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Begoña Gómez pide excedencia en Inmark, el Gobierno de su marido pagaba 138.000 euros/mensuales.

 

La mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Begoña Gómez

La mujer de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Begoña GómezEP


La consultora Inmark, a la que el Gobierno contrata encuestas, guarda una plaza a Begoña Gómez: «Está de excedencia»

  • El Gobierno de Sánchez adjudicó contratos por 138.000 € a una consultora siendo accionista su mujer


La consultora Inmark Europa, a la que cuatro ministerios del Gobierno han adjudicado contratos para la realización de encuestas, mantiene a día de hoy reservado un puesto laboral para Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. En total, desde el Ejecutivo se ha otorgado a esta empresa un total de 138.000 euros. Mientras se firmaban estos contratos, la mujer de Sánchez mantenía intereses económicos en la compañía a través de un paquete accionarial. Este asunto, desvelado en exclusiva por El Debate, está ya siendo investigado por la Fiscalía.
 
«¿Begoña Gómez sigue manteniendo la excedencia que pidió en su día?», ha preguntado este periódico a Manuel López, CEO de Inmark. «Sí, claro», respondió. La mujer de Sánchez comenzó a trabajar en la consultora en 1999 y la abandonó en 2018, justo cuando su marido llegó a La Moncloa. Durante los últimos años que estuvo en la empresa ocupó el cargo de responsable de los equipos de España y Portugal. Entre las especialidades en las que trabajó Begoña Gómez se encuentran la banca, los seguros, la alimentación, las bebidas, los automóviles o las ONG. Al tener un puesto de alta dirección, Begoña Gómez contaba con un equipo de gerentes, coordinadores, jefes de equipo y más de 550 comerciales a su cargo.
 
Al dejar el trabajo pidió una excedencia, que mantiene a día de hoy. También mantuvo un paquete de acciones del que no se deshizo hasta junio de 2022. Durante el tiempo en que ella ha sido accionista, el Gobierno ha adjudicado cinco contratos a Inmark. «Begoña mantenía una participación accionarial mínima porque nosotros a todos los directivos, para vincularlos con la compañía, les fijamos un plan para que fueran accionistas», sostiene el CEO de la empresa. El primero de los contratos se otorgó desde la dirección general de Política Comercial y Competitividad el 10 de diciembre de 2018. En aquel momento, ese departamento dependía directamente de la entonces ministra Nadia Calviño.
 
El importe del contrato fue de 17.998,75 euros y su objeto fue la elaboración de un «estudio de tendencias del consumidor español». Adif, la empresa pública que gestiona el ferrocarril en España dependiente del Ministerio de Transportes, fue el segundo organismo que contó con los servicios profesionales de la consultora de la que era accionista Begoña Gómez. En este caso, el contrato se firmó el 25 de julio de 2019 y el importe fue de 27.795 euros. Al igual que en el anterior expediente, en esta ocasión también se recurrió a Inmark para la realización de un estudio. «La realización de estudios para medición de kpis» figura en el contrato. Es decir, un análisis sobre la calidad, el clima laboral, la imagen de marca y la reputación de Adif.
 
Ese mismo día, Transportes fichó una vez más a la empresa donde tenía acciones la mujer de Sánchez. Se le encargó llevar a cabo el mismo estudio pero por algo más de dinero. En esta ocasión, el importe fue de 33.631,95 euros. Las instituciones públicas Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (el 15 de junio de 2021) y la Sociedad para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (el 30 de diciembre de 2020) también recurrieron a Inmark y les adjudicaron respectivamente contratos de 55.148,93 euros y de 4.114 euros.

Investigaciones judiciales

Estas adjudicaciones a Inmark Europa –a día de hoy «inactiva por extinción»– siendo accionista de la consultora Begoña Gómez, que suman 138.000 euros, figuran en la causa judicial que ha abierto el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y, desde este martes, también por un delito económico. Por el momento, la causa, que lleva el juez Juan Carlos Peinado, está bajo secreto de sumario.
 
