente sancionador a Javier Lambán tras su decisión de no votar la Ley de Amnistía en el Senado "es un aviso a navegantes para todos los diputados del Partido Socialista, a los que el sanchismo les dice lo que tienen que hacer". Gamarra ha acudido esta mañana a la localidad riojana de Villamediana de Iregua para participar en las fiestas de San Isidro con, entre otros, el alcalde de la localidad, el 'popular' Rubén Gutiérrez.

Allí, preguntada por el expediente abierto por el PSOE a su secretario general en Aragón y senador, Javier Lambán, ha visto que "lo que busca es que los diputados socialistas se queden quietos y callados, votando sí a la amnistía y traicionando a sus votantes y entregando la igualdad entre todos los españoles". Es, ha dicho, "un aviso a navegantes a todos los diputados del Partido Socialista, de la bancada socialista, que tendrán que levantar el veto en breves días en el Congreso". "Pero el Partido Popular", ha añadido, "ni nos vamos a quedar quietos ni nos vamos a quedar callados. No nos quedamos quietos ayer, votando sí a la igualdad y no a la amnistía".

Ha asegurado que del mismo modo que Pedro Sánchez convocó hace unas semanas a sus afiliados para que le respaldaran, "el Partido Popular convocamos a todos los españoles el próximo 26 de mayo a las 12 horas en Madrid". La convocatoria es, ha explicado, "para que los españoles digamos alto y claro, para que los españoles no nos quedemos ni quietos ni callados y para que los españoles, antes de la votación que se tiene que producir".

Defensa de la igualdad

Ha recordado cómo ayer "el Senado vetó la Ley de Amnistía" y "dijo sí al Senado a la igualdad entre todos los españoles y, por tanto, no a una ley que lo único que busca es que haya españoles que cumplen la ley y españoles que están por encima de la ley, porque de ellos depende la permanencia de Pedro Sánchez en el poder".

En este sentido, ha sentenciado cómo el Partido Popular dijo "a los españoles" que iban "a ser firmes en la defensa y en la bandera del principio de igualdad entre todos los españoles", así como "en la defensa de que en política no cabe la compra de los votos a cambio de la impunidad de un grupo de políticos".

"Hagámoslo primero en las calles el próximo 26 de mayo y volvámoslo a repetir en las urnas el próximo 9 de junio. Porque si algo tenemos en nuestro país que defender es la igualdad entre todos los españoles y que no puede estar en venta para garantizarse que Pedro Sánchez permanezca en el poder", ha aseverado.

 

Si hay repetición electoral, Puigdemont podría ser candidato, pero Junqueras no.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en un encuentro reciente en Waterloo | 

Supongamos que el pleno del Parlament para elegir al presidente de la Generalitat se celebra el próximo 25 de junio. Supongamos también que ley de amnistía ha sido ya publicada en el BOE en la primera semana de ese mismo mes. Supongamos, por último, que Carles Puigdemont cumple su palabra y se presenta en España para acudir a ese pleno en el que él pretende ser elegido president. ¿Qué sucederá entonces?

Aunque hay varias posibilidades, lo más probable es que el Tribunal Supremo, que es el que tiene que decidir sobre su situación, planté una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo (una especie de dígame usted si esta ley de amnistía es compatible con el derecho comunitario), lo que dejaría en suspenso la llamada a juicio por los presuntos delitos cometidos por el ex presidente de la Generalitat. Pero no decretaría una prisión preventiva. El TS acordaría su libertad. In dubio.. pro Puigdemont.

Aunque, dado que el Supremo tiene dos meses para decidir, y tiene que ser la Sala Penal, con sus quince miembros, la que tiene que hacerlo, acuerde que, mientras tanto, permanezca en prisión. No es probable. Lo más seguro es que hasta que ese asunto esté resuelto se le impongan medidas cautelares que no impliquen pérdida de libertad. In dubio pro reo.

Así que, sí, Puigdemont podría asistir al Pleno de investidura tras haber comparecido ante el Supremo.

Otra es que sume los votos necesarios para lograr su objetivo. Si no es así, veremos lo que hace. Por que si el TJUE acuerda dar la razón al Supremo, en el sentido de que la ley de amnistía incumple la normativa comunitaria, a Puigdemont le juzgaría el Supremo en España y su futuro dependería de la buena voluntad de Cándido Conde Pumpido. Para algo se le nombró presidente del Tribunal Constitucional.

