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viernes, 28 de julio de 2017

Juana NO está en mi casa, pero si su dolor, su lucha como madre y su heroicidad.

Blog de Juan PardoQuien niega la existencia de violencia de género como una realidad evidente que afecta a los derechos e integridad de mujeres e hijos, acredita lo que todos sabemos. Los políticos legislan en beneficio propio, para que algunos sus magistrados interpreten a su gusto y nada –los hay que hasta reflejan su ingrato pensamiento a la hora de “decidir”   sin cumplir el principio de dar a cada uno lo que es suyo y le corresponde (Suum cuique tribuere).

Maltratar a una mujer echando a perder su condición de ser humano y madre debe conllevar y de facto así lo justifica la Ley,  en la separación TOTAL del maltratador y  maltratados. Eso de condicionar esa crueldad de actos, nunca ha tenido buenos fines. 
Desde hace más de veinte años conocemos que hay una parte de los y los magistrados se  niegan a reconocer la violencia de género y que, a veces, escurren el bulto con una multa de 100 euros y la promesa de no volver a llevar a cabo dicha acción.  Los hay que tienen en cuenta la superioridad de masa muscular del hombre y, en cambio, obvian sus instintos asesinos. 

Solo Dios sabe el miedo que pasarían esos niños en casa de su verdugo.
¿Por qué Juana Rivas ha perdido la batalla legal por sus hijos frente a su expareja, cuando ella fue la maltratada y su marido el maltratador? Rivas, de 36 años, vive desde diciembre del año pasado una penosa cuenta atrás. "Si los niños vuelven a Italia sin mi protección no habrá nadie para protegerlos, y si vuelvo yo a Italia para defenderlos de su padre mi integridad está en serio peligro", resumía entonces en declaraciones a este periódico. Ahora sus peores pronósticos se han hecho realidad. La sentencia que obliga a los niños a volver con su padre a Italia ya despliega su eficacia. Rivas, que cuenta con el apoyo de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), y con la comprensión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), desatendió el miércoles la orden judicial de entrega de sus hijos a su ex pareja y desde entonces se encuentra escondida con los menores, de 3 y 11 años. La ley juega en su contra, ya que sacó ilegalmente a los menores de Italia sin el consentimiento de su padre, vulnerando el Convenio de la Haya. La entrega de dos menores a un padre condenado por maltrato choca de frente con la creciente sensibilización social sobre la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus hijos.
"Anulada como persona"
La mujer llegó a presentar el 12 de julio del pasado año, ya en España, una denuncia ante la Guardia Civil en Maracena (Granada) en la que relataba que el 17 de junio anterior se produjo una agresión contra ella por parte de Arcuri en Carloforte, si bien el relato se extendía mucho más allá de los acontecimientos de un solo día. La denuncia decía que había sido "amenazada, insultada y vejada". Que el control de su ex pareja sobre ella era total. Que le restringía el acceso a Internet y que, debido a sus celos, no la dejaba relacionarse con nadie. Que a veces la dejaba encerrada en casa y a veces no la dejaba entrar. Que se sentía "anulada como persona". Que eran habituales los insultos como "puta barata, bastarda y gorda", entre otros. Que el denunciado le había "apretado fuertemente las muñecas" y "el cuello" y la había amenazado de muerte. También que le había pegado una patada en una ocasión. Juana Rivas afirmaba no tener testigos de estos hechos. La denuncia no prosperó.

Lo que sí prosperó fue la denuncia de Arcuri contra ella por "sustracción internacional" de menores. El juzgado de primera instancia 3 de Granada acordó en diciembre que los niños habían sido "sustraídos" por la madre y que debían volver con su padre a Italia en virtud del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el conocido como Convenio de La Haya, de 1980. La sentencia señalaba que la "retención" en España de los dos menores era "ilícita", entre otros motivos porque no había "un consentimiento previo" del padre. El fallo establecía que no había "un peligro grave físico o psíquico" para los menores, para lo que se invocaba una prueba pericial. "El menor manifiesta que quiere vivir con su madre, aunque no le importaría pasar el verano con su padre en la isla. No se observa a lo largo de la evaluación con el menor que su restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica", señalaba.

