Cuando Aragonés despreció a la bandera española, Sánchez se tuvo que retirar del acto.

 

El Presidente de la Generalitat, dialogando con Pedro Sánchez,  despreció a la bandera española, mientras Sánchez veneraba sublimemente la señera Catalana.

 

Cada día confío menos en la justicia. Dar plenos poderes al Poder Judicial sería el mayor error que podríamos cometer. Están más divididos que los políticos y con más mala leche que los políticos. Ayer, cuando Aragonés, despreció la bandera de España, Pedro Sánchez tenía que haber dado por finalizado el diálogo. Hoy, LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, deberían haber procesado con inhabilitación  cautelar a Pere Aragonés, hasta después del correspondiente juicio quedaría apartado de la política como, en su día, quedó Torra. En todas, todas y todos los actos oficiales, siempre tiene que estar presente la bandera española. La siguiente bandera, la comunitaria también, pero no es de obligatorio cumplimiento.

 

 

Doblado el espinazo, inclinada la cabeza, Pedro Sánchez ha honrado a la señera que es la bandera de una región de España. Pedro Aragonès ha contestado de forma miserable, retirando la bandera española, la bandera constitucional de todos.

 

Interlocutores de las redes sociales han puesto a parir al presidente del Gobierno español. Han hecho humor turbio con él. Le han dedicado burlas hilarantes. Le han despedazado. Le han recordado que se ha puesto al frente de la caravana política de las concesiones y las vejaciones. Me parece injusto. En este caso, el presidente del Gobierno español ha hecho lo que debía hacer: honrar a una bandera autonómica El que se ha comportado como un truhan es Pedro Aragonès, como preludio de lo que piensa hacer a lo largo de toda la negociación. Consciente de la debilidad de Sánchez, que le necesita para mantener la mayoría parlamentaria, el presidente de la Generalidad está dispuesto a abofetear a España en los carrillos de Sánchez. 

El líder socialista jamás debió acceder a una negociación de tú a tú. Ha ofendido a la democracia porque cualquier negociación política de envergadura tiene su mesa en el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía nacional, la voluntad general de los españoles libremente expresada.

 

Pedro Sánchez pretende estirar la relación con sus complicados aliados parlamentarios para no tener que convocar elecciones anticipadas. Bajo el rebenque del secesionismo, genuflexo ante los diputados independentistas que le proporcionan la mayoría, Pedro Sánchez carece de una política coherente y firme y camina desde hace muchos meses dando tumbos. Le han cruzado la cara una vez más en Cataluña. Y no han sido los catalanes. Han sido los secesionistas que solo representan a una parte minoritaria de Cataluña y que se aprovechan de la debilidad sanchista para fortalecer la imagen de una relación tú a tú con España cuando Cataluña es una más de las diecisiete autonomías conforme a lo establecido en la Constitución española.

Lo independentistas (39.2%, incluido el PNV) envían un mensaje a Sánchez: “O indultas a todos los presos políticos y de ETA o cambiamos apoyo por guerra. Además de marcar fecha para el referéndum” catalán.

Todos parecen haber ganado las elecciones del 28ª y la realidad evidencia todo lo diferente. En Cataluña, epicentro del procés que ha marcado la legislatura y la campaña, ofrecen conclusiones dignas de tener en cuenta. Cabe constatar que el voto del miedo a VOX sirvió -como en otros feudos de la izquierda- para movilizar a PSC y ERC, que por primera vez gana unas generales, pero también que el independentismo se queda en 39,2% de los sufragios, muy lejos de su añorada mayoría. 

Frente a la estrategia abiertamente rupturista de Puigdemont, los de Junqueras se han beneficiado de un camuflaje táctico de su naturaleza radical, a la espera del momento más conveniente para relanzar su proyecto de segregación. El auge de ERC puede interpretarse asimismo como mensaje de presión al Supremo y a Sánchez para que se abra a los indultos. Cs mantiene su posición en escaños aunque sube en votos, y el PP no desaparece gracias al buen desempeño de Cayetana Álvarez de Toledo, que logra su escaño.

