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 Puigdemont, en el Parlamento europeo.

Puigdemont reta al Gobierno: "No hay Ley que prohíba amnistiar el terrorismo"

Distintos expertos de Derecho Penal discrepan sobre si añadir este delito en la ley del perdón podría hacerla caer en Europa, como sostiene el PSOE


Contra todo pronóstico la ley de amnistía no ha sido aprobada esta semana por la falta de votos del partido que, precisamente, la había impulsado. Junts logró el martes que el texto no superara el trámite del pleno en el Congreso de los Diputados y ahora, aunque aún está por decidir si hay que volver a la casilla de salida, lo que está claro es que no pretenden ceder: o la norma contempla el terrorismo o no habrá perdón para el procés.

El escollo no es menor. Supone incluir en el texto delitos graves como lo es el terrorismo o el que se refiere a la alta traición al Estado y sobre ello hay dos corrientes bien distintas. De un lado, está la que sigue el PSOE, que asegura que añadir estos ilícitos supondrá que Europa tire la ley en su conjunto. Del otro lado, está el partido de Carles Puigdemont que perjura que no hay ni jurisprudencia, ni texto europeo que prohíba expresamente amnistiar el terrorismo.

"El único argumento es que Europa lo va a tumbar. ¿Alguien ha dado algún argumento de alguna sentencia, algún artículo, alguna norma? No. Porque no existe", expresa a El Independiente una fuente cercana a Junts.El independentismo apoya su tesis en la falta de precedentes y en que España ha tenido otras amnistías como la de 1977 que condonó todo tipo de delitos (incluida la tortura y el terrorismo, por ejemplo) y que, si bien fue previa a la Constitución, posteriormente el Tribunal Supremo la avaló. Se basa para eso en una sentencia de febrero de 2012 en el marco de un procedimiento en que analizaron la conducta del exjuez Baltasar Garzón sobre la investigación de crímenes franquistas.

"Precisamente, porque la 'Transición' fue una voluntad del pueblo español, articulada en una ley es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento", dijo el alto tribunal. Para las fuentes de ese sector, esta sentencia es clara: "El Supremo dice que la ley está en vigor, que nunca ha sido derogada y que es constitucional, es decir, forma parte del ordenamiento jurídico". Y en esa estrategia construyen que una nueva amnistía con delitos de terrorismo dentro no supondría ningún problema.

Defienden, por ejemplo, que la última gran amnistía a nivel internacional la realizó Filipinas en 2021 con delitos de terrorismo, rebelión y sedición. "¿Cuál fue la consecuencia? Que las personas que fueron amnistiadas fueron retiradas de la lista de EEUU de personas que no podían entrar al país por delitos de terrorismo. Esa fue la consecuencia tan grave de amnistiar", reflejan dichas fuentes.

Junts se ampara en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) no va a poder echar para atrás la ley completa porque España sigue persiguiendo los delitos de terrorismo y la Directiva Europea de 2017 que habla sobre ello no menciona nada de que no se puedan perdonar llegado el caso. Justifican, asimismo, que el riesgo de que en Luxemburgo vean la ley con malos ojos está cubierto porque la medida no permite que se amnistíen los delitos que tengan que ver con la malversación de fondos comunitarios.

Discrepancias entre los expertos

Esta visión no es compartida por los distintos expertos consultados. Partiendo de la premisa de que algunos creen que la amnistía directamente es inconstitucional y no cabe en la Carta Magna, miembros de este grupo explican que introducir o no el terrorismo no cambia el escenario. "Hablar de terrorismo relacionado con las manifestaciones del aeropuerto desde el punto de vista jurídico no se sostiene. Entonces ir modificando al hilo de los autos que dicta el juez Manuel García Castellón es una locura", repone una fuente jurídica que no ha querido ser citada.

"Suponiendo que la amnistía sea constitucional yo entiendo que se puede amnistiar todo delito que la ley quiera meter dentro", refleja, explicando que los remilgos del PSOE tienen más que ver con una cuestión política que jurídica. "Ni siquiera chocaría con las Directivas Europeas porque también hay directivas que prohíben otros delitos que se indultan todos los días", dice.

Pero no todos coinciden. "La Directiva de lucha contra el terrorismo yo creo que complicaría la viabilidad de la amnistía en el TJUE. Si admitiéramos que el que dicta la norma puede admitir excepciones, entonces la tipificación quedaría en nada", defiende el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós. Para él la amnistía es inconstitucional de base, pero "si encima lo que haces es proponer una ley de amnistía que le hace un traje a medida no a todos los potencialemente amnistiables, sino a algunos, entonces lo estás poniendo peor", explica.

"No existe una previsión específica para amnistiar el terrorismo, pero claro todo lo que la UE ha ido sacando en materia de normas de armonización choca con que se amnistíe el terrorismo en general", coincide el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio. En su opinión, es discutible establecer distinciones entre un terrorismo u otro pero lo que tiene claro es que 'Tsunami Democràtic' no lo fue. "El terrorismo siempre implica el uso de violencia contra las personas. No parece muy compatible con la posición de la Unión Europea [que se amnistíen]. Lo que ocurre es que en España en 2019 no hubo terrorismo", esgrime.

