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Marlaska, un ministro en precario que lucha contra la Guardia Civil.

 Marlaska saluda a varios mandos de la Guardia Civil.

Marlaska saluda a varios mandos de la Guardia Civil. EP

El domingo 11 de febrero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acudió a la capilla ardiente del guardia civil David Pérez (nacido en Sariguren, 43 años, dos hijos de 9 y 6 años, miembro de los GAR), instalada en la Comandancia de Pamplona. El guardia murió arrollado por una narcolancha en la noche del viernes en el puerto de Barbate. Los narcos derribaron la zódiac con su potente embarcación y, tras caer los agentes al agua, pasaron sobre ellos. De los seis que iban en la banca neumática, dos agentes murieron y otro tiene seccionado un brazo: las hélices de la narcolancha actuaron como cuchillas.

Grande Marlaska quiso colocar sobre el féretro del guardia una condecoración, pero su viuda se negó. No sólo una, sino cuatro veces. "Él no lo hubiera querido", se la escuchó decir entre sollozos. Su dolor, su enfado, era compartido por la mayoría de los civiles y agentes uniformados que se encontraban en el acto. Muchos aplaudieron, incluidos algunos guardias.

Una vez concluido el acto, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, se acercó a una agente, que había aplaudido el gesto de la viuda de David Pérez, y la recriminó a gritos públicamente. La bochornosa bronca fue presenciada por algunos testigos que no daban crédito a lo que estaban viendo.

Marlaska ha propiciado un cierto clima de terror tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Criticarle o solidarizarse con los que le critican puede suponer una represalia, un toque de atención, una sanción o algo peor.

En la encuesta del CIS del mes de enero (última que incluye valoración de ministros), el titular de Interior aparece como el farolillo rojo del Gobierno (con una media de 4,13). El dato es sorprendente. Normalmente, los ministros del Interior suelen ser bien valorados, ya que de ellos dependen dos de las instituciones con mejor imagen entre los ciudadanos: la Guardia Civil y la Policía. No obstante, Marlaska ha superado el récord de permanencia en el cargo, habiendo superado crisis tan graves como la que se produjo tras la muerte de, al menos, 37 personas en la valla de Melilla.

Parece gozar de una especial protección por parte del presidente. Cuando las asociaciones de guardias civiles y algunos partidos pidieron la dimisión del ministro tras conocerse los detalles del crimen de Barbate, los ministros salieron en tromba a apoyarle. Al preguntarle un periodista por su posible salida de Interior al propio Marlaska, éste fue rotundo: "No pienso dimitir".

La muerte de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate es, por supuesto, culpa de los narcos que les arrollaron vilmente entre los aplausos de algunos vecinos. Pero la secuencia de los hechos apunta a una responsabilidad directa del máximo responsable de Interior.

El subdelegado del Gobierno pidió a la Comandancia de Cádiz que actuara para ahuyentar a las narcolanchas de Barbate

El primer gran error de Marlaska fue el desmantelamiento del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (conocido como OCON-Sur). Esta unidad de élite, creada en 2018, logró importantes éxitos en la lucha contra los traficantes de droga que operan en la zona del Campo de Gibraltar. El apartamiento de su jefe, el coronel David Oliva, por una investigación que aún sigue abierta, llevó a que los 150 agentes que componían el OCON-Sur fueran redistribuidos en sus antiguas comandancias. El hecho, como ha confirmado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no fue comunicado a la Fiscalía por parte del Ministerio del Interior. Y eso es grave.

Los guardias civiles de las comandancias de Cádiz tienen que enfrentarse a una auténtica mafia, con capos tan poderosos como Abdellah El Haj Sadek El Membri, más conocido como 'El Messi del hachís' o el clan de Los Castañas, que utilizan medios sofisticados para traer la droga desde Marruecos a las costas españolas. Además de narcolanchas, usan drones de gran tamaño, radares e incluso submarinos indetectables, como ha contado Irene Dorta en El Independiente.

Durante mucho tiempo, sobre todo a raíz de la desaparición de OCON-Sur, los guardias han denunciado internamente e incluso públicamente la falta de medios, su inferioridad técnica y material para enfrentarse a los clanes de la droga. El trágico suceso del pasado viernes es la prueba más palpable de ello. Cinco días después, todavía cinco embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil siguen sin poder ser utilizadas por avería.