La situación del constitucionalismo en Cataluña sigue siendo difícil: sufre la violencia real y simbólica del nacionalismo. Los precedentes nos impiden esperar de Sánchez esfuerzo alguno en defensa de los constitucionalistas acosados en Cataluña. Pero sería más vergonzoso que, no necesitando a los separatistas, continuase su política de cesiones para facilitarse la gobernabilidad al precio de ahondar la fractura social.

Los lazos de Torra cuestionan el poder judicial del Reino de España.

Que unos lazos color mierda hayan sido un problema agónico para el sistema democrático español es síntoma más que evidente de que la democracia, en España, tiene daño y vicios ocultos. Además, Quim Torra amenaza con una querella a la JEC. 

Que su mantenimiento o retirada de los edificios públicos se ha convertido en la prueba del algodón sobre la neutralidad que demanda cualquier orden electoral aunque se vote en cajas de cartón. ¿Alguien pensaba que Torra acataría, sumisamente y sin rechistar, el ultimátum de la Junta Electoral Central? ¿Realmente alguien pensaba que la orden de retirar los lazos amolaría al siniestro personaje o que perjudicaría las expectativas electorales del independentismo? El secesionismo catalán ha convertido el lazo amarillo, utilizado históricamente en diversas reivindicaciones, en símbolo por la liberación de sus presos. Uso legítimo y amparado por la libertad de expresión, salvo cuando lo hacen suyo instituciones del Estado que a todos nos deberían representar. En este caso entra en colisión con la legalidad y, por tanto, la Justicia debe actuar. Cosa que no hizo, al menos hasta que fueron convocadas las elecciones del 28-A. La Justicia en España casi siempre llega tarde y a destiempo. Si durante el procés hubiese actuado con premura, por ejemplo el primer día en que alguien desobedeció al Tribunal Constitucional, otro gallo nos habría cantado. Probablemente habría actualmente unos cuantos políticos inhabilitados, pero no tendríamos juicio en el Supremo, ni bizantinas discusiones sobre golpismo, rebelión o naturaleza de la declaración unilateral de independencia. Ni cabezas de listas electorales en la cárcel. Ni políticos presos, ni presos políticos. Ni lazos amarillos. Ni lazos blancos. Ni la Justicia cortó por lo sano entonces, ni después consideró oportuno pronunciarse sobre el gran lazo amarillo que desde hace meses preside la sede de la Generalitat. Da igual, a los efectos de mi razonamiento, el porqué de su inacción: por no estimarlo constitutivo de delito o por tolerancia en un asunto de escasa enjundia. Lo cierto es que ni fiscales, ni jueces se pronunciaron sobre los lazos amarillos.

Posteriormente  vino Ciudadanos, interesado electoralmente en avivar las llamas de la hoguera catalana, y planteó la cuestión ante la Junta Electoral. Adviértase que este organismo no tiene por finalidad perseguir delitos, sino garantizar la limpieza de las elecciones y la neutralidad de las instituciones públicas en el proceso. El propósito de su ultimátum sería el de quitarle al secesionismo un arma de propaganda. Al igual que en su día le prohibió al partido en el Gobierno cortar cintas e inaugurar obras. Pero la decisión de la Junta tiene el efecto contrario al pretendido: multiplica el impacto propagandístico de los lazos, crea barullo y sitúa la pelota donde le conviene a Torra. Y así andamos, al compás de quienes desean convertir las del 28-A en las elecciones de los lazos amarillos, blancos y el puterío berberecho de un terco y sucio catalán.

Antes de que se divida España, por suerte, se dividirá el PSOE. ¡A por ellos¡

Sánchez-Page, presidente de Castilla-La Mancha y socialista en curso, advierte a Pedro Sánchez: «Antes de que se divida España se dividirá el PSOE». Esperemos que así sea. ¿Por qué hace esta advertencia García-Page? Porque incluso un socialista puede darse cuenta de que Sánchez está poniendo en peligro la España actual, la España de la Transición. 