En una posición intermedia se ubica Miguel Bustos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de La Rioja. "Si la pregunta es si es menos constitucional amnistiar el terrorismo yo diría que a priori no. La norma podría ser constitucional si vulnera o no la igualdad de los españoles", aclara. El recorrido en el Tribunal Constitucional depende de otras líneas, pero el problema sí lo ve a ojos de los Veintisiete. "La UE tiene unas líneas rojas muy claras y una de ellas es el terrorismo. Aunque la UE no tiene competencia penal directa yo creo que aquí está en quid de la cuestión y esto de los distintos tipos de terrorismo no creo que tenga mucho recorrido si llega allí", sostiene.

Lo cierto es que ninguno de los consultados cita jurisprudencia o normas específicas de la Unión Europea que contengan esta prohibición, si bien lo que está claro es que no hay precedentes de una amnistía de estas características en el marco de la Unión tal y como se conoce ahora. Por eso es difícil acertar en qué lectura exacta hará el TJUE sobre el perdón cuando llegue a su mesa.

El beso no deseado de Pedro Sánchez a Puigdemont

Cataluña es independiente de facto. Sólo falta que Sánchez certifique la defunción de España en la región.

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Puigdemont entrando por la Diagonal

Cataluña es independiente de facto. Sólo falta que Sánchez certifique la defunción de España en la región.Mural de Sánchez y Puigdemont besándose obra del grafitero TVBoy en la plaza de las Glorias en Barcelona.

La amnistía no ha salido todavía del horno pero el independentismo ya ha pasado de pantalla. Dan por sentada la "desjudicialización" del procés y el regreso de Puigdemont a lomos de Pedro Sánchez. Ya se imaginan al inminente exprófugo entrando por la Diagonal festejado por los coros y danzas del independentismo mientras a los indultados de ERC se les pone cara de pánfilos. Tal vez por eso el presidente interino de la Generalidad y número dos de Junqueras, Pere Aragonès, ha aprovechado la inflamación del 11 de septiembre, fiesta autonómica de Cataluña, para reclamar la autodeterminación pactada con el Estado y reconocida internacionalmente. Los independentistas son insaciables. Si pierden un referéndum, como ocurrió tantas veces en Quebec o no hace demasiado en Escocia, vuelven a la carga. No hay manera de aplacarlos y no tienen enmienda.

El drama es que el independentismo no había tenido tan pocos votos como ahora y tantas posibilidades a la vez para lograr sus objetivos. En las pasadas elecciones generales hasta quedaron por detrás del PP, que en Cataluña es un partido sumido en la más estricta irrelevancia. Y en el momento de mayor debilidad de las fuerzas separatistas, el PSOE está dispuesto a darles lo que pidan y hasta el PP ha tanteado a Junts en pos de una abstención que facilite la investidura de Feijóo. De modo que los dos principales partidos de España no sólo reconocen como interlocutores válidos a los golpistas sino que insuflan aire a un proceso que estuvo a punto de acabar a bofetadas por las calles de Barcelona hace seis años.

Visto el delirante comportamiento de quienes deberían frenar el separatismo, los líderes del supremacismo catalán andan por la actualidad como los amos del cortijo español, dando lecciones de democracia y clases de Derecho. De modo que el debate ya no es la amnistía, sino quién se va a beneficiar de ella. Los autores materiales del golpe ya tienen el boleto, pero destacados prohombres del nacionalismo como el millonario David Madí, ex mano derecha de ese titán de la estulticia que es Arturo Mas, ya han salido a la palestra para pedir que Jordi Pujol sea incluido en el selecto grupo de los catalanes que pueden cometer los delitos que les roten sin consecuencias. Sí, Pujol, han leído bien, el patrón del 3%, patriarca de un clan familiar que se lo llevó crudo durante décadas mientras se hacía el austero y obligaba a sus guardaespaldas a pagarle los gastos de bolsillo.

Thank you for watching

Uno de los grandes triunfos del nacionalismo es haber logrado que tanto los dirigentes del PSOE como los del PP prefieran ignorar la realidad de Cataluña, donde el Estado ha reducido su actividad a la mera recaudación de impuestos. Todo lo demás está controlado de un modo u otro por los Pujolone, de las escuelas a la policía. Cataluña es independiente de facto. Sólo falta que Sánchez certifique la defunción de España en la región. Tal vez sea lo que haga falta para que se produzca una reacción a la altura de las tristes circunstancias.

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La Generalitat te prohíbe visitar a tus padres y hermanos…. y te permitirá acudir a mítines de campaña

 


El Govern habilita este supuesto para garantizar el derecho a la participación política este 14-F

La Generalitat permitirá eludir el confinamiento municipal para acudir a mítines de campaña.