Si hay repetición electoral, Puigdemont podría ser candidato, pero Junqueras no

En resumen, Puigdemont -una vez la ley de amnistía esté publicada en el BOE- será un ciudadano más, en espera de juicio, y no sería descartable que, en un futuro, pudiera ser inhabilitado por un delito de malversación. En España, por obra y gracia del gobierno, la sedición ya no es delito.

Ahora bien, ¿qué sucedería con su competidor Oriol Junqueras? El ex vicepresidente de la Generalitat, que no huyó de España y que estuvo tres años en prisión, bien es cierto que a cuerpo de rey, ha mostrado su deseo de liderar el partido tras el batacazo electoral del 12-M y la consiguiente salida por la puerta de atrás de la política de Pere Aragonés. Si no hubiera repetición electoral, pongamos que porque ERC ha decidido apoyar un gobierno presidido por Salvador Illa, Junqueras sería el jefe de ERC pero no podría ejercer ningún cargo público.

Pero, ¿y si ERC, aplicándose el cuento de que con el PSOE es mejor ser duro que complaciente, como demuestra el resultado obtenido por Puigdemont, decide no apoyar al PSC y provoca una repetición electoral? En ese supuesto, bastante probable, ¿podría presentarse Junqueras a unas elecciones que se celebrarían en octubre?

Pues no. Aquí la respuesta es rotunda. El líder de ERC está inhabilitado hasta 2031 por haber cometido un delito de malversación. Aunque el gobierno intentó desnaturalizar ese delito, el Supremo estableció que esa modificación afecta a la pena de prisión, pero no a la de inhabilitación. Se ponga como se ponga ERC e incluso la Generalitat, Junqueras no podría presentarse como cabeza de cartel de su partido en una hipotética repetición electoral en Cataluña. Cosa que sí podrá hacer Puigdemont.

Huir en el maletero de un coche y evitar así la acción de la Justicia le salió bien a Puigdemont. En lugar de la cárcel, ha vivido cómodamente en un chalet en Waterloo. Ahora, le gana las elecciones a ERC y encima, si hay repetición electoral, él podrá presentarse y Junqueras no. Para que luego diga Sánchez que el diálogo sana.

 

La última bala del independentisto e incluso del sanchismo es de fogeo.

El candidato a la Generalitat por el PSC, Salvador Illa (c), el presidente del PSC, Miquel Iceta (d), y la vicesecretaria primera, Lüisa Moret (i), durante la reunión de la comisión ejecutiva del PSC, tras el 12M.

No hubo que esperar ni 24 horas desde el cierre de los colegios electorales en Cataluña para que Salvador Illa y Carles Puigdemont anunciaran su intención de presentar su candidatura a la investidura como presidente de la Generalitat. El socialista, de hecho, lo anunció la misma noche electoral, y este lunes las direcciones de sus partidos les han avalado, pese a las evidentes dificultades que tiene el proyecto en el caso de Puigdemont, con 35 diputados y sin la baza que ha supuesto la mayoría de bloqueo independentista durante un década en el Parlament.

Illa gana pero la debacle de ERC complica un gobierno de izquierda

Salvador Illa celebró este domingo la victoria del PSC en las urnas recordando que "es la primera vez que el […]

Para llegar a ese punto, sin embargo, el primer paso será la constitución del nuevo Parlament, y con ella la elección de la figura clave en el proceso: el presidente del Parlament. Será él, o ella, quien decida qué candidato puede presentarse a la investidura, una decisión que en el caso del Gobierno corresponde al Rey, pero en la Generalitat depende del presidente de la cámara autonómica.

De hecho en 2021 Illa ya quiso someterse a una sesión de investidura, en su calidad de ganador de las elecciones, para romper con el precedente de Inés Arrimadas, que renunció a esta posibilidad pese a vencer en los comicios autonómicos de 2017. Pero la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, lo impidió aduciendo que no contaba con los apoyos necesarios.

El PSC tantea al PP

Por eso el primer paso clave de los socialistas será la constitución de la Mesa del Parlament y amarrar la presidencia de la cámara. Unas negociaciones en las que puede tener un papel clave el PP catalán, al que el 12M ha situado como cuarta fuerza del Parlament. De hecho, la portavoz del PSC, Núria Parlon, reconocía este lunes esa posibilidad.

