Caso inédito en la Justicia "civilizada" mundial. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por revelación de secretos.

 

   El, de momento,  fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a sentarse en el banquillo de los acusados, por lo que su continuidad al frente del Ministerio Público es inviable desde cualquier punto de vista. Aun cuando siga convencido de su inocencia en la revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el deber profesional y moral de García Ortiz es irse. Un acusado como él no puede ni debe seguir impartiendo instrucciones y órdenes a los fiscales españoles para el ejercicio de sus funciones. No puede perseguir delitos quien va a ser juzgado por uno de ellos. Esta incompatibilidad entre la condición de acusado y la de fiscal general vive al margen de la presunción de inocencia. García Ortiz ha de asumir que el tribunal de apelación de la Sala Segunda del Supremo ha ratificado su imputación con una frase lapidaria, escrita en el largo, denso y detallado auto que se conoció ayer: la filtración del correo del abogado de González Amador «fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado, quien había reclamado el correo dos horas antes de su publicación con objeto de su difusión».

Es cierto que la decisión de ratificar la imputación de García Ortiz no ha sido unánime. Un magistrado ha emitido un voto particular a favor de su exoneración total. Sin embargo, la voluntad de un tribunal siempre la forma su mayoría y la diferencia de criterio entre los jueces responde a la libertad que cada uno tiene para valorar en conciencia el resultado de la investigación. Esa libertad, basada en la imparcialidad, es la que ha llevado al tribunal de apelación de la Sala Segunda a archivar el caso respecto de Pilar Rodríguez, la subordinada de García Ortiz. La exculpación de la fiscal jefe de Madrid refuerza aún más si cabe la solidez de la decisión frente a García Ortiz, porque demuestra que los magistrados han hecho una labor de discernimiento sobre la instrucción, evitando una decisión en bloque, carente de un análisis separado y pormenorizado de los indicios que afectaban a cada imputado. El auto que confirma la imputación de García Ortiz no prejuzga el resultado del futuro juicio oral, porque, como dicen los magistrados que lo firman, su misión no era condenar o absolver al fiscal general, sino decidir si había o no motivos suficientes para mantener la imputación. Y los hay, variados y suficientes, para ir a juicio oral.

 

  Políticamente, esta decisión perfila aún más una crisis institucional de la que solo son responsables García Ortiz y Pedro Sánchez, porque el Consejo de Ministros tenía motivos sobrados –y ahora ineludibles– para destituir al fiscal general del Estado en su puesto por incumplimiento grave de sus funciones. Aunque los hechos no fueran delito, García Ortiz se ha revelado como un maniobrero afín a los intereses partidistas del Gobierno y ha quedado descalificado para ostentar la jefatura de la Fiscalía. En pleno debate sobre la falta de una respuesta suficiente a la corrupción, y tras las críticas de la Comisión Europea a la injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales, la continuidad de García Ortiz aumenta el descrédito de España como Estado de derecho fiable y alineado con los valores de una democracia constitucional. La toxicidad de Sánchez en las instituciones tiene un límite que se ha superado holgadamente con García Ortiz, quien hace tiempo debió haber dado un paso a un lado para no seguir dañando a quienes dice proteger, los fiscales españoles, cuando el único interés que protege es el del Gobierno socialista.

 

El Magistrado del TS, Ángel Luis Hurtado acaba de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos

  

¡SE ACABÓ LA FIESTA DEL SANCHISMO¡

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha procesado este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la causa que investiga la filtrción de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid también ha sido procesada por el mismo delito.

Hurtado señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, "de común acuerdo" admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Un correo que le fue remitido por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Hurtado destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de González Amador, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.

¿Quién tirará antes de la manta, el Fiscal General, García Ortiz o el Exministro, Ábalos?.