No vale "la justicia por la propia mano"

Rivas fue condenada a pagar las costas, así como los gastos de viaje del eventual regreso de los menores a Italia. La mujer recurrió ante la Audiencia Provincial, asesorada por el Ayuntamiento de Maracena (Granada). Y cruzó los dedos. Sus próximos la veían nerviosa, pero ilusionada con una posible resolución favorable. No se produjo. La Audiencia ordenó a Juana Rivas en abril que los devolviera con con su padre. "No cabe tomarse la justicia por propia mano", señalaba la sentencia. "Los menores, hijos de la apelante, y, no lo olvidemos, también de su padre, residen en Italia desde el año 2013, el menor desde su nacimiento, y están sujetos a las normas de aquel país", subrayaba el fallo, que no hacía referencia a la condena por maltrato pero sí a tres denuncias por amenazas de Rivas contra su ex pareja que no se concretaron en responsabilidades del padre de los menores. "Dos de ellas se han archivado y en la tercera [la presentada en julio] no se ha obtenido resultado alguno", recordaba la sentencia, que hacía también una observación especulativa: "Cabrá preguntarse, de aceptar la postura de la apelante, cuál debía ser la postura de la misma de ser el padre quien por igual sistema los trasladara de nuevo ilegalmente a su residencia habitual". La comparación obvia que Rivas nunca ha sido condenada por maltratar a Arcuri.

"Resulta procedente la restitución inmediata" de los menores, recogía el fallo de la Audiencia, que mantenía lo establecido por el juzgado 3 de Granada: que los niños deben volver con su padre, en virtud del Convenio de la Haya. La única "excepción" que cabría es que hubiera para los niños "un peligro físico o psíquico", o que volver con el padre los situara en una "situación intolerable". "La restitución de la menor no supone ni acredita que los menores queden expuestos a peligro físico o psíquico grave, ni a una situación intolerable", establecía el fallo de la Audiencia de Granada. Y añadía: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda que para un padre y su hijo estar juntos representa un elemento fundamental de la vida familiar, aunque la relación entre los padres se haya roto".

Para los tres jueces firmantes de la sentencia los argumentos de Rivas no eran válidos. "La apelante manifiesta que nada más llegar a Granada presentó denuncia, sin que ese solo hecho sea bastante para el éxito de su pretensión, que alteraría la competencia civil y penal en su caso a través de una actuación unilateral buscada con el presumible propósito de eludir la aplicación de la norma", señalaba la sentencia, que condenaba a Rivas en costas. La sentencia fue un mazazo para Rivas. También para Paqui Granados, directora del Área de Igualdad de Maracena y su principal asesora y defensora. Pero lo que las pilló desprevenidas fue la resolución de 24 de julio del juzgado 3 de Granada ordenando la entrega de los niños al padre dos días después, el miércoles, a las 16.30 horas en un punto de encuentro familiar de Granada. Cabía recurso, pero aunque se presentase debía ejecutarse la orden. Sí o sí. A pesar de ello, Rivas no ha entregado a los menores.

En problemas legales

Ahora la mujer está en problemas. El juzgado de primera instancia 3 de Granada ha denegado las medidas cautelares que el exmarido de Rivas había solicitado contra ella, entre las que figuraba una orden internacional de detención, aunque ha dado traslado de las actuaciones a un juzgado de instrucción para que abra una nueva investigación. En el escrito presentado por el padre hace referencia a delitos de desobediencia a la autoridad judicial, sustracción interparental de menores y violencia psicológica habitual contra los hijos, a los que habría inducido "ideas falsas" del progenitor. A ello, suma un delito contra la administración de justicia de los que considera posibles autores tanto a Juana Rivas como a aquellas personas que pudieran haber participado en los hechos como "inductores", "colaboradores" o "encubridores". Junto a ello, su escrito señala que Rivas se encuentra en un estado psicológico de "desequilibrio emocional" y, por lo tanto, "presenta un riesgo para su hijos, ya que sus comportamiento son imprevisibles y puede dirigirlos contra éstos". El hombre condenado por maltrato en 2009 lleva ahora la iniciativa legal.


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