Puigdemont juega sucio con el Estado, con los suyos -si le quedan- y con la democracia


La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de prohibir el voto delegado a los ex miembros del Govern que se encuentran en Bélgica para el pleno de investidura del martes tuvo hoy sus primeras consecuencias efectivas. La más evidente es la renuncia a sus actas de diputado de Lluís Puig, Clara Ponsatí -ambos de Junts per Catalunya (JxCat)- y Meritxell Serret, de ERC. Un paso que, como segunda consecuencia, deja cada vez más solo a Carles Puigdemont en su desafío a la justicia después de que, con su renuncia, los tres ex consellers acaten la decisión del TC.

Carlos Puigdemot, solo pretende arrinconar a ERC,  hacerse con el liderazgo del movimiento independentista y tensar las costuras de las instituciones españolas al máximo para pregonar su desprestigio.

El expresidente de la Generalitat, prófugo de la Justicia, ha conseguido esta semana poner nervioso al Gobierno de Mariano Rajoy. No sólo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha disparado un recurso preventivo discutible contra la investidura, sino también al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha puesto a la policía a rebuscar en alcantarillas y maleteros, en una imagen esperpéntica, ante la mera insinuación del expresident de que podía presentarse en el Parlament.

Carlos Puigdemont juega con las instituciones españolas. Su estrategia consiste en poner en jaque la estructura política del Estado español y hay que reconocer que en algunos momentos acaricia su objetivo. Esta semana ha logrado que el Gobierno central, intranquilo por el avance irrefrenable de Ciudadanos en las encuestas, diera un paso precipitado con su recurso contra la investidura de Puigdemont antes de que ésta tenga lugar. Ha conseguido que las costuras del Constitucional volvieran a tensarse. Se ha vuelto a poner en riesgo el prestigio del principal órgano arbitral de la democracia española.



Por el camino, además, Puigdemont se ha cargado el argumento más machaconamente repetido por el PP: el respeto a la ley. Si bien la opinión del Consejo de Estado no es vinculante, ¿con qué argumento podrá criticar a partir de ahora Sáenz de Santamaría a los independentistas cuando se salten los consejos de los letrados del Parlament o del Consell de Garanties Estatutàries?

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