El juicio de los EREs de Andalucía que, desde la oscuridad, dirige Garzón no se celebrará nunca Al final un simple error administrativo. Susana Díaz adelanta las elecciones, mientras su “equipo” se gasta 32.000 euros en mujeres necesitadas.

Hoy, la juez Núñez Bolaños acatando órdenes de la Ministra y marioneta de Garzón, Lola Delgado abre diez nuevas piezas separadas de los EREs y ordena a la UCO investigar otras cinco ayudas fraudulentas.

¿De qué vale mentirnos? Los españoles somos como somos y, en la mayoría de los casos, como otros quieren que seamos. La historia nos acredita en los acontecimientos y en las circunstancias, esas de las que otro español que nos conocía como fue Ortega y Gasset, explicaba de manera resumida. Los españoles aparentemente somos contradictorios, anárquicos, individualistas, apasionados, superficiales, vitalistas, novios de la muerte, enamorados de la vida, dejados, obsesivos. Los españoles no obedecemos a patrones predeterminados y tópicos, salvo quizás la paella y los toros, que, en realidad, para quienes somos españoles, sabemos que sólo son nada más que eso, simples tópicos como también lo son otros muchos que no responden a la propia realidad. Cuando digo españoles, digo españolas, que ese es otro debate, otra moda que ahora se enraíza en el lenguaje político de manera algo artificial.

Sirva esta introducción para exponer que dentro de nuestras contradicciones patrias se encuentra la de la exigencia pública. El Estado, la Administración, viene obligada a prestarnos medios y ayuda. El Estado, la Administración tiene que prestarnos servicios, ”porque yo lo valgo” y ¡ojo!, buenos servicios. Servicios de calidad. Servicios de Alemania, de Dinamarca. Queremos, exigimos, sanidad, educación, protección y seguridad. Exigimos subvenciones, fiestas, descanso, calidad, e, incluso, exigimos hasta que España vuelva a ganar un Mundial. En realidad, eso es bueno. Requerir a las administraciones que inviertan de manera razonable en bienestar social es signo de país desarrollado.

Ahora bien, la pregunta es ¿qué estamos dispuestos cada uno a aportar? Y, sobre todo, ¿cómo se deben distribuir los ingresos públicos? Supongo que cada español, haríamos una distribución a nuestra medida y según nuestras necesidades y valores. No obstante, nadie puede negar que junto a Sanidad y Educación –y como si de una Cenicienta se tratase–, la Justicia constituye la base del propio armazón del Estado democrático y de Derecho, de un Estado libre social y base de la propia convivencia. La Justicia lo impregna todo para bien. Crea seguridad, estabilidad, riqueza. La Justicia iguala y evita abusos de quienes pretenden ser más fuertes. La justicia cobija con su manto para lo bueno y lo malo a todos y cada uno con independencia de circunstancias personales y profesionales.

Basta echar la vista atrás en recientes acontecimientos políticos, bancarios, territoriales para que quien no sea obtuso mental se dé cuenta. La Justicia en definitiva es esencial, un pilar decisivo para el armazón de la convivencia y el desarrollo personal y colectivo. Esa Justicia viene impartida por mujeres y hombres preparados, responsables y que en una cifra que ronda los 5.000, han resuelto en lo que va de año más de 5.000.000 de asuntos, es decir, los problemas de quien ahora lee este artículo, los problemas jurídicos de todos. Son mujeres y hombres que nada tienen que ver con las películas anglosajonas, esas en las que los jueces llevan peluca, viven en ostentosas mansiones y toman el té a las cinco en un club de golf elitista. Al contrario, los jueces en España están mal retribuidos, no hay que tener vergüenza en decirlo. Los jueces tenemos corazón y también gastos, como todos. (yo ya estoy en una edad que creo debo decir lo que pienso, tras razonar).

En teoría, somos un Poder. Claro que hay otros funcionarios que perciben menos, pero ese no es el tema ¡Que no nos confundan y enfrenten por ahí! Los jueces padecemos unas incompatibilidades, un horario, una responsabilidad y una necesidad de independencia, que desde luego no se retribuye en absoluto con lo que ahora se otorga de manera rácana por el Ejecutivo y el Legislativo. En realidad, no interesa pagar bien a los jueces. Conozco casos de compañeros que tienen que compartir piso en determinadas ciudades porque no les llega para pagar el alquiler. Conozco compañeros que ganan menos que el jefe de la Policía municipal, con mis respetos para todos.

Leo en el periódico que en una ciudad del sur, algunos alumnos que se han convertido en traficantes le decían al maestro: “¡Profesor, nosotros en un día cobramos lo que usted en meses!”. Eso no es bueno para una sociedad. Eso no es sano para un Estado moderno. No quiero eso para mis hijos. El esfuerzo, la valía, el sacrificio y la independencia frente a la corrupción, frente a los poderes fácticos, la creación de seguridad y riqueza, deben ser bien retribuidos. El servicio público y la Justicia de calidad deben ser bien pagados por la sociedad. Es una buena inversión para todos.

No pedimos nada especial, sólo que se nos reponga en lo que se nos ha ido detrayendo durante varios años desde 1989. Nadie va a ver recortados sus derechos porque el Ejecutivo y el Legislativo, como en otros países, garanticen una cierta capacidad adquisitiva de sus jueces. En un presupuesto, esa cuantía es mínima. Unos jueces que, por cierto, ni siquiera tenemos las mismas vacaciones y permisos del sector público, que no podemos elegir a nuestros representantes pese a que Europa lo dictamine, unos jueces que no poseemos un trabajo ni un horario predeterminado y, sin embargo, padecemos unas incompatibilidades y un régimen disciplinario extenso.

Unos jueces, también, que demostramos día a día responsabilidad y lealtad con la Constitución y con las personas, garantizando además la limpieza electoral. Unos jueces que padecemos una de las ratio más bajas de Europa por número de habitantes. Unos jueces, en definitiva, que creemos no merecer esto, que diría Almodóvar.

Por todo ello, nos vamos a movilizar. Vamos a hacerlo por nosotros, faltaba más, pero también por todos, por la propia sociedad de la que formamos parte. Por intentar alcanzar unas condiciones profesionales que beneficien a nuestra nación y una Justicia de mayor calidad, eficacia y rapidez. Llegaremos hasta donde haya que hacerlo para que se nos haga caso. Estas movilizaciones no se dirigen a un partido concreto, sino a una estructura que nos viene en cierto modo menospreciando desde hace tiempo o, lo que es igual, menospreciando a la sociedad normal. Las cosas pueden comenzar a cambiar. La sociedad española puede mejorar aún más. No somos ninguna casta. Los jueces –y esto sí que no es un tópico– somos usted y yo, y ambos tenemos corazón, deseos y necesidades vulgares.

Raimundo Prado Bernabéu es el portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.

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