La España regida por una Constitución democrática. ¿Qué peligro? Sánchez ha mendigado una reunión con el presidente Torra. Un presidente autonómico con aires de jefe de Estado. Que es, además, un racista malo, o sea, Quim Torra. Dijo, en su artículo La llengua i les besties publicado en El Mon: «Los españoles son bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN». Torra apoya públicamente a los golpistas catalanistas. Siempre lleva el lazo amarillo -dicen que duerme con él- que simboliza el apoyo a los citados golpistas. Declaró a la prensa: «Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo. Hagamos como ellos». Es decir, reclama para Cataluña la llamada vía eslovena que supuso 78 muertos y cientos de heridos. Aparte del disparate de comparar a Yugoslavia con una democracia como España.

Con este racista/golpista quiere dialogar el doctor Sánchez. Pero Quim Torra Torra no se conforma con cualquier cosa. Quería una cumbre, como si se tratara de dos jefes de Estado. Sánchez ha intentado engañar a la opinión pública haciendo creer que se trataba de una reunión habitual. ¡Qué mentiroso es! Necesita los votos de los separatistas antiespañoles para seguir en la silla presidencial y en el Falcon.  Vacaciones en Doñana. Una buena pensión de expresidente, prebendas presidenciales, etcétera. ¿Y qué quiere dialogar? Dado que el racista Torra quiere -y lo ha dicho públicamente- la independencia de Cataluña a las bravas y también ha dicho que quiere tratar la autodeterminación de Cataluña, ¿qué hay que dialogar? Un presidente digno rechazaría de plano estas exigencias inconstitucionales.

Pero Pedro Sánchez quiere diálogo (falso diálogo) porque el sillón es más importante que la Constitución y que España. Pero su obsesión es dialogar con golpistas, comunistas y separatistas, no con el PP. Y menos con Vox. Miente con el diálogo. ¿Ha dialogado la familia de Laura Luelmo con su asesino? No. Que se aplique la ley.

De un mentiroso se puede esperar cualquier cosa. 

Cuando okupó el sillón presidencial, expulsando a Rajoy, con el apoyo de comunistas, batasunos, y separatistas antiespañoles, dijo que convocaría elecciones «en breve». Mentir es algo habitual en este presidente. Plagió su tesis doctoral. Comportamiento vergonzoso que debería provocar su dimisión. Le da igual. Quiere el poder al precio que sea. ¿Ha sido Sánchez el primer socialista traidor a España y a los españoles? No. Su precedente cercano es Rodríguez Zapatero. En noviembre de 2003, el candidato a la presidencia del Gobierno, Rodríguez Zapatero, visitaba Barcelona para dar ánimos al PSC de cara a las elecciones. Dijo una peligrosa estupidez: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». Es decir, una manera de apoyar las previsibles reivindicaciones soberanistas. Colaboró, con su progresismo barato, a la dramática situación que ahora vive Cataluña. Zapatero quería que los independentistas estuvieran más cómodos. Ya saben, el encaje para los que desprecian a España. El diálogo socialista con delincuentes golpistas es, realmente, una traición. En un Estado de Derecho.

Zapatero habló con ETA, no para que le dijeran cuándo y cómo entregarían las armas, sino para dialogar. Llegar a acuerdos con los criminales. Pero no con el Partido Popular. En Febrero de 2015 se reunió con el dictador comunista Raúl Castro. Despreciando a la oposición democrática. Igual que ahora Sánchez. Es lo que se puede esperar de tipos así. Ahora apoya a Maduro. Si miramos atrás, en 1974, tras la llegada al poder de Felipe González, el PSOE defendía lo siguiente: «La definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español». Ya mostraban su desprecio por la unidad de España. Y siguen siendo amiguetes de los separatistas. Antes llamados nacionalistas periféricos. Ahora -para los que no están en Babia- separatistas antiespañoles y golpistas. Sánchez y algunos compañeros de viaje -como el comunista Iglesias- quieren, una «España plurinacional». Sosa Wagner contestó duramente a esta suicida estupidez progre en un artículo en El Mundo: España ¿nación de naciones? Entre los que apoyan el gobierno sanchista, está el citado Iglesias, que defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña y el País Vasco. A pesar de que ni la Constitución -democrática- española ni la ONU, reconocen el derecho de autodeterminación. Excepto para las colonias.

