Marta Rovira, otra que se fuga, no acude al Supremo y pone fin al procés




Marta Rovira (ERC), imputada en el caso del proceso independentista de Cataluña, huyendo de la Justicia se ha marchado fuera de España. Rovira, al igual que el resto de los imputados por rebelión estaba citada hoy en el Tribunal Supremo donde el juez Llarena iba a comunicarle el auto de procesamiento. Rovira no tenía retirado el pasaporte ni prohibición de salida del territorio nacional en las medidas cautelares.

Junto a Turull, el juez Llarena va a estudiar posibles medidas cautelares, entre ellas, el posible ingreso en prisión preventiva, de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa una vez que les comunique el procesamiento.

Felipe González ha lamentado que la política "se esté degradando" y no esté siendo capaz de remediar el problema de Cataluña: "Hemos judicializado la política porque, como políticos, somos unos inútiles".

Cuando aquella confusa idea (2015) que intentó “colar”  el independentismo al laborioso pueblo catalán con un populismo caduco y trasnochado ya se estaba enalteciendo a bigardos, chupópteros, corruptos  y jefes del Parlament catalán. Justo, ahí empieza el debacle catalán, donde todo ha sido negativo y encubridor. Pocos, muy pocos catalanes, hoy, 23/03/18  dudan de los interés creados por los corruptos e innobles altos mandos y lacayos que con crueldad. Aquella farsa solo trataba de justificar, al objeto de ganar tiempo e implantar un sistema tan dictatorial como piramidal.


El tremendo error de PSOE y PP


Pujol, el gran jefe y dueño de España, donde PSOE y PP, si querían gobernar, dependían del “puto voto”  de vascos y catalanes, es más que evidente que a cambio de dinero y competencias semidictatoriales.


Poco después y antes que después, populares y socialistas con mayorías aplastantes, perfectamente, podrían haber cambiado el sistema electoral que, prácticamente, sería el mismo que pondera actualmente. ¿La variable? Un diputado más para el partido más votado en cada circunscripción. Ambos partidos mayoritarios, de facto, aniquilaban a partidos minoritarios y se aseguraban de por vida su presidencia en la presidencia del Gobierno de España. Primero intentó forzar dicha reforma, Felipe González en la que por cierto y, en principio, Aznar estaba de acuerdo, pero no en que se necesitasen las 3/5 partes de los votos para aprobar dicha reforma; él sabía que en España como en el resto del mundo, el socialismo, estaba agonizando. De ahí “sacó, lo de limitar mandatos a 8 años y que fuese Rajoy quien la aprobase, pero surgió la indignación de los indignados, padres del populismo y que, en consecuencia, son responsables directos del mal endémico que ya padeció la República. Por ejemplo, Italia ha llegado a tener 49 primeros ministros y 65 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial. Ese, solo ese camino lleva España.



Hoy la editorial de El Mundo, “Entre la farsa y el sainete” –buenísima- identifica con plena claridad el problema catalán que no es otro que el de España y la subida de las extremas radicales país a país o fin del sistema democrático, el bienestar del pueblo con tiranía, degüellos o pistolas (ver Venezuela, Brasil, Argentina, El Salvador, Colombia, etc) 


Desde que el independentismo catalán confundió la mayoría parlamentaria de 2015 con un mandato para la secesión, Cataluña permanece anclada en un escenario que bascula entre el engaño y el circo. Esta mezcla -de consecuencias sociales y económicas letales- cristalizó ayer en la farsa representada en el Parlament. Bastaba comprobar la abulia con la que Jordi Turull leyó su plúmbeo discurso de investidura, y las caras de sopor y desinterés en la bancada separatista, para certificar la colosal pérdida de tiempo de la sesión de ayer en la Cámara catalana.

Tras intentar la investidura telemática de Carles Puigdemont, fugado en Bélgica; y de Jordi Sànchez, en prisión preventiva, el secesionismo interpretó una nueva representación de la ópera bufa del procés. Ni el propio Turull se creyó su papel de trámite tras ver como la abstención de la CUP reventaba una operación política destinada sólo a ganar tiempo para superar el colapso entre las formaciones soberanistas. El único efecto positivo de este capítulo es que, tras la votación de ayer, el reloj de la investidura ya corre y habrá nuevas elecciones si no hay president antes de dos meses.

Torrent forzó el Pleno para adelantarse al juez Pablo Llarena, quien hoy dictará el auto de procesamiento contra los líderes independentistas, como paso previo para ser juzgados rebelión y sedición. Turull no podrá presentarse ante el magistrado como presidente electo, pero el solo hecho de tratar de acompasar su táctica al calendario judicial revela la concepción antidemocrática en la que sigue moviéndose el separatismo. Durante su intervención, aunque evitó expresar su respaldo al cumplimiento de la ley, se cuidó de no mencionar las palabras "república" e "independencia", probablemente, porque la cita de Llarena le pone a las puertas de un nuevo envío a prisión. Y cabe recordar que un procesado por rebelión encarcelado queda automáticamente suspendido de cualquier cargo público.

El independentismo sabe que Turull es una opción inviable para desencallar la legislatura. No sólo por su participación directa en la hoja de ruta que desembocó en el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, sino porque puede ser inhabilitado. Por tanto, el independentismo puede seguir porfiando en presentar como candidatos a dirigentes que aplicaron un plan orientado a liquidar el orden constitucional. La realidad es que las trabas para impedir una vuelta a la normalidad no harán más que alargar el 155. Es una burla pretender investir a un fugado, a un encarcelado o a un imputado. Cataluña necesita un Govern efectivo y respetuoso con la ley, lo que permitiría restituir el ejercicio pleno del autogobierno. Las fuerzas secesionistas cosecharon el 21-D una mayoría de escaños en el Parlament, pero la formación de Gobierno seguirá siendo un objetivo inviable mientras se empeñen en perpetuar el choque con el Estado.


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