En concreto, en una de las dos denuncias se mencionan las informaciones desveladas por este periódico y se pide al Ministerio Público que se investiguen. «Inmark Europa se define como una empresa multiservicios que se dedica a contratar vendedores para desarrollar campañas comerciales de duración limitada», comienza. «Y aunque desde la absorción la querellada dejó de ocupar cargos en el nuevo Consejo de Administración, no obstante al parecer pasó a ser accionista de la misma, poseyendo entre un 1 y un 1,5% de las acciones», continúa.
 
Seguidamente, se enumeran los contratos que hasta cuatro ministerios han adjudicado a la consultora siendo accionista Begoña Gómez y se pide que se investigue. «Pues bien, a Inmark Europa SA, según se ha publicado en varios medios, se le han adjudicado contratos desde el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de ser su esposa socia», añade. Por último, la querella a la mujer de Sánchez sostiene que para poder llevar a cabo algunas de estas adjudicaciones «se ajustó su valoración al límite, pues la ley establece que pueden adjudicarse como contratos menores aquellas contrataciones de servicios de hasta 15.000 euros y el presente contrato se valoró en 125 euros menos del límite establecido»

Nadia Calviño miente más que Pedro Sánchez. Se ha equivocado, intencionadamente, en todas sus previsiones.

 


El informe económico del Banco de España (BE) del último trimestre de este año es sencillamente demoledor para el Gobierno. La institución rebaja el crecimiento previsto para 2021 al 4,5% y el del año próximo al 5,4%. Es una diferencia sustancial frente a las previsiones del Ejecutivo, que preveía un aumento del PIB del 6,5% para este año y del 7% para el próximo.

 

No hablamos de unas décimas, las típicas diferencias tiquismiquis entre sesudos servicios de estudios, sino ante recortes esenciales. Estamos hablando de que la economía va a crecer casi un 30% menos de lo previsto por el Gobierno este año y casi otro 25% el año que viene.

 

Los presupuestos generales del Estado (PGE) se hacen en base a las previsiones macroeconómicas que elabora el Ministerio de Economía. Pues bien, esas estimaciones han saltado por los aires y la ministra Calviño no tendrá más remedio que rectificar y decirle a Bruselas que los cálculos que le entregó en octubre de este año ya no sirven.

 

El Banco de España justifica su revisión a la baja por diversos factores: los nuevos rebrotes del Coronavirus (la variante ómicron ya forma parte del análisis); la escasez de materias primas; los cuellos de botella en las cadenas de valor, y, sobre todo, por las tensiones inflacionistas provocadas por la subida de los precios de la energía.

 

La inflación no sólo no va amainar, sino que en 2022, según el boletín del BE, subirá al 3,7%. Y, ¡cuidado!, porque también advierte en este escrito del peligro de traslación de esas tensiones a los precios finales y al incremento de costes salariales. El año que viene es muy probable que aumente la conflictividad laboral como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir la mayoría de los trabajadores. Un escenario complicado para un gobierno de izquierdas.

 

Según el Banco de España, la economía crecerá un 30% menos de lo previsto para este año y un 25% por debajo de lo que estima el Gobierno en 2022, si es que crece.

 

El problema que tiene el Presupuesto es que mientras los ingresos públicos van a ser sensiblemente más bajos por el menor crecimiento de la economía, los gastos van a ser los mismos. El Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de sacar adelante en las cámaras un Presupuesto para 2022 que bate el récord histórico de gasto público. Obnubilado por la propaganda política y la llegada de fondos europeos, el presidente ha dado luz verde a unas cuentas que van a disparar el déficit público muy por encima de los previsto (un 8,4% sobre el PIB este año y un 5% el próximo).

 

Todo ello en un contexto en el que el Banco Central Europeo (BCE) acaba de acordar esta semana un recorte muy importante en la compra de deuda para el próximo año. En 2021 el BCE ha comprado cerca de 120.000 millones de deuda española. El próximo año muy esa cifra se rebajará a la mitad. Los costes financieros del Estado van a subir y también la deuda. Eso, en la antesala de una subida de tipos, que los expertos auguran para el último trimestre de 2022 (algo que ya ha acordado la Reserva Federal de EEUU).