La pregunta a la que todavía no ha respondido Interior es por qué y quién decidió que los seis guardias civiles salieran en en una pequeña zódiac a enfrentarse a una narcolancha de mayor tamaño y mucho más potente.

Según diversas fuentes consultadas, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, avisado de que en el puerto de la localidad había cuatro narcolanchas a resguardo por el mal tiempo, habló con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, y le puso al corriente de la situación. Este, a su vez, habló con el jefe de la Comandancia de Cádiz (de la que depende Barbate), el coronel Luis Martín Velasco, que, según las mismas fuentes, fue el que dio la orden a los agentes para que subieran a la zódiac e intentaran disuadir a los narcos.

En una situación normal, seguramente Velasco hubiera disuadido al subdelegado del Gobierno de iniciar cualquier acción contra las narcolanchas, dado que él conocía que las embarcaciones mejor preparadas estaban averiadas. Pero decidió actuar.

Las consecuencias son las que ya se conocen. El estilo Marlaska implica que ningún mando de la Guardia Civil puede poner peros a una autoridad política. Las destituciones de dos coroneles como Sánchez Corbí y Pérez de los Cobos han resultado ejemplificadoras.

Los hechos del pasado viernes están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número uno de Barbate. Hay seis detenidos como presuntos autores de la muerte de los guardias civiles. Esperemos que la investigación aborde todos los extremos de lo que ocurrió en la noche del 9 de febrero.

Marlaska adiestra a los generales del ejército para un más que previsible GOLPE DE ESTADO.

 EL GOLPE DE SÁNCHEZ

Ante el golpe de Sánchez

La amnistía se quiere conceder a cambio de un puñado de votos que Sánchez necesita para ser investido antes del día 27 de este mes. Votos que dependen de un prófugo perseguido por graves delitos. Su condición, tras la amnistía, es un referéndum de autodeterminación, lleve el nombre que lleve

La definición de Kelsen va a misa y no hay que repetirla: está en marcha un golpe de Estado. Se diferencia del de Tejero y del catalán en que esta vez el golpista es el Gobierno de la nación. Esta circunstancia permite a Sánchez revestir la destrucción del sistema con un manto de legalidad. De la ley a la ley se hizo la Transición y de la ley a la ley se urde la destrucción de su legado, el tesoro de una democracia liberal. En el nuevo salto de la ley a la ley se perderá un ingrediente connatural a cualquier sistema de libertades: la legitimidad. Comprender esta separación entre lo legal y lo legítimo es crucial.
 
El principal instrumento del autogolpe es una ley de amnistía. La quiebra democrática se producirá en el momento en que entre en vigor. Recordemos los puntos principales que hacen tal ley inadmisible; cada uno por sí solo es letal; juntos son una bomba antijurídica. Los principales puntos concernientes a su inconstitucionalidad son los que siguen:
Está prohibido expresamente el indulto general, y la amnistía es un indulto general ampliado.
 
Se quiebra del principio de igualdad al dotar de impunidad a una parte de la clase política y a sus partidarios violentos.
 
Se quiebra el principio de jerarquía normativa: una ley no puede pasar por encima de la Constitución. Si una mayoría parlamentaria permitiera soslayar la Constitución, el Título X, dedicado a su reforma, sería papel mojado.
Se quiebra la independencia del Poder Judicial y el principio de división de poderes. El Parlamento simplemente no puede pasar por encima de las resoluciones de los jueces y tribunales, y la ley de amnistía anularía sentencias condenatorias firmes y obligaría a archivar procedimientos en curso.
 
Se quiebra el principio según el cual los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
 
La amnistía también viola el Tratado de la UE, que se fundamenta, entre otros, en los valores de democracia e igualdad. Más allá de su antijuridicidad, la amnistía se quiere conceder a cambio de un puñado de votos que Sánchez necesita para ser investido antes del día 27 de este mes, fecha en la que las Cortes quedarán disueltas si no hay investidura. Ese puñado de votos dependen de un prófugo perseguido por graves delitos. Su condición, tras la amnistía, es un referéndum de autodeterminación, lleve el nombre que lleve. Tal escenario toparía con dos graves objeciones: el derecho de autodeterminación no opera en España; la unidad de España es el fundamento de la Constitución.
 
