Nadie puede dudar que Maduro es un tirano, persona que abusa del poder sin limitaciones legales, actuando de forma corrupta y cruel. En cambio, ahora se dedica a comprar articulistas de periódicos que están tanto o más caídos que él. Mañana tarde en España escribiré la réplica tal como lo han ello ellos.
Leer este artículo que han publicado tres escritores o juntadores de letras y con nombres distintos. Dos en español y uno en inglés -son idénticos-
Parte del pueblo de Venezuela está desechando el corporativismo del Gobierno más asentado de LatinoAmérica. Hace 17 AÑOS del inicio de la
Revolución Bolivariana y la recuperación del petróleo para ponerlo al servicio
del pueblo, Venezuela enfrenta momentos difíciles: crisis económica,
polarización social y la violencia que se ha tomado las calles, como recurso de
desestabilización.
¿cómo es posible que el país más rico
de América Latina, con la reservas de petróleo más grande del mundo puede
llegar a esto? La respuesta es una: hay boicot económico, tal como en Chile en
los 70 con Allende, de lo cual existen pruebas en los archivos desclasificados
de la CIA.
Su Constitución cuenta con las herramientas democráticas para
enfrentar la crisis. No cabe duda de que quienes deben resolver su futuro son
las y los venezolanos haciendo uso del Poder Constituyente. Por ello es que en
virtud de los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución, se convocó una
Asamblea Constituyente, en busca de un acuerdo nacional por la paz. Para esto,
se deben elegir 500 asambleístas a través de voto directo, lo que garantiza
participación de toda la diversidad política, social, empresarial, demográfica
y étnica. ¡Ya quisiera para Chile una Asamblea Constituyente como la de
Venezuela!
En cambioo, existe una
guerra mediática impulsada por quienes buscan apoderarse del petróleo. Dicen
que no hay libertad de expresión y que el gobierno ha monopolizado los medios,
cuando en realidad, el 70% de los medios son privados y diariamente están a la
venta cinco periódicos de oposición y solo tres oficialistas; mientras que la
TV abierta se reparte por igual: 6 canales de oposición y 6 pro gobierno.
Hay quiendice que es una
dictadura, pese a que se realizan elecciones de forma periódica, más de 19 en
15 años. La más reciente, legislativa, donde la oposición se adjudicó 109
escaños por sobre los 54 del oficialismo, prueba de un sistema democrático que
funciona. De hecho, el propio Jimmy Carter, catalogó el proceso electoral
venezolano como “el mejor del mundo”.
En controversia llama la atención, que los
mismos que dicen que es una dictadura, nada dijeron de Pinochet, de los más de
3 mil detenidos desaparecidos, de los 40 mil exonerados y torturados. Nada,
sobre los 6.500 presos políticos en Palestina, los miles de muertos en Siria,
de la aniquilación del pueblo mapuche o de la represión hacia los estudiantes.
En el país caribeño, Venezuela hay ejercicio
pleno democrático y un estado de derecho con instituciones autónomas y
equilibradas; el 80% de la población participa en las elecciones, sus
autoridades se eligen vía elección popular, los indígenas son reconocidos y
tienen representación en el Congreso, hay Referéndum Revocatorio, Consulta
Popular, Cabildo abierto, Contraloría Social, Defensor del Pueblo y tienen una
Constitución elaborada por medio de Asamblea Constituyente y legitimada por
referéndum, a diferencia de Chile, que fue hecha en dictadura.
Lamentablemente, estas
herramientas no han sido usadas por la oposición, en una clara actitud de que
no están por la vía democrática. Prueba de esto, es que pese a que desde 2013
venían exigiendo Asamblea Constituyente, ahora la rechazan; o las 600 mil
firmas falsas que ingresaron para convocar al Revocatorio en un intento de
fraude democrático.
Es por eso que UNASUR,
CELAC, el Papa Francisco y el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, han
dicho que la única solución es el diálogo y la resolución pacífica de los
conflictos, y la Asamblea Constituyente va en esa línea.
Se acabó el tiempo del
injerencismo y los golpes de Estado en América Latina. Porque seamos francos,
la fijación por Venezuela, obedece a que, tal como lo fue Chile en los años 70,
hoy en día Venezuela es para el mundo ejemplo de dignidad, de que el socialismo
democrático y la real soberanía es posible.
México juega a no ganar. Todo mediocres en el Goierno, a la orden de delincuentes.