 

Por ahora, el Gobierno vive en Disneylandia porque Bruselas está haciendo la vista gorda con el déficit y la deuda, en virtud de una política monetaria laxa motivada por el Covid. Pero esa permisividad (mucho más ahora tras el cambio de Gobierno en Alemania, cuya cartera de Finanzas está en manos del halcón liberal Christian Lindner) va a cambiar a partir de 2023.

 

Mientras aquí en España los medios han puesto el foco en la disputa por la política lingüística y el pacto con ERC (cuyo coste es ridículo: 15 millones de euros, según Rufián), la economía de verdad echa el freno. El margen para los regalos y la demagogia se ha reducido según pone de manifiesto un frío y serio informe de una institución independiente, como lo es el Banco de España.

 

Ahora entendemos por qué el Gobierno está tan preocupado por las instituciones que no controla. Pero, por suerte, aún tenemos a funcionarios como Hernández de Cos, que no llaman a Moncloa antes de emitir sus informes.

Merkel: "Las bolsas europeas se mueven en función de las encuestas sobre Díaz Ayuso (PP).

 

Hace unos días, la Ministra de Economía, Nadia Calviño, decía que a economía española crecería negativamente, un oxímoron propio del corrupto que se ve en manos de la justicia internacional. Nadie se esperaba, lo que ha ocurrido entre la primavera de 2019 y la de 2021, el fenómeno Ayuso ha hecho que el huracán de la desesperanza amainase hasta dejar la mar como una balsa de aceite y el viento en calma chicha.

Decía hace unos días, Ángela Merkel, que el Dax Xetra, bolsa de Alemania, al igual que otras bolsas europeas se mueven en función de las encuestas sobre la candidatura de Isabel
Díaz Ayuso y eso, no deja otro libre pensamiento que los madrileños y españoles en general quieren poner fin a la dictadura socialista y empezar otra “vida” llena de trabajo y futuro.

Isabel Díaz Ayuso prometió una rebaja fiscal “histórica”. El periodo transcurrido entre esas dos fechas, sin embargo, refleja lo que cuesta convertir un anuncio en realidad. Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a airear estos días esa promesa para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cierto es que no la ha hecho realidad en el año y medio que ha gobernado; que le negó a Vox una rebaja del IRPF mientras negociaba los Presupuestos; y que los técnicos de la consejería de Hacienda alertan de que no hay margen para alegrías fiscales en medio de la histórica crisis de recaudación que ha provocado la pandemia. Quizá por eso, el programa electoral del PP no le pone fecha al compromiso. “En los próximos años plantearemos una rebaja de impuestos” decente.

El que no suba el IRPF, ya es signo de holgura en el asalariado.

“Cada vez que alguien ataque nuestra autonomía fiscal, nos tendrá en frente”, dijo el 10 de abril,  Díaz Ayuso sobre el proyecto del Ejecutivo central de armonizar al alza los impuestos autonómicos. “Y digo más: ante la voracidad fiscal del Gobierno, mantengo mi firme compromiso de acometer la mayor rebaja de la historia de la Comunidad de Madrid”. Lo que crea confianza en el inversor como para recuperar la suma de todas las rebajas a muy corto plazo.

 

Ayuso: “En política económica apostamos por la rebaja de impuestos, como garantía de crecimiento y prosperidad”. “Bajaremos la tarifa autonómica del IRPF, porque ya no tendremos la oposición de Vox que, por cierto, prefiero no gobernar a tener que hacerlo con ellos y, de esta forma  beneficiar a tres millones de madrileños e impulsar la economía y el empleo”, sigue el programa, publicado por el PP y también distribuido en los chats de apoyo a la candidata. Y se prometen rebajas a sectores específicos: “A los jóvenes para favorecer su acceso a la vivienda [se podrían deducir hasta 1.200 euros del alquiler y hasta 1.000 de la hipoteca tras comprar la vivienda habitual]; a las familias [700 euros de deducción por hijo durante tres años; y hasta 450 en las cuotas sociales de cuidadores de descendientes y ascendientes]; a los arrendadores [10% de los gastos para mantener la vivienda, o contratar su aseguramiento]; y a las empresas [hasta 9.000 euros por adquirir acciones de nuevas compañías que creen empleo indefinido]”.