Puede que finalmente no se apruebe la amnistía por las excesivas exigencias de los golpistas catalanes. Pero si se aprueba, España no será una democracia, legalidad y legitimidad se separarán, la razón abandonará al Estado y pasará directamente y sin intermediarios al pueblo español, el sujeto de soberanía. Lo que procederá a partir de entonces lo reservamos para próximas entregas. Solo un adelanto: Sánchez no se saldrá con la suya.

 

Interior (Marlaska) oculta los gastos de cada ministro en escoltas en sus “”viajes privados””.

 


Por Juan Pardo

juanpardo15@gmail.com

https://blogdejuanpardo.blogspot.com/

Blog de Juan Pardo

Interior (Marlaska) oculta los gastos de cada ministro en escoltas en sus “”viajes privados””. 

Pero triplica al resto de todos los ministros de la UE.

Por ejemplo, Carmen Calvo iba y sigue yendo  todos los fines de semana a países como Canadá, su último y enésimo marido es el jefe de sus escoltas. Calviñó, la que más viaja, solo en un fin de semana en Suiza pagó o le pagaron 275.000 € de hospedaje de escoltas…...

El Ministerio del Interior ha negado la transparencia información sobre los costes de cada miembro del Gobierno en escoltas en sus viajes privados alegando que se trata de información que tiene «carácter reservado». De esta forma, el Consejo de Transparencia ha instado al departamento de Marlaska a informar de este gasto desde enero de 2020 hasta la actualidad, desglosados por servicios prestados y miembro del Ejecutivo afectado, ya que asegura que esa información no es reservada.

 

Además, según la resolución dictada por el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska deberá enviar a la persona que le pidió estos datos el número total de solicitudes de escoltas cursadas en el mismo periodo, especificando las que fueron concedidas. Asimismo, tendrá que remitir a la ciudadana interesada una copia de la normativa existente en relación a la posibilidad de que los miembros del Gobierno soliciten y obtengan servicios de escoltas en sus viajes privados.

La persona que solicitó estos datos presentó su solicitud de información el pasado mes de diciembre, pero Interior no le contestó en el plazo estipulado y reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

 

El Ministerio del Interior le contestó poco después pero denegándole el acceso a esa información alegando que tiene «carácter reservado» y que su «divulgación a personas no autorizadas» puede «generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma».

 

En concreto, según el ministerio, no cabe conceder acceso a la información relativa a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos, y a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, así como a todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a los que se haya atribuido la calificación de reservado.

 

Transparencia constata que el acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 que regula la clasificación de materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales otorga «con carácter genérico», la clasificación de reservado a las plantillas de personal y de medios y de equipo de las unidades y a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos así como de las Unidades, Centros u Organismos de las Fuerzas Armadas y de los Centros de Producción de material de guerra.

 

No se puede extender a todo

También da esa calificación a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, según Transparencia, ese carácter reservado no abarca también de modo genérico «a todos los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

 

A su juicio, tampoco pueden entenderse como ‘secretos o reservados’ los documentos necesarios para la preparación o ejecución de los planes de protección, puesto que considera «evidente» que no están «vinculados a la actuación de las Fuerzas Armadas» ni a la «seguridad y la defensa del Estado».

 

Además, Transparencia sostiene que no «cabe objetivamente apreciar que el acceso a la documentación y a los datos solicitados pueda poner en riesgo la seguridad de las personas objeto de protección o la de los agentes encargados de la misma».

 

«Tampoco se advierte que el conocimiento público del coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas», argumenta Transparencia que recuerda que siempre se pueden omitir ciertos datos si se estima pertinente en este sentido.

Por Juan Pardo

juanpardo15@gmail.com

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Blog de Juan Pardo

Marlaska vuelve en patera a Marruecos para pedir asilo político.

 


Marlaska vuelve en patera a Marruecos para pedir asilo político.

Los policías denuncian que la Dirección General no les ha facilitado la obtención de un título universitario, como acredita la disposición de la ley de 2015

Nuevo frente judicial para el Ministerio del Interior. 250 oficiales de policía han interpuesto varios recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la resolución de la Dirección General de la Policía (DGP), de mayo de 2021, por la que convocó el proceso selectivo de acceso a la escala de subinspección del Cuerpo. Un oposición en la que se ofertaban 345 plazas, a la que no pudieron presentarse cerca de 5.000 oficiales —el rango previo a subinspector— por no tener una titulación universitaria.

