Quien niega la existencia de
violencia de género como una realidad evidente que afecta a los derechos e
integridad de mujeres e hijos, acredita lo que todos sabemos. Los políticos
legislan en beneficio propio, para que algunos sus magistrados interpreten a su
gusto y nada –los hay que hasta reflejan su ingrato pensamiento a la hora de
“decidir” sin cumplir el principio de
dar a cada uno lo que es suyo y le corresponde (Suum cuique tribuere).
Maltratar a una mujer
echando a perder su condición de ser humano y madre debe conllevar y de facto
así lo justifica la Ley, en la separación
TOTAL del maltratador y maltratados. Eso
de condicionar esa crueldad de actos, nunca ha tenido buenos fines.
Desde hace más de veinte
años conocemos que hay una parte de los y los magistrados se niegan a reconocer la violencia de género y
que, a veces, escurren el bulto con una multa de 100 euros y la promesa de no
volver a llevar a cabo dicha acción. Los
hay que tienen en cuenta la superioridad de masa muscular del hombre y, en
cambio, obvian sus instintos asesinos.
Solo Dios sabe el miedo que
pasarían esos niños en casa de su verdugo.
¿Por qué Juana Rivas ha perdido
la batalla legal por sus hijos frente a su expareja, cuando ella fue la
maltratada y su marido el maltratador? Rivas, de 36 años, vive desde diciembre
del año pasado una penosa cuenta atrás. "Si los niños vuelven a Italia sin
mi protección no habrá nadie para protegerlos, y si vuelvo yo a Italia para
defenderlos de su padre mi integridad está en serio peligro", resumía
entonces en declaraciones a este periódico. Ahora sus peores pronósticos se han
hecho realidad. La sentencia que obliga a los niños a volver con su padre a
Italia ya despliega su eficacia. Rivas, que cuenta con el apoyo de la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), y con la comprensión
del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), desatendió el miércoles la
orden judicial de entrega de sus hijos a su ex pareja y desde entonces se
encuentra escondida con los menores, de 3 y 11 años. La ley juega en su contra,
ya que sacó ilegalmente a los menores de Italia sin el consentimiento de su
padre, vulnerando el Convenio de la Haya. La entrega de dos menores a un padre
condenado por maltrato choca de frente con la creciente sensibilización social
sobre la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos.
"Anulada como
persona"
La mujer llegó a presentar
el 12 de julio del pasado año, ya en España, una denuncia ante la Guardia Civil
en Maracena (Granada) en la que relataba que el 17 de junio anterior se produjo
una agresión contra ella por parte de Arcuri en Carloforte, si bien el relato
se extendía mucho más allá de los acontecimientos de un solo día. La denuncia
decía que había sido "amenazada, insultada y vejada". Que el control
de su ex pareja sobre ella era total. Que le restringía el acceso a Internet y
que, debido a sus celos, no la dejaba relacionarse con nadie. Que a veces la
dejaba encerrada en casa y a veces no la dejaba entrar. Que se sentía
"anulada como persona". Que eran habituales los insultos como
"puta barata, bastarda y gorda", entre otros. Que el denunciado le
había "apretado fuertemente las muñecas" y "el cuello" y la
había amenazado de muerte. También que le había pegado una patada en una
ocasión. Juana Rivas afirmaba no tener testigos de estos hechos. La denuncia no
prosperó.
Lo que sí prosperó fue la
denuncia de Arcuri contra ella por "sustracción internacional" de
menores. El juzgado de primera instancia 3 de Granada acordó en diciembre que
los niños habían sido "sustraídos" por la madre y que debían volver
con su padre a Italia en virtud del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores, el conocido como Convenio de La Haya, de
1980. La sentencia señalaba que la "retención" en España de los dos
menores era "ilícita", entre otros motivos porque no había "un
consentimiento previo" del padre. El fallo establecía que no había
"un peligro grave físico o psíquico" para los menores, para lo que se
invocaba una prueba pericial. "El menor manifiesta que quiere vivir con su
madre, aunque no le importaría pasar el verano con su padre en la isla. No se
observa a lo largo de la evaluación con el menor que su restitución al
contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o
psíquica", señalaba.