La corrupción e ineficacia de sus ministros, su mujer y su necedad en política, obligan a que Pedro Sánchez adelante las elecciones al 3-02-19


Blog de Juan Pardo

El Presidente del Gobierno del Reino de España, en Guatemala admite que como consecuencia de la postura incívica de los independentistas catalanes y la falta de aprobación de los PGE, las turbulencias se han disparado y, posiblemente, haya adelanto de las elecciones. Aunque en realidad es porque  su mujer, Begoña Gómez  va a ser procesada, de inmediato, por un tribunal de EEUU, asunto relacionado por el caso Grupo Inmark (Oxfam).

Aquella bandera de recuperación con enmienda democrática que enaltecía, Pedro Sánchez, su a su llegada a La Moncloa fue un espejismo propulsor de demagogia aplicada que ha terminado como el Rosario de la Aurora.  El caso de hoy, referente a la ministra de Economía, Nadia Calviño, nunca tenía que haber pasado y tanto ella como la ministra de Justicia, Lola Delgado no tenían que haber aceptado dichos ministerios. Tras las justificadas dimisiones de Màxim Huerta y de Carmen Montón, el Gobierno ha decidido olvidarse de sus promesas de transparencia y ha impuesto el silencio como pauta de comportamiento, lo que le delata más y mejor. El primero que se negó a dar explicaciones fue el propio Sánchez, de cuya fraudulenta tesis los españoles no han podido saber nada, ni cómo se redactó ni cómo se formó el tribunal que le concedió la máxima nota. Como tampoco se pudieron conocer los detalles de la sociedad creada por Pedro Duque para pagar menos impuestos por su chalé, ni por qué se mantuvieron en su puesto La Lola Delgado, a pesar de que quedó demostrado que se reunió varias veces con el corrupto comisario Villarejo, o Borrell, tras conocerse que la CNMV le impuso una multa por usar información privilegiada cuando era consejero de Abengoa.

Y para no dejar en evidencia al que supuestamente era el Gobierno más cualificado de la democracia, Isabel Celaá salió ayer en defensa de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y de la secretaria de Estado de Deportes, María José Rienda, pese a que ambas crearon sendas sociedades instrumentales para pagar menos impuestos. La primera cuando se compró una casa; la segunda, según publicó este periódico, a la hora de tributar por sus ingresos sobre derechos de imagen en su etapa de esquiadora profesional. Al igual que han hecho Calviño y Rienda, Celaá se negó a dar más explicaciones y a valorar un comportamiento tributario que, antes de ser presidente, Sánchez consideraba poco ético, tal y como expresó en Telecinco en 2015 en referencia a Monedero: "Es inmoral crear una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería". 

Esa persona, concluyó tajante, "al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva". Callar ahora es un acto de cinismo que no se merecen los ciudadanos españoles. Quizá por eso Susana Díaz ha intentado marcar distancias con Pedro Sánchez, ante el que perdió en las primarias para ocupar la secretaría general del PSOE y con quien nunca ha mantenido una relación fluida. En la que quizás sea la campaña más personalista de cuantas hayan protagonizado los socialistas andaluces, con una candidata que ha adoptado los métodos populistas de primar su nombre antes que el del partido, Díaz aludirá lo menos posible a la política nacional. Y limitará a solo dos días la presencia del presidente en Andalucía e intentará no coincidir con los ministros que participen en la campaña. Díaz sabe que más que una ayuda, Sánchez y su Gobierno podrían convertirse en un lastre para revalidar su mayoría en las urnas, ya que los votantes andaluces se muestran bastante críticos con la alianza del líder socialista con los independentistas catalanes, de quienes en última instancia depende la aprobación de los Presupuestos. 

En Andalucía, los asuntos relativos a la unidad de España y a la solidaridad interterritorial, cuestionadas discursivamente desde Cataluña, pueden pasar factura a una candidata que nunca ha ocultado sus deseos de dar el salto a la política nacional. Los andaluces, sin embargo, tienen la oportunidad de mostrar su rechazo a un Gobierno que en tan solo seis meses ha dilapidado las expectativas que generó tras el triunfo de la moción de censura contra Rajoy.

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