La decisión del Tribunal
Constitucional (TC) de prohibir el voto delegado a los ex miembros del Govern
que se encuentran en Bélgica para el pleno de investidura del martes tuvo hoy sus
primeras consecuencias efectivas. La más evidente es la renuncia a sus actas de
diputado de Lluís Puig, Clara Ponsatí -ambos de Junts per Catalunya (JxCat)- y
Meritxell Serret, de ERC. Un paso que, como segunda consecuencia, deja cada vez
más solo a Carles Puigdemont en su desafío a la justicia después de que, con su
renuncia, los tres ex consellers acaten la decisión del TC.
Carlos Puigdemot, solo
pretende arrinconar a ERC, hacerse con
el liderazgo del movimiento independentista y tensar las costuras de las
instituciones españolas al máximo para pregonar su desprestigio.
El expresidente de la
Generalitat, prófugo de la Justicia, ha conseguido esta semana poner nervioso
al Gobierno de Mariano Rajoy. No sólo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, que ha disparado un recurso preventivo discutible contra la
investidura, sino también al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha
puesto a la policía a rebuscar en alcantarillas y maleteros, en una imagen
esperpéntica, ante la mera insinuación del expresident de que podía presentarse
en el Parlament.
Carlos Puigdemont juega con
las instituciones españolas. Su estrategia consiste en poner en jaque la
estructura política del Estado español y hay que reconocer que en algunos
momentos acaricia su objetivo. Esta semana ha logrado que el Gobierno central,
intranquilo por el avance irrefrenable de Ciudadanos en las encuestas, diera un
paso precipitado con su recurso contra la investidura de Puigdemont antes de
que ésta tenga lugar. Ha conseguido que las costuras del Constitucional
volvieran a tensarse. Se ha vuelto a poner en riesgo el prestigio del principal
órgano arbitral de la democracia española.
Por el camino, además,
Puigdemont se ha cargado el argumento más machaconamente repetido por el PP: el
respeto a la ley. Si bien la opinión del Consejo de Estado no es vinculante,
¿con qué argumento podrá criticar a partir de ahora Sáenz de Santamaría a los
independentistas cuando se salten los consejos de los letrados del Parlament o
del Consell de Garanties Estatutàries?
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