Cuando
el 10 de diciembre del 2013, el BOE publicaba el nombramiento de Carlos Lesmes
Serrano como Presidente del Consejo General del Poder Judicial y como
Presidente del Tribunal Supremo desde losgenoveses.net advertimos que comenzaba
un asalto coordinado desde Moncloa y Génova a la cúpula judicial.
De
entrada el Gobierno da la patada a la colaboradora de fiscala general del
Estado, Consuelo Madrigal, para colocar en el cargo a un jurista mucho más
dispuesto, para colocar en el cargo a un jurista mucho más dispuesto, José
Manuel Maza. Si aquel que expulsó a
Garzón. Este, a su vez, nombra al frente
de la Fiscalía Anticorrupción al hombre deseado por los corruptos, Manuel Moix,
y purga a fiscales díscolos. Ya está hecho el trabajo de control del Ministerio
Fiscal. Luego se pone puente de plata al enemigo ambicioso que huye, el juez
Eloy Velasco; y se mueven los hilos para nombrar presidenta de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional a la «querida Concha» (así la llamaba Cospedal),
Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel y Bárcenas porque
su cercanía al PP comprometía su imparcialidad. Ahora presidirá la sala que la
recusó y que decidirá sobre esos y otros casos de corrupción muy sensibles. Por
último, se asciende a Enrique López; no un López cualquiera sino el López que
también fue apartado por ser afín al PP y daba cursos en Faes, al que se
sitúa en la Sala de
Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y ya tenemos el
cuadro completo de la recomposición fiscal y judicial que ha diseñado el
Gobierno para hacer frente al tsunami de corrupción que afecta a su partido. Su
respuesta ha sido copar los puestos clave del Poder Judicial. Y como ministro
de Justicia, Rafael Catalá, el «Rafa» al que apelaban los corruptos en sus
obscenas conversaciones. Para el futuro próximo, dos reformas muy peligrosas en
cartera: cargarse la acusación popular y entregar la instrucción penal a un
Ministerio Fiscal controlado por el Ejecutivo. Estos nombramientos y estas
medidas deben ser a lo que se refiere Rajoy cuando sostiene que este Gobierno
está luchando a tope contra la corrupción.Este, a su vez, nombra al frente de
la Fiscalía Anticorrupción al hombre deseado por los corruptos, Manuel Moix, y
purga a fiscales díscolos. Ya está hecho el trabajo de control del Ministerio
Fiscal. Luego se pone puente de plata al enemigo ambicioso que huye, el juez
Eloy Velasco; y se mueven los hilos para nombrar presidenta de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional a la «querida Concha» (así la llamaba Cospedal),
Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel y Bárcenas porque
su cercanía al PP comprometía su imparcialidad.
Ahora presidirá la sala que la
recusó y que decidirá sobre esos y otros casos de corrupción muy sensibles. Por
último, se asciende a Enrique López; no un López cualquiera sino el López que
también fue apartado por ser afín al PP y que daba cursos en Faes, al que se
sitúa en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y ya tenemos el
cuadro completo de la recomposición fiscal y judicial que ha diseñado el
Gobierno para hacer frente al tsunami de corrupción que afecta a su partido. Su
respuesta ha sido copar los puestos clave del Poder Judicial. Y como ministro
de Justicia, Rafael Catalá, el «Rafa» al que apelaban los corruptos en sus
obscenas conversaciones. Para el futuro próximo, dos reformas muy peligrosas en
cartera: cargarse la acusación popular y entregar la instrucción penal a un Ministerio
Fiscal controlado por el Ejecutivo. Estos nombramientos y estas medidas deben
ser a lo que se refiere Rajoy cuando sostiene que este Gobierno está luchando a
tope
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