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El actual confinamiento municipal en Catalunya estará vigente, como mínimo, hasta el 7 de febrero y la semana que viene el Govern estudiará su prórroga, en plena campaña electoral. Sin embargo, desde el Ejecutivo catalán han informado este martes que este confinamiento municipal se podrá romper durante la campaña para asistir a mítines electorales en otros municipios.

 

"La movilidad estará permitida para asistir a mítines", ha confirmado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que ha argumentado esta excepción en la necesidad de preservar el derecho fundamental a la participación política. Para eludir el confinamiento municipal con la intención de acudir a un acto de campaña cada persona lo deberá incorporar en el certificado de autorresponsabilidad.

 

 

De hecho, la también consellera de la Presidència ha subrayado que "los partidos ya están diseñando estos actos para que sean reducidos y con mucho protagonismo telemático", atendiendo a las recomendaciones establecidas en la mesa de partidos con representación en el Parlament. En este sentido, se recomiendan espacios exteriores o ventilados, de gran tamaño y/o con aforo reducido, y garantizando siempre espacios de seguridad, mascarilla y gel hidroalcohólico.

 

Y es que el Govern recuerda que la campaña electoral y las elecciones del 14-F se llevarán a cabo "en el pico de la tercera ola". Es por ello que todavía defiende que era más seguro votar el 30 de mayo, aunque sostiene que se está trabajando para garantizar la seguridad en las votaciones.

 

En la misma rueda de prensa tras el Consell Executiu, la portavoz Budó ha explicado que por ahora desde Salut "no se recomienda el confinamiento domiciliario" y ha enfatizado que las medidas actuales han permitido parar el ascenso de la pandemia. Ahora el Govern se dice a la expectativa de los próximos días, para ver si también se consiguen bajar los índices epidemiológicos, lo que les permitirá tomar una decisión la semana que viene sobre si a partir del día 7 de febrero se deben prorrogar, flexibilizar o endurecer las restricciones actuales, incluido el confinamiento municipal.

Los golpistas y defensores del procés han tenido demasiadas facilidades para politizar el juicio.


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La frase más repetida a lo largo de la comparecencia testifical de Mariano Rajoy en el juicio abierto contra el referendo de independencia de Cataluña, convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional, que finalmente se celebró de manera ilegal el 1 de octubre de 2017, fue: «Estamos perdiendo el tiempo», que en todos los casos fue pronunciada -él sabrá por qué- por el presidente del tribunal. El segundo estribillo más reiterado, también por el señor Marchena, fue: «¿Cree usted que la opinión del testigo tiene alguna relevancia para la determinación de los hechos que constituyan la carga probatoria del caso que estamos juzgando?». Y la tercera jaculatoria, también del presidente fue: «No examine al testigo sobre sus conocimientos jurídicos, porque si lo hace tendré que interrumpirlo de nuevo». Y de ello concluyo que, además de perder el tiempo, también estamos malgastando el dinero de los contribuyentes.

La causa de este desatino viene de la insólita y extraordinaria liberalidad con la que han actuado los jueces del Tribunal Supremo durante la declaración de los encausados, a los que se les permitieron mítines, opiniones, diatribas y consignas que en cualquier otro juicio no se habrían tolerado. Un error que ahora hay que enmendar, y cuya dificultad ya intuí en la primera comparecencia, la de Oriol Junqueras, cuando el presidente -cito de memoria- empezó diciendo: «No voy a preguntarle su nombre, ni a qué se dedica, porque es de todos conocido». Ayer, en cambio, no conoció a Rajoy, por lo que tuvo que preguntarle quién era y a qué dedica «su tiempo libre». Un gazapo sin importancia, que delata a quien empieza este juicio con el complejo de estar juzgando un embolado con pocas salidas, y todas malas.

De la tarde de ayer me quedó la desagradable sensación de que, mientras los abogados defensores seguían jugando a audaces abogados de película, que ya saben que Gary Cooper o Liz Taylor nunca salen condenados, Mariano Rajoy estaba siendo cazado por dos vías -la de haber aplicado el artículo 155 contra la democracia, la desobediencia cívica y la libertad del pueblo; y la de no haber denunciado, de la misma manera, y con la exigible equidad, la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, vulgarmente 9-N, que convocó Artur Mas en el 2014.

Lo que yo veo es que los acusados y defensores del procés han tenido demasiadas facilidades para politizar el juicio y relativizar la ley. Y, aunque tengo la esperanza -más que la seguridad- de que esta deriva pueda corregirse, no consigo evitar la sensación de que los procesados llevan la iniciativa, que el Estado actúa acomplejado ante un movimiento que se les fue de las manos, y que la desmesura de la acusación y las previsibles peticiones de penas le pueden jugar una mala pasada a todos los que, con Rajoy a la cabeza, han intentado defender el orden, la legalidad y el sentido del Estado, de quienes quisieron derribarlo por la algarada, la deslealtad y el desorden.