En las últimas horas, el Ejecutivo suma nuevas vías de agua en el ámbito doméstico, judicial, parlamentario e internacional. El plan del presidente para revitalizarlo no ha tenido efecto
El «punto y aparte» que anunció Pedro Sánchez el
lunes de la semana pasada no ha servido para taponar las vías de agua
que acumula un Gobierno que aún no ha cumplido el medio año de vida. Más
bien al contrario, en las últimas horas al casco de su embarcación se
le han abierto nuevas grietas.
La
confirmación del fracaso de la gira europea del presidente en busca de
países que reconozcan el Estado de Palestina a la vez que España; el
expediente abierto por la Junta Electoral Central al CIS por su encuesta
flash de la semana pasada; la decisión del juez instructor del
caso Begoña de encomendar la investigación a la Unidad Central Operativa
de la Guardia Civil; la comparecencia de José Luis Ábalos en la
comisión de investigación sobre la trama corrupta en el Senado; el
incidente diplomático con la República de Argentina provocado por el
ministro Óscar Puente.
También,
el tercer informe de las Cortes contra la ley de amnistía; la
convocatoria de una nueva manifestación contra esa norma; y Carles Puigdemont reiterándole a Sánchez que,
o gobiernan los dos, o no lo hará ninguno. El Gobierno ni siquiera pudo
disfrutar, este lunes, de la noticia de que España haya superado por
primera vez los 21 millones de empleados. Puesto que el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recordó a los
socialistas que urge un ajuste para reducir el déficit público y que la
baja productividad sigue siendo un lastre para la economía española.
En
lo que se refiere al Estado palestino, el Consejo de Ministros de este
martes no aprobará aún su reconocimiento, como había pedido Yolanda Díaz al presidente. Pero sí será antes de las elecciones europeas. En cualquier caso, este lunes quedó confirmado que, como adelantó El Debate, solo Irlanda reconocerá Palestina a la vez que España.
Tanto Sánchez como
el primer ministro irlandés escribieron en sus cuentas de la red X
sendos mensajes aludiendo a ese inminente reconocimiento coordinado. En
abril, Sánchez se reunió con los mandatarios de Noruega, Irlanda,
Portugal, Eslovenia, Malta y Luxemburgo y mantuvo contactos con los de
Estonia, Polonia, Finlandia y Grecia. Trató de persuadir a todos ellos
de la importancia de una acción conjunta en la UE, pero solo en el
irlandés encontró el apoyo que buscaba.
Pedro Sánchez y el primer ministro de Irlanda, Simon Harris
Este lunes también se reunió la Junta Electoral Central y decidió abrir un expediente contra el CIS y contra su presidente, José Félix Tezanos, por el sondeo que elaboró a propósito de la carta de Sánchez a
la ciudadanía. En él preguntaba por la independencia de los jueces y
hacía una estimación final de voto para las generales en plena campaña
de las catalanas. El domingo, en una entrevista en El País, el propio presidente defendía a Tezanos: «Le podrá gustar más o menos, pero es un catedrático de Sociología».
Pero
es que la JEC fue más lejos y también ordenó a TVE compensar al resto
de partidos por la entrevista que la cadena pública le hizo al líder del
Ejecutivo en el prime time del lunes de la semana pasada, horas después
de anunciar que se quedaba. El PP denunció, al hilo de ambas
decisiones, que el Gobierno «hace de la manipulación institucional su
bandera».
En paralelo, el caso Begoña sigue su curso. El juez que ha abierto diligencias previas contra la mujer del presidente, Juan Carlos Peinado,
no se ha plegado a las presiones del Gobierno ni de la Fiscalía (que
recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo
del caso). Este lunes se conoció que Peinado ha encargado la
investigación a la UCO de la Guardia Civil, que es también la unidad que
lleva dos años tratando de desbrozar la trama corrupta vinculada a la
operación Delorme.
Ilustración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez
A este último respecto, a los socialistas les podría ir aún peor de no ser porque José Luis Ábalos
fue una tumba en su comparecencia en la comisión de investigación del
Senado. El exministro de Transportes hizo todo lo posible por evitar
comprometer lo más mínimo al partido en el que ha militado 43 años y que
ahora le tiene suspendido de militancia de forma cautelar. «Yo no voy a
defender a nadie, pero no voy a acusar a nadie», anunció al comienzo. Y
eso hizo. No obstante, el solo hecho de ver a Ábalos declarando sobre Delcy Rodríguez y sobre los contratos del Gobierno en pandemia en la Cámara Alta fue un trago para el PSOE.
En la comisión de investigación
Ábalos evita inculpar al PSOE en el Senado y garantiza su silencio: «Soy inocuo»
A mayores, el Gobierno y el PSOE se esforzaron ayer por cerrar filas en torno a Óscar Puente
en público, cuando en privado algunos empiezan a preguntarse si el
ministro de Transportes no está yendo demasiado lejos en su papel de
«dóberman». Puesto que, esta vez, sus excesos verbales no se han quedado
en un asunto doméstico, sino que han provocado un incidente diplomático
con un país en el que operan más de 130 grandes empresas españolas.
Este lunes, el Gobierno de Javier Milei dio por zanjado el episodio por boca de su portavoz, Manuel Adorni, Pero no sin antes reiterar que un ministro extranjero no puede acusar al presidente argentino de drogarse.
Por
la tarde, el Senado hizo público otro informe contra la amnistía, que
se suma a los emitidos por el CGPJ, los letrados de la Comisión de
Justicia del Congreso y los letrados del Senado. Y también a las
objeciones expresadas por los juristas de la Comisión de Venecia, aunque
el Ejecutivo tratara de enmascararlas.
El letrado adscrito a la comisión parlamentaria que lleva la tramitación de la norma en la Cámara Alta, Eugenio de Santos,
alertó negro sobre blanco de «distintas infracciones que afectarían a
principios y derechos fundamentales tanto de la Constitución como de los
tratados de la Unión Europea y a obligaciones impuestas por el Derecho
de ésta». Entre los que citó el principio de legalidad en materia penal,
el de seguridad jurídica, el de igualdad, el derecho a la tutela
judicial efectiva y a la defensa y la vulneración de las obligaciones
impuestas por el Derecho de la UE en materia de terrorismo y de
protección de los intereses financieros de la Unión.
Por
si fuera poco, el PP anunció una nueva manifestación en contra de la
ley para el día 26 de mayo, cuando probablemente ya haya sido aprobada
de manera definitiva por el Congreso. A los populares no les será
difícil superar la discreta cifra de 12.000 manifestantes que congregó
el PSOE hace diez días en Ferraz, cuando supuestamente Sánchez estaba a punto de dimitir
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