El informe no vinculante de los letrados del Congreso de los Diputados no puede ser más claro: la proyectada Ley de Amnistía es anticonstitucional aparte de que no resulta ni legal ni socialmente necesaria. Los juristas de la Cámara se expresan con una rotundidad poco frecuente. Se han complacido en vapulear al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y lo han hecho con una argumentación jurídica apabullante.
Sin embargo, desde mi punto de vista, el fondo de la cuestión no reside en aquello que el dictamen de los letrados refleja. No se trata de si la amnistía es o no constitucionalmente aceptable porque veladuras jurídicas se pueden extender sobre la mayor parte de las leyes, incluida la Carta Magna.
Lo que no se puede digerir bajo ningún concepto es que se articule una Ley de Amnistía a cambio de siete votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez. Ni jurídicamente ni sobre todo éticamente se puede estar de acuerdo con una maniobra tan deleznable. El do ut des -Ley de Amnistía a cambio de siete diputados- repugna a la razón y a la moral. Y todavía empeora la jugarreta cuando se hace público que los delincuentes amnistiados han participado en la ley que los libera del delito. Se trata de una “autoamnistía”, como ha dicho el expresidente socialista del Gobierno Felipe González.
El despropósito que Pedro Sánchez quiere llevar adelante es de tal calibre que corporaciones de máxima solvencia y responsabilidad como las distintas agrupaciones de jueces han hecho pública su hostilidad ante el dislate. En todo caso, conviene evitar que el sanchismo consiga lo que está consiguiendo: derivar el debate a amnistía, sí, o amnistía, no desde el punto de vista jurídico.
Hay que reiterar cien veces que lo que se rechaza de forma contundente es el plato de lentejas de siete escaños pagado por una Ley de Amnistía que permita regresar en triunfo a Cataluña al prófugo golpista Carlos Puigdemont, político que ha cometido el gravísimo delito de perpetrar un golpe de Estado contra la España democrática.
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