No vale "la justicia
por la propia mano"
Rivas fue condenada a pagar
las costas, así como los gastos de viaje del eventual regreso de los menores a
Italia. La mujer recurrió ante la Audiencia Provincial, asesorada por el
Ayuntamiento de Maracena (Granada). Y cruzó los dedos. Sus próximos la veían
nerviosa, pero ilusionada con una posible resolución favorable. No se produjo.
La Audiencia ordenó a Juana Rivas en abril que los devolviera con con su padre.
"No cabe tomarse la justicia por propia mano", señalaba la sentencia.
"Los menores, hijos de la apelante, y, no lo olvidemos, también de su
padre, residen en Italia desde el año 2013, el menor desde su nacimiento, y
están sujetos a las normas de aquel país", subrayaba el fallo, que no
hacía referencia a la condena por maltrato pero sí a tres denuncias por
amenazas de Rivas contra su ex pareja que no se concretaron en
responsabilidades del padre de los menores. "Dos de ellas se han archivado
y en la tercera [la presentada en julio] no se ha obtenido resultado
alguno", recordaba la sentencia, que hacía también una observación
especulativa: "Cabrá preguntarse, de aceptar la postura de la apelante,
cuál debía ser la postura de la misma de ser el padre quien por igual sistema
los trasladara de nuevo ilegalmente a su residencia habitual". La
comparación obvia que Rivas nunca ha sido condenada por maltratar a Arcuri.
"Resulta procedente la
restitución inmediata" de los menores, recogía el fallo de la Audiencia,
que mantenía lo establecido por el juzgado 3 de Granada: que los niños deben
volver con su padre, en virtud del Convenio de la Haya. La única
"excepción" que cabría es que hubiera para los niños "un peligro
físico o psíquico", o que volver con el padre los situara en una
"situación intolerable". "La restitución de la menor no supone
ni acredita que los menores queden expuestos a peligro físico o psíquico
grave, ni a una situación intolerable", establecía el fallo de la
Audiencia de Granada. Y añadía: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
recuerda que para un padre y su hijo estar juntos representa un elemento
fundamental de la vida familiar, aunque la relación entre los padres se haya
roto".
Para los tres jueces
firmantes de la sentencia los argumentos de Rivas no eran válidos. "La
apelante manifiesta que nada más llegar a Granada presentó denuncia, sin que
ese solo hecho sea bastante para el éxito de su pretensión, que alteraría la
competencia civil y penal en su caso a través de una actuación unilateral
buscada con el presumible propósito de eludir la aplicación de la
norma", señalaba la sentencia, que condenaba a Rivas en costas. La
sentencia fue un mazazo para Rivas. También para Paqui Granados, directora del
Área de Igualdad de Maracena y su principal asesora y defensora. Pero lo que
las pilló desprevenidas fue la resolución de 24 de julio del juzgado 3 de
Granada ordenando la entrega de los niños al padre dos días después, el
miércoles, a las 16.30 horas en un punto de encuentro familiar de Granada.
Cabía recurso, pero aunque se presentase debía ejecutarse la orden. Sí o sí. A
pesar de ello, Rivas no ha entregado a los menores.
En problemas legales
Ahora la mujer está en
problemas. El juzgado de primera instancia 3 de Granada ha denegado las medidas
cautelares que el exmarido de Rivas había solicitado contra ella, entre las que
figuraba una orden internacional de detención, aunque ha dado traslado de las
actuaciones a un juzgado de instrucción para que abra una nueva investigación.
En el escrito presentado por el padre hace referencia a delitos de
desobediencia a la autoridad judicial, sustracción interparental de menores y
violencia psicológica habitual contra los hijos, a los que habría inducido
"ideas falsas" del progenitor. A ello, suma un delito contra la
administración de justicia de los que considera posibles autores tanto a Juana
Rivas como a aquellas personas que pudieran haber participado en los hechos
como "inductores", "colaboradores" o
"encubridores". Junto a ello, su escrito señala que Rivas se
encuentra en un estado psicológico de "desequilibrio emocional" y,
por lo tanto, "presenta un riesgo para su hijos, ya que sus comportamiento
son imprevisibles y puede dirigirlos contra éstos". El hombre condenado
por maltrato en 2009 lleva ahora la iniciativa legal.
Comentarios
Publicar un comentario