Esperemos que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones generales porque no pueda aprobar los Presupuestos, o por una moción de censura de PP y Cs, o por cualquier otro motivo. Motivos sobran, y no sería necesario perder más tiempo si Sánchez tuviera la decencia de cumplir con su palabra.Este es el panorama del socialismo con talante. En el año 2012, la editorial Planeta publicó el libro de José García-Abad, El hundimiento socialista, en el que se elabora un detallado análisis de la historia del PSOE, desde la Transición hasta la actualidad. Actualidad que confirma (ya desde Rubalcaba) el cataclismo histórico del socialismo en España. Esperemos que Pedro Sánchez haga un favor (involuntario) a España y a los españoles. Que hunda, aún más, al PSOE sanchista. 

Este PSOE, de Zapatero, Sánchez y similares, no es un partido que sirva a la estabilidad democrática y el progreso de España. Al contrario, se ha convertido en una preocupante desgracia, tan peligrosa como sus falsos dialogantes amigos: separatistas, batasunos, comunistas y golpistas. Los amigos de este PSOE sin escrúpulos.

Pedro Sánchez y Quim Torra, el hijo tonto de Puigdemont retan a la España decente a una guerra civil

No hay precedentes en la historia de España de una traición tan canallesca, tan perversa, tan ruin, tan innecesaria y tan miserable como la perpetrada entre Pedro Sánchez y Quim Torra en perjuicio de la soberanía nacional.  

Pedro Sánchez ha diseñado un paquete de transferencias para contentar a los independentistas de cara a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Entre otros traspasos, el jefe del Ejecutivo pretende transferir el Poder Judicial, las políticas de inmigración y protección civil.

Pedro Sánchez quiere lograr como sea el respaldo de los separatistas para poder continuar en el poder. Y el orden de los nuevos traspasos de competencias a la Generalitat para contentar a los hombres de Torra, Puigdemont o Junqueras ya está definido. Entre esas nuevas cesiones se encuentra el fraccionamiento del Poder Judicial, el control de las funciones de protección civil y la “participación” en la gestión de la inmigración.

Hay que recordar que la Justicia es básica para los golpistas porque les permitiría controlar posteriores procesos judiciales relacionados con el separatismo; la protección civil es clave por motivos obvios; y la inmigración ha sido ya utilizada por CiU en el pasado para introducir inmigrantes no hispanohablantes y marginar de esa manera el uso del castellano en Cataluña.

El plan pasa por dar estas competencias a la Generalitat que, para lo que sería necesaria una primera reforma de la Constitución y su sometimiento a referéndum en toda España para poder ampliar la capacidad de cesión de cuotas de poder a los separatistas. Y es que los traspasos y sumisión que plantea Sánchez no caben en el actual marco constitucional.

Los socialistas han recuperado con este fin un viejo texto: el elaborado en julio de 2017 y conocido como Declaración de Barcelona. Aunque, tan sólo con un pequeño cambio: y es que en aquella época, cuando se redactó originalmente, era el voluntarista plan de un PSOE sin poder real; y hoy es el plan de acción de un presidente del Gobierno atrapado y dispuesto a entregar lo que sea con tal de seguir en La Moncloa.

Los socialistas han incluido esta Declaración como explicación detallada dentro del plan oficial de acción elaborado por el PSC para 2019: el mismo plan que conforma la hoja de ruta de negociación con los separatistas. Y allí se destaca que tras “la Sentencia del Tribunal Constitucional, existen cuestiones en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron declaradas inconstitucionales más por cuestiones legales de forma que de fondo. En consecuencia, en este ámbito existe margen de actuación para impulsar un desarrollo normativo –que incluye la reforma de normas de ámbito estatal ya existentes o, en su caso, la aprobación de algunas nuevas– que profundicen en el autogobierno de Cataluña”.

