Uno de los muchos refranes
españoles dice: “Si el remedio es peor que la enfermedad, quedémonos con la
enfermedad Pero, pero, en el caso catalán, las instituciones públicas españolas
se mueven como guiadas por la emoción, no la razón, de Estado. Ellos son la
emoción de la razón a sabiendas que no tienen ninguna.
En Madrid hay un Estado que
se denomina Estado español y no es autoritario. No improvisa. No se salta la
ley. Pero la interpreta con un celo innecesario. Sigue la partitura legal, pero
durante los últimos meses toca con la pasión de un pianista en éxtasis. Y un
Estado debe sonar como una pianola. Inanimado, hueco, desprovisto de ardor
político.
Las instituciones que lidian
con el desafío separatista deben recobrar la frialdad. Su respuesta a la
consulta independentista de 2014 fue, vista con perspectiva, efectiva. El
Estado actuó de forma reactiva, clara, minimalista y paciente. Estrictamente
sobre hechos consumados. Tras la consulta, sus organizadores fueron encausados,
inhabilitados y condenados a penas económicas que, claramente, han sido
disuasorias. Los responsables, como Francesc Homs o Artur Mas, han tirado la
toalla. Y ese debería ser el objetivo realista del Estado: desanimar al
independentismo con penas que desmotiven a sus líderes, pero no exciten a sus
seguidores. Una estrategia que, como hemos visto, funciona.
Pero, desde el verano de
2017, el Estado —por injusto que sea utilizar esa etiqueta colectiva para
referirse a instituciones diversas y autónomas— procede de forma preventiva,
confusa, maximalista e impaciente. Dando la sensación, en demasiadas ocasiones,
de que se basa en especulaciones y juicios de intenciones. El resultado ha sido
desastroso. En lugar de aburrir al independentismo con el ritmo lento pero
implacable de una justicia española que impone severos castigos económicos a
sus dirigentes, el Estado ha excitado a sus bases. Y a muchos catalanes que el
21-D votaron contra lo que percibían como una sobreactuación del Estado
español.
Aplaudir acríticamente esta
intervención del Estado, apelando a la unidad de las fuerzas constitucionalistas,
es cortoplacista. Y denunciarla no es de equidistantes, sino de patriotas. De
hombres y mujeres con razón de Estado.
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