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De Gobierno nada, solo una sala de guerra.

 El presidente del Gobierno de España asegura que nadie quiere la fragmentación económica o la guerra

Un Gobierno no, una sala de guerra

Sánchez ya no tiene vuelta atrás: designa ministros de corte militar mientras negocia en el extranjero sus próximas rendiciones ante Puigdemont

Sánchez prosigue su escalada bélica, que es su bomba de humo para ocultar su rendición ante los enemigos de España, nombrando un Gobierno de imposiciones ajenas comunistas (en contra del mandato constitucional que reserva al presidente la capacidad indelegable de elegir a sus ministros) y edecanes propios cuyo principal mérito es la lealtad marcial al patrón: no hacen preguntas, ejecutan órdenes.
 
Más que un Consejo de Ministros es un búnquer y un sala de guerra, como la Moncloa es el Nido del Águila, desde el que se piensan dirigir las maniobras previstas: como se trata de disimular la rendición incondicional ante el separatismo, no queda otra que dramatizar un enfrentamiento a vida o muerte con esa molesta España constitucional, transformada por la propaganda sanchista en una gigantesca conspiración reaccionaria sin otro objetivo que derribar al Gobierno legítimo.
 
Todo produce bochorno en Sánchez, sin excepción ni atenuante, y todo resulta ya agotador en un país en el que cada argumento, prueba, dato, hecho y realidad verificable se replica con un insulto, un desprecio, una valoración ad hominem y una suposición; tácticas todas ellas goebbelianas para impedir una conversación sensata sobre los asuntos públicos y enterrar con ello uno de los pilares esenciales de la democracia.
 
Pero mientras Sánchez repartía el botín con sus soldados y apostaba por generalizar el perfil de Puente o de Bolaños para dejar claro que esto va a ser una guerra, se perpetraba con impunidad el siguiente paso en la escalada destructiva de la España constitucional con el abono de otra factura del rescate, girada por sus secuestradores.
 
Si su Presidencia se negoció con un prófugo y en un país extranjero; el desarrollo de los obscenos peajes que comportaba se dirime ahora en Suiza, con cuatro mediadores internacionales desconocidos y en privado, como si España fuera el Ulster o la Colombia de las FARC.
 
Lo único que sí sabemos, porque aparece en el chantaje por escrito que Sánchez rubricó para comprarse la Presidencia, es el objetivo de la reunión, más propia de mafiosos huyendo de la Justicia para verse de incógnito en una isla remota que del tipo que maneja el BOE en un país decente.
 
Allí van a hablar del «cupo catalán», que consagrará el principio de insolidaridad y empobrecerá a la España más desfavorecida, creando un nuevo paraíso fiscal parecido al del País Vasco o Navarra. Y se empezará a conversar sobre el tipo de referéndum de independencia que a Puigdemont le parezca aceptable, probablemente en el tramo final de la legislatura, cuando el abordaje de Sánchez al Estado de derecho sea pleno y una Justicia colonizada de condespumpidos esté preparada para blanquear cualquier exceso y darle el mismo tipo de legalidad que Chávez o Maduro le confirieron al ordenamiento jurídico venezolano.
 
Sánchez, por necesidad y convicción, ha roto con al menos media España, engañando a una parte de la otra media con mentiras preelectorales o seduciéndola con subvenciones a fondo perdido, pero su realidad no cambia ni con todo el auxilio de la sumisa trompetería mediática que presenta cada uno de sus abyectos pasos como una genialidad política vanguardista y luego pasa por caja.
Y esa realidad es que el futuro de España, cuando no su presente, se ventila clandestinamente entre Waterloo y Ginebra, alzando muros domésticos contra millones de españoles inocentes, derribando todos los obstáculos constitucionales y preparando una alfombra económica, jurídica e institucional a los únicos insurgentes de verdad.
 
Un Gobierno que insulta a Fernando Savater y le pide la vez a Puigdemont, a Junqueras y a Otegi no merece respeto alguno, ni tampoco responder a su fuego con más fuego. Pero hay que adivinar aún dónde está la puerta de acceso, aún indemne, para encontrar la fórmula para salvar la democracia desde la democracia. Sánchez la abandonado y ahora es toda ella de sus víctimas.

Asignatura obligatoria. Memorizar, nombre y apellidos de cada ministro. Así como el de los consejeros de cada CCAA.



