Puigdemont, "España no
pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo"
El Tribunal sardo que debe
decidir sobre la entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a
las autoridades españolas ha fijado la primera vista para el próximo 4 de
octubre y ha dejado al político independentista en libertad sin medidas
cautelares, por lo que mantiene la libertad para viajar fuera de Italia.
Cuando el independentismo
presentó las candidaturas de varios de los implicados en la celebración del
referéndum del 1-O, entre ellos al fugado Puigdemont, tenía ya dos claros
objetivos: desde el punto de vista político, involucrar a las autoridades
europeas en la agenda procesista. Desde el punto de vista legal, generar un
embrollo procesal que dificultase la labor de la justicia española como
consecuencia de la inmunidad que adquiriría Puigdemont como parlamentario
europeo.
Llarena envía a la Justicia
italiana la euroorden "en vigor" contra Puigdemont
Aragonès exige la puesta en
libertad de Puigdemont y culpa al Estado español de "buscar venganza"
Cuando ya nos habíamos
acostumbrado a su tournée impune por media Europa, anoche nos sorprendió la
noticia de su detención en Cerdeña, Italia, como consecuencia de una orden
dictada por el juez instructor de la causa del 1 de octubre, Pablo Llarena,
cuya vigencia ha noqueado al procesismo. Porque en la explicación al estupor
causado está el quid, que debe leerse no sólo en clave jurídica sino principalmente
política.
Efectivamente, han corrido
ya ríos de tinta sobre la negativa de la justicia alemana y belga de poner al
president de la república fabulada catalana a disposición de la justicia
española por el delito de sedición: la primera consideró que, al no existir en
el ordenamiento jurídico teutón un delito equivalente, sólo cabría entregar a
Puigdemont para que se le juzgase por malversación, algo que el juez español
rechazó. La segunda cuestionó la competencia de la autoridad judicial española
y su imparcialidad, lo que condujo a Llarena a plantear una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que
éste se pronunciase sobre el alcance y efectividad de las euroórdenes.
Pero no es la pendencia de
esa consulta formulada por Llarena al TJUE la que puede obstaculizar la entrega
del detenido a España para ser juzgado y, en su caso, condenado, por el
Tribunal Supremo -paso previo imprescindible a la concesión del indulto-, sino
la postura del gobierno español en el procedimiento iniciado por Puigdemont
ante la justicia europea para evitar la retirada de su inmunidad parlamentaria.
Se lo voy a intentar explicar de forma que lo puedan comprender sin incurrir en
un lenguaje excesivamente técnico.
Vamos, que el gobierno
español se comprometió en sede judicial a retirar la orden de detención, siendo
esta cuestión competencia del tercer poder independiente del estado, el
judicial".
Hay que remontarse al 9 de
marzo de este año, fecha en la que el Parlamento europeo acordó la retirada de
la inmunidad a los fugados electos, entre ellos el susodicho, que en mayo
recurrió al TGUE para que declarase nulo ese acuerdo, solicitando además la
adopción de medidas cautelares para que se dejase sin efecto la retirada de la
inmunidad en tanto que se resolviese su recurso. Pues bien, en este
procedimiento cautelar, que finalmente se desestimó, parece ser que el gobierno
español realizó, por boca de la Abogacía del Estado, una serie de
manifestaciones que comprometen la vigencia de la euroorden dictada por el juez
Llarena. Concretamente, el párrafo 54 de la Orden del Vicepresidente del
Tribunal de 30 de julio presenta el siguiente tenor literal: Lo que viene a
decir es que las autoridades españolas declararon expresamente en su solicitud
que quedaban suspendidas las órdenes de detención contra los demandantes
(Puigdemont y cía), afirmando también que, como consecuencia de ello, ningún
tribunal de un país europeo podría ejecutarlas en tanto se resolviera la
cuestión de nulidad planteada por Puigdemont.
Vamos, que el gobierno
español se comprometió en sede judicial a retirar la orden de detención, siendo
esta cuestión competencia del tercer poder independiente del estado, el
judicial, cuya anuencia por lo visto no se recabó. Algo que confirmó ayer el
propio Tribunal Supremo cuando aclaró que la detención se produjo en aplicación
de la orden dictada por Llarena, que sigue vigente.
Por eso leerán ustedes en
los titulares de la prensa que los letrados de Puigdemont van a acudir a la
justicia europea para impedir su entrega, es decir, para hacer valer la palabra
dada por el Ejecutivo de Sánchez en detrimento de lo acordado por una
resolución judicial.
No cabe duda de que nos
encontramos ante una flagrante injerencia del Gobierno en la labor de la
justicia, que además se perpetró mientras aquél cocinaba unos indultos
aberrantes y arbitrarios para Junqueras y su troupe. Nada podía perturbar la
paz social catalana anunciada por Pedro, aun a costa de comprometer la
actuación de la justicia, a la que se atrevió a tildar de vengativa. Una palada
más en la tumba que Su Persona está cavando con sus propias manos para enterrar
en ella a la independencia judicial.
Difícil lo va a tener
Llarena para liberarse de esta tela tejida en torno a él por la tarántula
venenosa del 'sanchismo'.
