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La Ley Helms-Burton: una
espada de Damocles sobre inversores durante 23 años
EEUU va a permitir demandas
contra personas y empresas que se hayan beneficiado de activos nacionalizados
por el régimen de Fidel
Estados Unidos va a permitir
a sus ciudadanos -incluyendo a los cubanos nacionalizados y a sus
descendientes- a demandar a las personas y empresas que se beneficien, directa
o indirectamente, de activos nacionalizados por el régimen de Fidel Castro. Eso
significa que al menos 6.000 demandas por valor de 8.000 millones de dólares
(7.000 millones de euros) pueden ser litigados en los tribunales
estadounidenses que, además, pueden decidir el embargo de activos de esas
empresas físicas y jurídicas fuera del territorio de ese país (otra cosa es que
las autoridades de terceros países acepten esas sentencias).
La medida, que será
probablemente anunciado hoy, entrará en vigor a partir del 2 de mayo, y tendrá
consecuencias serias para una serie de países. Entre ellos está España, cuyas
empresas tienen un stock de inversión de unos 300 millones de euros en Cuba, y,
además, exporta unos 900 millones de euros anuales a ese país. Claro que la
lista de países afectados va desde China hasta Canadá, porque la legislación
cubana favorece la inversión en sociedades mixtas con empresas del Estado de
ese país. Y muchas de esas empresas tienen activos que fueron expropiados bien
a compañías o personas estadounidenses -como Coca-Cola o la petrolera Chevron-
o a cubanos que después tuvieron que huir a EEUU - como, por ejemplo, Bacardí.
Y, en ocasiones, los
proyectos que se pueden ver en la línea de fuego de la Justicia estadounidense
son, precisamente, los que el régimen de La Habana había lanzado para promover
una apertura económica siguiendo el modelo chino y vietnamita, los dos países
que el Gobierno de Cuba quiere imitar en cuanto a liberalización económica sin
introducción de libertades políticas o civiles.
Ése es el caso de la empresa
de Singapur PSA, que gestiona la terminal de contenedores del puerto de Mariel,
en el que el castrismo ha tratado de construir una zona de libre empresa
similar a las que puso en marcha China en la década de los 70. En la misma
línea está la operación de la empresa estatal francesa Aeroports de Paris logró
en 2016 un contrato para gestionar por 50 años el Aeropuerto José Martí de La
Habana, que ha sido ampliado por la constructor gala Bouyges para,
precisamente, acoger a lo que entonces se preveía que iba a ser una oleada de
turismo estadounidense tras el deshielo entre el castrismo y el Gobierno de Barack
Obama. Ahora, ese deshielo se ha acabado.
En realidad, la decisión
estadounidense es una Espada de Damocles sobre los inversores en Cuba desde
hace 23. Bill Clinton, George W. Bush, y Barack Obama siempre habían decidido
no tomar esa decisión, lo que es una decisión en sí misma.
Y, en sus dos primeros años
en la Casa Blanca, Donald Trump tampoco lo hizo, a instancias de su entonces
secretario de Estado, Rex Tillerson. Pero Tillerson se fue en 2018, y el equipo
del presidente ha decidido endurecer la política hacia las dictaduras de Cuba y
Venezuela, algo que parece guiado por la importancia de Florida de cara a las
elecciones de 2020, toda vez que a Trump no parece quitarle el sueño la
violación de los Derechos Humanos en Corea del Norte, Arabia Saudí, China, o
Rusia.
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Para Peter Hakim, presidente
emérito del Diálogo Interamericano - el principal think tank de EEUU
especializado en relaciones con Latinoamérica - la decisión de Trump es
"la apertura de una caja de Pandora". "va a ser interpretada
probablemente como una clara señal de que Washington quiere continuar subiendo
la presión política y económica sobre Cuba, de modo que a los compradores de
propiedades cubanas más les vale tener cuidado". La política de EEUU hacia
América Latina está guiada por el senador republicano cubano-americano Marco
Rubio y por el asesor de Seguridad Nacional de Trump John Bolton, cuyo objetivo
último, más que el derrocamiento de la dictadura de Nicolás Maduro en
Venezuela, es, según Hakim, "lograr un cambio político en Cuba".
EL CAPITULO CLAVE
La clave es el Capítulo III
de la Ley Helms-Burton, de abril de 1996, que establece la competencia de EEUU
para imponer indemnizaciones a ciudadanos de ese país cuyos activos hayan sido
expropiados por el castrismo. La Ley fue aprobada después del derribo por un
caza de fabricación rusa MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana de dos avionetas
desarmadas de la organización anticastrista estadounidense Hermanos al Rescate,
en marzo de 1996, dentro del espacio aéreo cubano. Los aviones de Hermanos al
Rescate solían hacer operaciones de ayuda humanitaria a los refugiados que
trataban de huir de Cuba, y también soltaban propaganda anticomunista sobre la
isla.
Según explicó en Washington
en 2015 el ex presidente del Gobierno español Felipe González, la crisis se
produjo justo cuando EEUU y Cuba estaban empezando a mantener contactos para
mejorar sus relaciones bilaterales. Pero, sea cual sea la razón, el ataque
causó un nuevo empeoramiento de las relaciones entre los dos países. Fue
entonces cuando los congresistas republicanos Jesse Helms (famoso por frases
como "al diablo con lograr compromisos" o el eslogan electoral
"¿de verdad quieres que un negro trabaje al lado tuyo?") y Dan Burton
promovieron esa Ley. El hecho de que 1996 fuera un año electoral, llevó a Bill
Clinton a firmarla para garantizarse la victoria en Florida.
Pero la Ley Helms-Burton
tenía un truco. La entrada en vigor del controvertido Título III, en el que se
establecían las sanciones extraterritoriales, podía ser aplazada por el
presidente por periodos de seis meses. Y eso es lo que han ido haciendo todos
los jefes de Estado y de Gobierno de EEUU desde entonces.
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