 

El fiscal general amenaza con delinquir

En esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma moneda. García Ortiz se siente respaldado y por lo tanto es imposible que se le pueda pasar por la cabeza proceder contra ningún miembro del Gobierno que lo nombró para el cargo

En el desbarajuste que vivimos por la pérdida de toda referencia, nos hemos encontrado en las últimas horas con la entrevista al todavía fiscal general del Estado en el Canal 24 Horas de TVE. Ya sabemos que cuando todo se derrumba sólo se puede acudir a los periodistas de máxima confianza. Allá se fue don Alvarone García Ortiz a responder a las denuncias diciendo que «los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información de sobra que por supuesto no voy a usar jamás para insinuar o para filtrar de cualquier manera». La frase no tiene desperdicio.

Ese material «muy sensible» que manejan ¿les llega por la policía judicial? Si no es por esa vía, ¿es por declaraciones voluntarias de gente que acude a la Fiscalía a ofrecer informaciones que pueden revelar delitos? No sé si existe una tercera vía de información. Quizá sí. Pero la pregunta relevante es ¿si el fiscal general del Estado tiene informaciones que pueden conllevar la comisión de delitos, por qué no los ha denunciado ya? ¿Qué quiere decir tener «muchísima información» que no se usa para insinuar? Informar es una cosa e insinuar es otra. Si el fiscal general del Estado tiene datos concretos de faltas o de delitos cometidos por cualquiera, su deber es proceder contra ellos. Ya comprendo que no lo hace porque si, con la montaña de informaciones muy concretas que tiene sobre su mesa respecto a las actividades de la familia del presidente y del entorno gubernamental y partidista del señor Sánchez, no hace nada contra ellos, sería especialmente grave que insinuara nada contra terceros. Hasta ahí podríamos llegar.

La segunda parte de esta desfachatez gubernamental es la reacción unánime y sin matices de todos los ministros habidos y por haber, del PSOE y de Sumar, que han salido a defender al fiscal general como uno más de los suyos. Ni uno ha hecho una declaración diciendo que esto no ha pasado nunca y quizá fuera bueno que García Ortiz reconsiderara su situación tras abrirse el proceso de imputación. Nada, nada. Eso son detalles irrelevantes. La Oficina de Agitación y Propaganda de Moncloa -auténtica heredera de la AgitProp nazi- ha ido sacando un ministro tras otro a respaldar al fiscal general. Lo nunca visto. No solo es algo inédito porque es la primera vez en la Historia de España que el Supremo imputa a un fiscal general, sino porque nunca vimos a un fiscal general y un Gobierno considerándose tan hermanados en sus labores y objetivos. En esta semana nos han dejado muy claro que son dos caras de la misma moneda. De una moneda en la que ya no podemos incluir a la Fiscalía porque ayer vimos como don Alvarone fue derrotado por sus compañeros tanto en el Consejo fiscal como en la Junta de Fiscales de Sala.

Pero él se siente fuerte porque tiene el respaldo del Gobierno. Y, consecuentemente, es imposible que se le pueda pasar por la cabeza proceder contra ningún miembro del Gobierno que lo nombró para el cargo. Aquí, como con Lope de Vega en el siglo XVII, «Todos a una, Fuenteovejuna».

Manuela Carmena: "Me presento a la reelección como alcaldesa de Madrid por el bien de los madrileños y de España".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, aunque en reiteradas ocasiones haya manifestado que NO se volvería a presentar a las próximas elecciones municipales, para acreditar su desvergüenza política, ahora dice que SI se va a presentar a las “elecciones municipales”. Solo pone un condicional, ella elegirá los miembros de su candidatura –demócrata la muchacha-. Es todo un ejemplo de surrealismo:

Entre sus propuestas para la mejora y el desarrollo de Madrid, quiere colocar colilleros para votar y hacer encuestas, abrir escombreras como parques para que los pequeños jugasen o crear aparcamientos para mujeres son sólo algunas de las ‘ocurrencias’ de la exjueza. Otros temas, mucho más serios, han sido objeto de crítica por la mala gestión de la regidora. La falta de limpieza en las calles de la capital, la paralización del proyecto Castellana-Norte o la huída del grupo inversor Wanda del Edificio España son sólo unos ejemplos.

ABC: Manuela Carmena consiguió la alcaldía de Madrid con la lucha contra los desahucios como argumento estrella de su programa electoral: «Ahora Madrid ha de ser una ciudad libre de la lacra de la pobreza y de los desahucios».