Parlon descartó un pacto de gobierno con el PP, pero no cerró la puerta a llegar a acuerdos parlamentarios con los populares, como el de la Mesa. Los únicos vetos del PSC son Vox y Aliança Catalana, pero los socialistas van a hablar con todos los demás. Y lo harán rápido, porque la ejecutiva del partido designó este lunes a su equipo negociador, encabezado por la número dos del partido y jefa de campaña, Lluïsa Moret 

Junto a ella, los secretarios de organización y política municipal del partido, José Luis Jimeno y Joaquín Fernández, claves en la organización interna del partido diseñada por Illa en el congreso del pasado marzo; la número dos de la candidatura de Illa, Alícia Romero; el diputado Ferran Pedret y el secretario de programas, Javier Villamayor. independentismo.

El calendario

La Ley electoral fija un máximo de diez días para convocar el pleno de constitución del Parlament, lo que sitúa el plazo máximo en el 10 de junio, al día siguiente de las elecciones europeas. Y será Pere Aragonès, como president en funciones, quien convoque el pleno, vía decreto del Govern. Es la última bala del republicano para jugar con el calendario, aunque es poco probable que ERC quiera avanzar la cita, porque eso añadiría presión sobre cualquier pacto entre los partidos para escenificar pactos en la elección de los siete miembros de la Mesa.

El presidente del Parlament se escoge en una única votación, por mayoría simple. En una votación posterior se eligen a los dos vicepresidentes de la cámara, y en una tercera votación, los cuatro secretarios. Los partidos suelen pactar apoyos cruzados para garantizarse los asientos en el gobierno de la cámara, en el que por primera vez debería haber mayoría no independentista, vistos los resultados.

Pero de los pactos, y las cesiones, del PSC en la elección de la Mesa dependerá probablemente las alianzas posteriores para la investidura de Illa. Los socialistas, por tanto, tendrán que hacer encaje de bolillos en los próximos diez días.

Investidura o elecciones en octubre

Tras la constitución de la Mesa el presidente de la cámara tiene diez días hábiles para convocar la primera sesión de investidura tras una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, lo que situaría el inicio del debate en torno al 25 de junio. El candidato necesita mayoría absoluta en primera vuelta, pero puede someterse a una nueva votación dos días después, en la que podría hacerse con la presidencia gracias a una mayoría simple. Es decir, garantizándose la abstención de algún grupo, que impida el bloque de la investidura.

Si la elección no prospera, el presidente del Parlament puede repetir las rondas de contactos tantas veces como sea necesario, y proponer candidatos, durante un plazo de dos meses a partir de la primera votación. Superado ese periodo, en torno al 25 de agosto, si no hay president se procedería a la convocatoria automática de nuevas elecciones, en octubre.

 

«Son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo». (Lord Byron).

«Son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo». (Lord Byron).

El principio de división de poderes ya no es lo que era. Después de más de dos siglos desde la Revolución Francesa, no podemos decir que haya un solo poder legislativo ni  ejecutivo, y aunque en realidad sí hay un único poder judicial según la Constitución, incluso este está organizado territorialmente hacia dentro y presenta un importante matiz hacia fuera por la existencia de tribunales europeos e internacionales con jurisdicción propia. Valga como ejemplo el demostrado difícil encaje de la jurisprudencia del TJUE en nuestro entramado legal de corte administrativista.

Con respecto al poder legislativo, la cuestión se torna aún mucho más compleja. En cada centímetro cuadrado de nuestro suelo rigen conjuntamente tres poderes constitucionales o cuasi constitucionales (europeo, estatal y autonómico), cuatro poderes legislativos ordinarios (supranacional, europeo, estatal y autonómico), y cuatro poderes reglamentarios (estatal, autonómico, provincial y municipal). Se trata, sin duda, de un sistema jurídico muy complejo que cabe interpretar correctamente. La consecuencia, un BOE que echa humo y miles de normas que aplicar, no favorece en absoluto la seguridad jurídica.

Algunas de estas normas, sobre todo las que forman parte del bloque constitucional (Tratado de la Comunidad Europea, Constitución Española, Estatutos de Autonomía), establecen además las competencias que deben ejercer las distintas administraciones territoriales, por definición los ejecutivos (los gobiernos, el «poder» que nos faltaba). Pero no todas las administraciones tienen esa suerte de ver sus competencias listadas en negro sobre blanco y en normas de tan alto rango, y de hecho los Ayuntamientos, seguramente la administración que tiene más competencias o, de forma más precisa, servicios, deben acudir a un sinfín de normas, no ya tanto de régimen local como sectoriales, para saber qué les corresponde hacer. Pero, además de los servicios mínimos (art. 26 LBRL) y el listado oficial de servicios del art. 25 LBRL concretados por esa legislación sectorial, prestan «servicios impropios» que en principio le corresponderían a otras instancias territoriales, fundamentalmente las CCAA, pero que de hecho nunca llegaron a escapar de manos municipales, estando con ello bien prestados y mal financiados. Otras administraciones locales, como las Diputaciones, los Consejos, los Cabildos, las Comarcas o las Mancomunidades, pueden ayudar y ayudan a prestar los servicios municipales, siendo esta su razón de ser. También el sector privado es un actor importante a través de la gestión indirecta, eso a lo que los menos documentados llaman «privatización». Las posibilidades son muchas; lo difícil es acertar con la forma de gestión del servicio más eficiente en cada caso.