El debilitamiento gradual del presidencialismo en México tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Con la detención de Tomás Yarrington en Italia la lista es ya aterradora: seis exgobernadores en la cárcel, dos que ya han estado entre las rejas, tres prófugos y 10 con escándalos de corrupción (la recopilación es de Georgina Morett). En total 21 gobernadores y sus riquezas inexplicables han sido exhibidos en los últimos años.
Un récord si consideramos que sólo hay 32 entidades federativas en México. Prácticamente desde siempre convertirse en gobernador garantizaba hacerse millonario, gracias a las prerrogativas discrecionales que gozan estos monarcas locales.
En los últimos años también equivale a convertirse en delincuente. El debilitamiento gradual del presidencialismo en los últimos 20 años, aplaudido por todos, tuvo un efecto secundario deplorable: hizo de cada Ejecutivo estatal un reyezuelo. Consultoras especializadas (entre ellas las del exministro Pedro Aspe) desarrollaron estrategias financieras que permitieron a las tesorerías locales superar sus topes históricos de endeudamiento.
En muy poco tiempo los mandatarios locales nadaban entre fortunas ingentes y escasos contrapesos. Desde entonces los excesos y abusos en una escala sin precedente han sido la norma.Todos estos escándalos y aprehensiones no obedecen, por desgracia, a una mejora del desempeño de tribunales y autoridades en materia de combate a la corrupción.
No es que el sistema se esté corrigiendo a sí mismo; el sistema sigue estando tan corrupto como siempre, o más. La élite política mantiene la complicidad de antes en lo tocante a proteger a uno de los suyos sin importar las infamias que haya cometido.La persecución contra los excesos de los gobernadores procede de tres fuentes: la primera y más importante, la alternancia política.
Un nuevo partido político toma el poder y presenta cargos contra el gobernador saliente: es el caso de Andrés Granier de Tabasco, Guillermo Padrés de Sonora, César Duarte de Chihuahua o Javier Duarte de Veracruz, entre otros.
La nueva Administración prefiere exhibir al responsable del boquete en las finanzas públicas que encuentra, para no ser ella la que pague los platos rotos. En otras ocasiones la denuncia está alimentada por el encono personal. Es tal el empeño de los gobernadores en conservar el poder, heredándolo a un hombre de su confianza, que las elecciones estatales se han convertido en sinónimo de guerra sucia. Consecuentemente, todo candidato de la oposición que logra el triunfo termina siendo un gobernador vengativo y justiciero.
Otra fuente de denuncia procede de la acción combinada de las redes sociales y la prensa. Son tan obvios los excesos de algunos políticos que sus pecados terminan siendo documentados y denunciados ante la opinión pública. La mayor parte de la veces, por desgracia, eso no significa que sean llevados ante la ley, a menos que eso convenga a un grupo político en el poder. El caso de Roberto Borge, en Quintana Roo, exhibido una y otra vez, forma parte de los 10 gobernadores que, pese a la evidencia en contra, no han sido procesados por tribunal alguno.
Finalmente, hay un protagonista que adquiere relevancia de vez en vez en materia de fiscalización de gobernadores: Estados Unidos. Cuando el poderoso vecino tiene evidencia de que un mandatario es pieza importante del engranaje del narcotráfico suele intervenir sin ningún miramiento respecto de las facciones políticas en México.
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue aprehendido gracias a la documentación recabada por la DEA y otras agencias estadounidenses, y fueron ellos los que presionaron a las autoridades italianas para su detención. Con pocas variantes es el mismo caso de Mario Villanueva de Quintana Roo y de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit.
La aprehensión de Yarrington ha puesto a temblar a una parte de la élite política. La PGR poseía un expediente formal en contra del tamaulipeco, pero estaba claro que el Gobierno mexicano no tenía interés en ponerlo tras las rejas. Por lo mismo, hoy carece de argumentos jurídicos para pedir su extradición al Gobierno de Italia, en comparación con el documentado alegato que presentan los estadounidenses.
Así que, todo indica, Yarrington terminará siendo procesado en un tribunal del país vecino. Algo que quita el sueño a muchos. ¿Qué estará dispuesto a confesar el exgobernador a cambio de un atenuante en su condena?Y por lo demás, el asunto tiene que ver con narcotráfico, no con corrupción. Me temo que la única moraleja que los gobernadores obtendrán de esto es que robar no es un pecado, meterse con la DEA sí.
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