La nueva ministra de cuyo nombre no quiero acordarme, igual por eso, obliga a los niños mayores de 10 años a saberse de carrerilla, nombre, apellidos y cargo de la cúpula política.  Todos sabemos que no es nada fácil, pero quien algo quiere, algo le cuesta.

 

Con esta medida obliga a que padres, tíos y abuelos; rememoren si es que lo sabían toda esa retahíla de inservibles. Cada día aparecen errores a tener en cuenta en las redes sociales. Hoy, Iceta, Ministro de Cataluña y no es así, el Sr. Iceta es ministro para Catalunya. Las preposiciones, a veces, juegan malas pasadas.

 

Todo hace indicar que el próximo consejo de ministros, previsto para la última semana de Agosto –igual se suspende- La edad para memorizar tanto nombre de golfos, se suba dos o tres años.

 

Esta ministra nos va a superar en el cargo a nosotros como ministros en tres o cuatro meses. Lambán viene a Madrid como Ministro y ella vuelve a Aragón como candidata para la Comunidad. Cosas de Díaz Ayuso, quita y pone ministros socialistas como Rajoy. 

  

Así y todo en el Consejo de Ministros, seguirá habiendo miembros que se dediquen a lanzar ocurrencias como si fuesen brillantes ideas de gestión, no ya para que la gente se acuerde de sus nombres, sino simplemente para que sepa que existen. A ese afán de salir del anonimato puede deberse la declaración contra el consumo de carne del inexistente ministro del ramo, Alberto Garzón, o las sucesivas chocarrerías de algunos de sus colegas, desde la ex vicepresidenta Carmen Calvo a su némesis, Irene Montero.

 

Por cierto, Irene Montero puede dormir a pata suelta, no van a exigir el nombre de las niñeras.

Al final, Pedro Sánchez tendrá que sustituir a sus ministros por maniquíes.


Blog de Juan Pardo

En España, como en el resto del mundo, cada vez que ha gobernado el socialismo ha sido un desastre total, pero si se da la circunstancia que lo hace con el apoyo de las sectas terroristas que más odian España, viene lo que viene, o sea, miseria y compañía. El Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, prestigiosos centros de estudios como el BBVA e incluso el propio Ministerio de Economía son solo algunos de los numerosos organismos que desde hace meses alertan al Gobierno de la necesidad de dotar a la economía española de una estabilidad que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa brilla por su ausencia, amenazando gravemente lo conseguido tras la crisis a costa del esfuerzo de los españoles. 

El último toque de atención llegó ayer y fue mucho más severo que los anteriores, tanto por su emisor como por su contenido: sin tapujos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha exigido al presidente que incluya en los Presupuestos de 2019 "un paquete de medidas creíbles".

El informe del FMI sobre la revisión anual de nuestra economía es demoledor. Primero por la evidencia manifiesta: la explícita desconfianza hacia la política económica del Gobierno, lastrada por los continuos bandazos, desautorizaciones y globos sonda. El regulador internacional ha revisado a la baja la previsión de crecimiento para este año, constatando la desaceleración; advierte de los ineludibles retos estructurales -la elevada deuda pública, el alto desempleo, sobre todo juvenil, un lento aumento de la productividad, etcétera- y fía el revertimiento de la situación a una política integral, no a parches y ocurrencias peregrinas. Con toda lógica, el FMI circunscribe la estabilidad de nuestra economía a la puesta en marcha de los Presupuestos, y no esconde el riesgo que supone que, a octubre de 2018, el documento que debe fijar el rumbo de 2019 no exista ni tenga visos de tramitarse exitosamente. Si la credibilidad de Sánchez ya no gozaba de buena reputación en el ámbito doméstico, este varapalo coloca en el escaparate internacional la debilidad de un Ejecutivo constituido gracias a una moción de censura poco constructiva, con una dependencia absoluta de socios indeseables que someten a chantaje el futuro del país con ultimátum inconstitucionales e inadmisibles.

El FMI no se limita a unas líneas generales sino que dispara al centro de la diana: vincular el alza de las pensiones al IPC pondría en peligro la sostenibilidad del sistema. En un ejercicio de pedagogía un tanto sonrojante de puro elemental -quizá a la vista de las contradicciones entre Magdalena Valerio y Nadia Calviño-, el organismo señala que "a menos que exista una correspondencia entre ingresos y gastos, no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones". Bien haría el Gobierno en prestar atención y servirse del Pacto de Toledo para aprobar, con el máximo consenso posible, una reforma que garantice la viabilidad del sistema.