La presidenta del
Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, será responsable directa de posibles
incumplimientos de las resoluciones judiciales sobre la declaración
independentista que se aprobaron el lunes en el Parlamento catalán. Aunque la suspensión cautelar puede afectar a
todos los parlamentarios que incidieron con su voto favorable un acto
delictivo.
Si bien hace hace diez
días solo había una declaración de desconexión redactada y hoy esta declaración
está aprobada por el Parlamento. Se cumplió el programa previsto, votaron sí
los que iban a votar sí, votaron no los que iban a votar no y Rajoy hizo la
declaración institucional que tenía preparada. Ninguna sorpresa, como tampoco
lo habrá a partir de ahora: Consejo de Estado, Consejo de Ministros, recurso al
Constitucional, suspensión automática de la resolución, desobediencia
institucional, más recursos, más desobediencias, sanciones, protestas en la
calle y así durante el tiempo que el independentismo disponga.
Lo que inquieta es otra
cosa: el tono de las palabras. El independentismo que se escuchó ayer no tiene
ningún reparo en sus expresiones. Da por deslegitimado al Tribunal
Constitucional. Está convencido de que inicia la construcción del Estado
catalán. Proclama su «insubordinación democrática». Habla con desparpajo de
república catalana. Y se aplauden a sí mismos con el fervor del soldado que
acaba de conquistar una loma, sin importarle nada las víctimas que deja.
«Palabras épicas», dijo el diputado Coscubiela. Y tampoco ha sido menos épico
el presidente al cumplir con la otra parte del guión: «Cataluña no se
desconectará de nada».
Más allá de las
palabras, la crisis constitucional está servida. El desgarro se sigue
produciendo con intensidad cada día mayor. Cuanto más agresivo y rotundo es el
lenguaje nacionalista, más agresiva es la respuesta de los representantes del
Estado. Desde los sucesos de 1934 nunca la unidad española había sido tan
amenazada. Hemos pasado momentos peores, entre ellos nada menos que una guerra
civil, pero nunca hubo un desafío tan intenso ni dramático en período de paz.
Ahora vamos a asistir a un fenomenal combate también anunciado: el que enfrenta
el imperio de la ley y el de una voluntad popular manipulada. Esa es la
confrontación, con un agravante: el vacío de poder ejecutivo en Cataluña, con
un presidente Mas al que todo el mundo considera provisional y, encima, no
deseado.
Rajoy viene utilizando
dos conceptos para hacer frente al desafío: proporcionalidad y prudencia.
Seguramente los mantendrá, pero sigue siendo inevitable que añada alguna
reflexión sobre el mañana: desde la ley se puede frenar esta locura, pero solo
se puede frenar. El independentismo no va a renunciar y ha dejado la semilla de
la utopía en boca de Romeva: no hay otra opción y la independencia se
conseguirá ahora o la conseguirán otros, pero seguirán luchando por ella.
¿Cómo? Con el pueblo detrás. Eso es lo que le falta de forma clara,
indiscutible, al Estado español.
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