La líder de la lista apadrinada por Podemos se comprometió a «poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda». El programa de su partido, Ahora Madrid, insistía en que «el problema de los desahucios y desalojos ha llegado a un punto insostenible; la vivienda es un derecho, como reconoce la Constitución» y, una vez más, Ahora Madrid se compromete a parar los desahucios».

Nada más acceder al cargo, Manuela Carmena declaró que los desahucios son un «escándalo social», pero la hemeroteca del diario ABC y de «El País» pone de manifiesto que la actual alcaldesa se dedicó como juez decana de Madrid a hacer todo lo contrario a lo que ahora promulga: agilizar los desahucios.

Tanto socialistas como podemitas saben que Madrid es del Partido Popular por los siglos de los siglos. Por tanto tienen que hacer una jugada con esta humanoide y mártir de los indignados. Todo un consuelo de fraternidad adobado con salsa de odio y mala leche fermentada.

El PSOE patrocina a VOX y tres partidos más de la extrema derecha que ninguno sacará concejalía, pero restarán, aproximadamente, los mis votos que PSOE y Podemos perderían con sus restos.  De modo que si el PP no dobla en votos a uno de los dos partidos que, actualmente, ostentan la alcaldía, difícilmente puede alcanzar obtener mayoría. La suma PP/Cs, además de no ser buena consejera, ciutadans no apoyaría al PP, a menos, que se quede a uno o dos concejales del mandato absoluto.

No hay que ser una eminencia para deducir que Cs quiere debilitar al PP cara a las elecciones generales. Por ejemplo, tres años y medio gobernando el PSOE de Susana Díaz en Andalucía con el apoyo de Cs y, ahora, saca a relucir las tropelías socialistas.

Pero, en realidad, el problema no es Cs puesto que de sobra el PP tiene guardada bastante artillería en la chistera como para oscurecer de una vez por todos al partido catalán. Si, Cs es un partido independentista prueba de ello es, por ejemplo, en Gandía pactaron con los independentistas para que gobernase el PSOE de la alcaldesa, Diana Morant imputada por un supuesto delito de prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos y coacciones. Cs aun le sigue apoyando.

En Madrid no es tarea fácil sacar mayoría absoluta, pero si otras veces lo ha conseguido ¿por qué esta vez no lo puede lograr?

Manuela Carmena llegó a LA ALCALDÍA aupada por  Podemos CUANDO Podemos era Podemos. Cuando eran el paraíso del descontento cobarde del 15-M. Pero ahora pretende afianzarse en la alcaldía a costa  del partido que la catapultó. No deja de ser paradójico que de aquel movimiento antisistema, asambleario y juvenil solo haya quedado, al cabo de los años y los desengaños, una mordedora de 74 años con una más que evidente postura dictatorial. Posiblemente, Manuela quiera zafarse de los podemitas radicales que tiene por presentes en sus concejalías y hasta incluso del poder absolutista de Pablo Iglesias. Pero esta maniobra araña a los madrileños su poder decisorio en cuanto al voto de inepcia, pero voto y esa guerra es la que interesa al PP, porque el PSOE, muy a pesar del favoritismo de las encuestas está muerto y ya lo llevan a enterrar.  Los partidos políticos tienen que rendir cuentas y responder de su pasado. Manuela Carmena es experta en hacer propios sus méritos que pocos o ninguno ha tenido y deméritos todos los ajenos. No hay que olvidar que el equipo de Carmena está inmerso en 5 delitos de malversación.

Para resumir, si el PP quiere la alcaldía de Madrid se tiene que apoyar en las redes sociales y en la solvencia crediticia de sus incondicionales. Abro fuego: Manuela Carmena cometió un delito de alzamiento de bienes que el ministerio de justicia de Zp le solventó con un “prescrito”, cuando  realmente no es así, Manuela y su marido hicieron una venta ficticia de sus bienes a la comunista, Cristina Almeida y….se les olvidó pagar sus correspondientes impuestos a la hacienda pública que si comunicó a la poco piropeada, Almeida dicho débito. Por tanto no había prescrito.

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