El golpe de Estado en el Parlamento español instaurado, puntualmente, en Cataluña, cuestiona a Rajoy.

Seguro que el ruín de Pedro Sánchez, el dueño  de Ciudadanos o don Quijote en Podemos hubiesen contado para nada con la oposición ni con el Tribunal Supremo (políticos e ineptos) para "dar un golpe en la mesa" ¡¡YA¡¡ a la cárcel con los secesionistas de los cojones. Solo quieren dar forma legal al 3% y otras muchas más tropelías cometidas por los parlamentarios  

La resolución independentista –rompemos con España-  que Convergència, Esquerra, la CUP y otros bichos raros han aprobado hoy  en el Parlament catalán es un asunto muy grave y de implicaciones peligrosas para nuestra democracia. No debe ser, pues, frívolamente minusvalorada.

Nunca hubiese permitido que los catalanes....

Se equivocan quienes recalcan su presunta factura táctica, los que subrayan que obedece solo a la voluntad de provocar reacciones mayúsculas o los que sostienen que su aplicación sería más moderada que su literalidad. Al contrario, es una proclama de destrucción del ordenamiento legal: apela a romper con la Constitución, quiebra las principales previsiones de reforma del propio Estatut, viola la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y llama al desacato frontal contra las instituciones democráticas. Supone un verdadero golpe al Estado, uno de los desafíos más graves infligidos a la democracia española y a la autonomía catalana.

No se trata de una mera provocación abstracta, sino de un plan muy concreto de ruptura del orden constitucional. Porque ordena que antes de 30 días se tramiten en la Cámara concretas leyes para su ruptura. Un golpe de Estado en toda regla delictiva.  Tanto los componentes del Tribunal Supremo como TODOS los parlamentarios  que han votado afirmativamente, esta noche, deberían estar en la cárcel.

La operación entraña graves riesgos de itinerario. Su retórica y objetivos golpistas no dejan al Gobierno opción a ignorarla. Viene obligado a recurrirla ante el Tribunal Constitucional, y este, a admitirla a trámite con el efecto de suspenderla. Y así, automáticamente con todas las violaciones de la ley que se deriven. El riesgo futuro de esta dinámica viene de la pasada demostración de irresponsabilidad de las actuales autoridades autonómicas, del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, a la nueva titular del Parlament, Carme Forcadell. De la propensión al engaño, el desprecio al orden, la desleal astucia y la corrupción del propio partido de aquel, se sabe casi todo. De Forcadell quedan sus extemporáneos vivas a una inexistente República; su confusión de la Cámara con la agitación que organizaba como jefa de la Asamblea Nacional Catalana, y el despliegue de su sectarismo ninguneando a los partidos de oposición.

La presunción de que líderes de esta ínfima calidad democrática traten de oponerse a las decisiones judiciales no solo con recursos, sino con algarabías callejeras, es, pues, de cajón. Y ya se sabe que la estrategia de la tensión multiplica los riesgos de accidentes, deseados o no. De efectos más dañinos en un período de transición, como el preelectoral. La sensatez de unos y la proporcionalidad de todos debería ser la aguja de navegar siempre. Pero sobre todo hasta el 20-D y más allá, hasta la consolidación de un nuevo Gobierno.

Todo desatinos. Que la declaración unilateral de independencia como secuencia a iniciarse hoy no va por ahí lo indica la agenda económico-social adicional aprobada por los dos grupos secesionistas. De perfiles ambiguos y perfume radical (renegociación de la deuda), lo peor no son sus herejías para un partido business friendly, como perjuraba ser el de Mas. Lo peor es que no condena las comisiones del 3% ni los otros turbulentos negocios pujolistas, ni obliga al Gobierno autonómico entrante (algún día lo habrá) a personarse ante el juez contra ellos. Por eso el secesionismo, también el de Esquerra y la CUP, está jugando en la práctica, diga lo que diga su teoría, en favor de esa ingente corrupción.