Incompetencia en la administración Central y Local. Mariano, no sabe gobernar.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 27/2013, otro fracaso de Gobierno Rajoy. Ni de lejos, sus objetivos coinciden con los problemas reales y crecientes de la Administración local. Porque si los problemas están en los municipios que carecen de base económica; en la presencia de un urbanismo descuidado y sin control; en la falta de conexión y complementariedad entre la transferencia estatal (FCF) y la autonómica (FCL) para reforzar la suficiencia financiera y la igualdad en la prestación de servicios; la supresión de las diputaciones provinciales, así como el diseño de una nueva planta municipal, sería lógico pensar que la ley se ocupase algo de estos asuntos. Pues no. La débil cabeza de nuestros gobernantes no da  más de si.

Los objetivos básicos que la ley explicita: 1.-) clarificar las competencias municipales evitando su duplicación; 2.-) racionalizar la estructura de la Administración local, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; 3.-) reforzar la independencia de la función interventora; 4.-) favorecer la iniciativa privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Posiblemente y en este sentido se puedan aceptar  el 1.- y el 3.- así como poner un cierto orden en las retribuciones de cargos electos y dedicaciones exclusivas, pero estimamos error grave el protagonismo reforzado de las diputaciones provinciales para gestionar servicios en municipios menores de 20.000 habitantes, así como ignorar a la comunidad autónoma respectiva, reforzar al Ministerio de Hacienda y subordinar el espacio público a la iniciativa privada. Sin base económica suficiente, los ingresos tributarios de los municipios son escasos, la juventud emigra, la población envejece y aumenta la dependencia. ¿Es viable un municipio sin base económica? ¿Cuál es la cifra mínima de ingresos tributarios municipales con respecto a los ingresos no financieros? Porque los tributos propios son clave para tener autonomía financiera, responsabilidad fiscal y eficiencia en la asignación de los recursos. Y por eso decimos que las diputaciones provinciales no están educadas en la gestión eficiente. Su cómoda financiación vía transferencias, y subvenciones, genera actitudes clientelares y mayor opacidad. Depositar en las diputaciones la gestión eficiente de ciertos servicios públicos no es una política seria, sino más bien un negocio programado que se disimula con expresiones técnicas y abundante distracción ciudadana. El ministro  de Hacienda, Cristóbal Montoro promete más transparencia municipal. Hace ya dos años también prometió publicar una lista de los grandes defraudadores fiscales y, como siempre, no lo ha hecho. A un solo mes de su entrada en vigor ha muerto la tan esperada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Mariano, no das una a derechas.