  Por Juan Pardo

juanpardo15@gmail.com

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Los recurrentes, sin embargo, no han acudido a los tribunales por la obligatoriedad de este nuevo requisito para ascender en la Policía, sino porque la Dirección General, según denuncian, «ha cambiado las reglas del juego» sin cumplir previamente con lo prometido: la opción de que los agentes que no tuviesen carrera pudiesen cursar una en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, en un plazo de seis años desde 2015. Fecha final en la moratoria para la exigencia de titulaciones en los ascensos policiales, según fija la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de junio, del Régimen de Personal de la Policía Nacional.

 

En el párrafo segundo de la Disposición Transitoria Primera de la mencionada norma, este departamento aseguraba que «llevaría a cabo todas las actuaciones necesarias, tendentes a facilitar la obtención de las titulaciones referidas en el párrafo anterior —se refiere a su obligatoriedad para ascender— por parte de los policías nacionales que no estuvieran en posesión de las mismas, con el fin de posibilitar su promoción interna».

 

Siete años después, sin embargo, el proyecto del Ministerio del Interior para la puesta en marcha de la conocida como universidad policial todavía no se ha puesto en funcionamiento. Hace dos semanas, el ministro Fernando Grande-Marlaska manifestó que «esperaba que este centro pudiese comenzar a funcionar el próximo curso». «En unos pocos meses lo tendremos totalmente operativo», dijo el titular de Interior sobre el proyecto para el que se dispusieron cuatro millones de euros en 2015.

 

En cualquier caso, este retraso ha imposibilitado la obtención de títulos a miles de policiales, ahora afectados, dejándolos «en la más absoluta indefensión y abandono». «La Dirección no ha creado ni ha puesto en marcha ningún mecanismo, instrumento, plan o medio para facilitar que los funcionarios de la Policía que promocionan y ascienden internamente, obtengan las titulaciones requeridas». Una actuación que «no tiene amparo legal ni justificación», advierte el recurso.

 

A pesar de la «claridad en la redacción de la obligación adquirida legalmente por la DGP», ahora, «de buenas a primeras y sin respetar dicha normativa», denuncian los recurrentes, se exige una titulación para poder promocionar internamente y acceder a las correspondientes categorías superiores. Lo que, a su juicio, es «un claro ejemplo de incumplimiento de las legítimas expectativas puestas en la obligación adquirida por la Administración a la que pertenecen los funcionarios policiales que, al jurar y tomar posesión del cargo, como no puede ser de otra manera, tienen el objetivo, reconocido por Ley, de promocionar, ascender y desarrollar su carrera profesional en el Cuerpo», advierten.

Los agentes, en este caso, hacen mención al artículo 40 de la propia Ley Orgánica 9/2015, que convierte en obligatorio el requisito de poseer un título universitario para ascender. El precepto dice que «la carrera profesional de los funcionarios de la Policía Nacional se configura como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, conforme a los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad y, en su caso, antigüedad».

 

Facilitar a los agentes sin carrera la obtención de ella, además, es un punto que incluso se recoge en el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Centro Universitario de la Policía, argumentan también en el recurso los afectados. Entre las responsabilidades de esta institución «están las de desarrollar e impartir los cursos y programas formativos de acceso a las Escalas Ejecutiva y Básica de la Policía Nacional, y llevar a cabo la programación y la ejecución de los cursos relacionados con la promoción interna de los funcionarios de la Policía Nacional, con excepción de aquellos encomendados al Centro de Altos Estudios Policiales», dice la norma.

Por todo ello, los policías solicitan al juzgado que cancele la exigencia de la titulación universitaria en la pasada convocatoria para que así todos los funcionarios policiales, en la categoría de oficial, puedan «concurrir en igualdad de condiciones» a la oposición con los «mismos requisitos que existían antes de la entrada en vigor de la mencionada Disposición Transitoria Primera». Una normativa, denuncian, «que ha sido incumplida por quien precisamente quiere aplicarla ahora en el proceso selectivo en cuestión».

 

Con anterioridad a la vigencia de la norma de 2015, existían dos opciones para ascender en la escala policial, ambas sin la obligatoriedad de tener un título universitario. La primera, por concurso oposición, que consta de un examen teórico, otro psicodélico y un caso práctico. La segunda precisa del requisito de antigüedad en el Cuerpo, y además, una prueba psicotécnica y una entrevista personal.

 Por Juan Pardo

juanpardo15@gmail.com

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