En cuanto a los diferentes niveles de gobierno territorial, se rigen por los principios de descentralización y desconcentración. Seguramente era la solución menos mala, pero sigue siendo un caos. En la práctica echamos de menos otro principio importante, el de coordinación. A la postre, unos tienen las competencias y otros teóricamente las pagan porque, sobre todo los Ayuntamientos, no podemos autofinanciarnos. Otras veces, la mayoría de hecho, las competencias son compartidas. De hecho se solapan. Abundan los conflictos de competencias, tanto los positivos (ambas Administraciones creen que deben actuar) como los negativos (ambas se desentienden), siendo nefasto este segundo caso para la ciudadanía y como mínimo engorroso el primero. Otras veces se firma un convenio que, sobre todo tras el cambio de legislatura, cae en el olvido y no se aplica. Mientras tanto, en cualquiera de nuestras provincias e islas tenemos Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos o Consejos, y delegaciones territoriales autonómicas y estatales, además de tres o cuatro cuerpos de seguridad. Y todo ello sin entrar en el proceloso mundo de los entes instrumentales.

Por otra parte, los principios de proximidad y subsidiariedad, otorgan un protagonismo importante a los Ayuntamientos como prestadores de servicios públicos. Vaya por delante que no es lo mismo un servicio que una competencia, como tampoco es lo mismo la autonomía local que la autosuficiencia financiera. La segunda partida más grande de los Presupuestos Generales del Estado es la de «Transferencias a otras AAPP». Paradójicamente, nunca hemos llegado a un nivel de financiación óptima de la Hacienda Local. Recordamos intentos fallidos, como el llamado «Plan Zapatero» de 2009, o la mismísima Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que curiosamente se amparaba en el eslogan «una administración una competencia». Ojalá.

Mientras tanto, los arts. 142 de la Constitución y 9 de la Carta Europea de Autonomía Local siguen hibernando en un perpetuo letargo. Pero sin autonomía financiera no hay autonomía local. Dice el art. 137 de la Carta Magna que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades (no solamente una de ellas) gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta reflexión viene al caso, porque como dijo Pedro Castro (ex Presidente de la FEMP, en su intervención en el Club Siglo XXI con la conferencia titulada «Gobiernos Locales y Democracia», enmarcada en el ciclo «Treinta años después….»), se trataría de «…avanzar de verdad en el desarrollo constitucional que se quedó en el rellano de las Comunidades Autónomas». Pero esto no va a ocurrir, porque los Ayuntamientos no tenemos el poder político de “presionar”, todo lo contrario que algunas CCAA.

Y es que no parece que las respectivas autonomías (ambas constitucionales), la de las Comunidades Autónomas y la de las Entidades Locales, sean fáciles de conciliar. Y menos en el presente momento de fortísima politización. Recordamos que en los primeros años de vigencia de la Constitución toda la fuerza descentralizadora fue absorbida por las CCAA. También recordamos perfectamente, unos veinte años más tarde, los tiempos del Pacto Local, y aquel desiderátum de cara a un futuro que podría ser hoy, casi necesidad, de que el segundo pacto se produjera entre las CCAA y las EELL. Pues bien, como todos sabemos el primer pacto fue más bien «un quiero y no puedo», tan bien intencionado como insuficiente, mientras que el segundo aún lo estamos esperando. En aquel contexto no muy positivo irrumpió la citada Ley de racionalización como un elefante en una cacharrería, para volver a enfrentar a las CCAA con las EELL. Y es que, a partir de un cierto tamaño del Estado, la descentralización es buena, pero el sistema de descentralización que concibió la Constitución, sobre todo su ejecución práctica, ha hecho aguas por todas partes. La conclusión es que tenemos demasiadas entidades públicas y algunas de ellas a su vez están demasiado dimensionadas, del mismo modo que dijimos que tenemos demasiadas normas. El «adelgazamiento de la Administración» es otro eslogan que nos quisieron vender, en este caso desde Europa, pero ya sabemos que no se cumplirá nunca.