Puigdemont es un terrorista venido a menos, sus secuaces, ahora se ríen, pronto llorarán.
Puigdemont escogió el golpismo confundiendo con la democracia. Entre defender en el Senado su
plan independentista sometiéndolo a las reglas del Estado de derecho o imponer
de manera unilateral y totalitaria su plan de separar a Cataluña de España por
las bravas, escogió deshonrar su cargo de presidente de la Generalitat.
Puigdemont ha despreciado todas las oportunidades que se le han dado para
volver a la legalidad. Ha ignorado todas las advertencias del Gobierno sobre
las consecuencias que tendría mantenerse en la rebelión. Y ayer, en un acto que
constituye ya una traición a España y a Cataluña, llevó su delirio hasta el
final y desoyó las voces que en su partido y en su propio Gobierno le
reclamaban que no declarara la independencia porque eso provocaría ruina y
desgracia para millones de catalanes. Puigdemont, Oriol Junqueras, y todos los
miembros de su Gobierno que secunden esa decisión son por tanto los únicos
responsables de la pérdida temporal del autogobierno de Cataluña que va a
suponer la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la
democracia y convocar unas elecciones autonómicas con plenas garantías
democráticas. Todos ellos tendrán que responder no solo ante la Justicia, sino
también ante la historia y ante Cataluña.
En una nueva demostración de
indignidad política, hasta el último momento intentaron los sediciosos una
maniobra tramposa para ganar tiempo, evitar la aplicación del 155 y mantenerse
en el poder convocando elecciones sin renunciar a la independencia. Y en una
muestra final de insuperable cinismo, presentaron un último recurso ante el
mismo Tribunal Constitucional al que no reconocen y cuyas sentencias han
ignorado siempre con absoluto desprecio.
Pero la farsa ha concluido.
Consumada la rebelión, el Estado tiene la obligación de tomar las medidas que
sean necesarias para restaurar la ley y la Constitución en Cataluña. Y ello no
será posible mientras la Generalitat esté gobernada por un hatajo de golpistas.
Como tampoco será posible celebrar unas elecciones autonómicas con plenas
garantías mientras el jefe de los Mossos sea un comisario acusado de sedición y
con 17.000 agentes armados a sus órdenes, o con unos medios de comunicación
públicos convertidos en departamento de propaganda separatista y desde los que
se ha llegado a transmitir los movimientos de la Guardia Civil para facilitar
el acoso de las turbas callejeras. No puede haber dudas. Restaurar el orden en
Cataluña, destituir a Trapero, a Puigdemont y a todo su Gobierno, desmontar
piedra por piedra el golpe de Estado, llevar a sus responsables ante la
Justicia y convocar elecciones autonómicas solo después de conseguido ese
objetivo es una obligación democrática ineludible. Urgente. Sea fácil o
difícil. Si el Gobierno hubiera paralizado el 155 ante la última maniobra
tramposa de los sediciosos solo habría dado más tiempo al independentismo para
imponer su plan totalitario y traicionado a los catalanes al dejarlos a merced
de unos golpistas xenófobos.
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