Y esas nuevas cesiones abren el siguiente plan de acción: “En este sentido, vamos a impulsar: La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial”. Es decir, que el Poder Judicial catalán sería autónomo del nacional: algo que dejaría manos libres al Ejecutivo de Torra para manosear las futuras decisiones sobre procesos relacionados con el separatismo.

Otro de los puntos de cesión sería “la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el Partido Popular y la aprobación de una nueva normativa para las entidades locales, que garantice plenamente la autonomía local y su suficiencia financiera”: en resumen, gastar sin medida ni control del déficit, teniendo en cuenta que, pese a esa eliminación de topes, los ayuntamientos catalanes seguirían respaldados por los sistemas de rescate financiero nacionales.

También se prevé reconocer “la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia y que ajuste la delimitación provincial a las veguerías proyectadas tal y como recoge su Estatuto”. “En este ámbito también defendemos la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de Haciendas Locales y, en su caso, la LOFCA y la Ley General Tributaria para reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los gobiernos locales”, añade.

Además, se plantea “la presentación de una proposición de ley en las Cortes Generales que contemple la necesidad de un acuerdo previo con los gobiernos autonómicos para las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales” y la “culminación del traspaso de las transferencias pendientes y de los recursos necesarios para hacerlas efectivas en temas tales como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ejecución de la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales”.

Y, por si fuera poco, “la modificación de las normas necesarias para reforzar la ya prevista participación de la administración catalana en materia de inmigración”. Todo ello, teniendo en cuenta que los separatistas ya han privilegiado la inmigración no hispanohablante para poder implantar en los inmigrantes el catalán y marginar el castellano.

Quim Torra, que tiene las horas contadas como abad de Cataluña, no quiso decir ESLOVENOS, sino ES-LO-MENOS

Margarita Robles,  ministra de Defensa,  ha cuestionado la legitimidad del presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que este pusiera la vía eslovena a la independencia como modelo para Cataluña y permitiera los cortes de carretera de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) sin ordenar la intervención de los Mossos.

“Quien alienta alteraciones de orden público, no cumple sus responsabilidades de Gobierno y favorece vías violentas no está legitimado para ostentar responsabilidad política”, ha dicho la ministra. Si “fruto de la iluminación o de la falta de sentido de la responsabilidad” un gobernante permite que vías públicas estén cortadas durante 15 horas, en alusión a la AP-7, “es alguien que, desde el punto de vista democrático, no está legitimado para el ejercicio de ninguna función pública”, ha insistido.

La ministra se ha referido a Torra, sin citarlo, como “insensato” y le ha recordado que la obligación de los responsables políticos es prestar servicio a los ciudadanos y “garantizar la libertad, la convivencia y la democracia”.

Robles ha hecho estas declaraciones tras un acto celebrado en el Cuartel General del Aire en Madrid con motivo del 40º aniversario de la Constitución, en el que han sido distinguidos 40 militares y personal civil del Ministerio de Defensa que “no salen en los titulares” y trabajan “discreta y abnegadamente” para garantizar el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

En su discurso, en presencia de la cúpula militar, Robles ha querido “lanzar un mensaje claro a aquellos que desde la iluminación y la falta de principios democráticos quieren poner en riesgo nuestra convivencia: el marco de la Constitución es el marco democrático y no es tocable”.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre, ha subrayado que “los ejércitos deben mucho a la Constitución y la Constitución debe mucho a los ejércitos”. Tras asegurar que la paz es mejor que cualquier conflicto, ha advertido de que “la paz no surge de la nada, sino que hay que trabajarla cada día”.

Preguntada por una hipotética intervención del Ejército en Cataluña, la ministra se ha mostrado “segura” de que los propios ciudadanos catalanes rechazan los “planteamientos violentos” de Torra. “Por suerte, el señor Torra no representa a la totalidad de los ciudadanos de Cataluña, que se han caracterizado siempre por defender los valores de la libertad y la democracia”.