Rivera quiere ser torero, cuando, realmente sería un buen toro de la Vega.

Alguna vez hemos comentado que una de las cosas que aprendimos en este largo periodo de negociaciones frustradas en búsqueda de un acuerdo de investidura es que Albert Rivera es un político que cambia de opinión sin que hayan variado las circunstancias. Los “nunca” del líder de Ciudadanos (C’s) hay que traducirlos automáticamente por la siguiente expresión: “por ahora no”. Dijo que debería gobernar el partido ganador de las elecciones y realizó un pacto con Pedro Sánchez con la intención de convertir en presidente a un perdedor en las urnas. Manifestó que no daría su apoyo a Rajoy, situando en la abstención la máxima concesión que podría hacer C’s, y ahora se descuelga con una tabla de exigencias que de aceptarlas el candidato del PP será respaldado por los treinta y dos diputados de C’s en la investidura.

La oferta es un salto cualitativo en el marco de las negociaciones al abandonar Rivera la fase de los vetos personales o ideológicos que marcó las estrategia de los principales partidos desde las pasadas Navidades. La excepción a los vetos había sido el acuerdo de marzo entre Sánchez y Rivera, y ahora se da un paso más en la dirección del entendimiento al intentar un pacto similar con el partido ganador de los comicios. Dentro de la escasa interlocución que logró el presidente en funciones con los dirigentes del resto de partidos parlamentarios es la primera vez que alguien le presenta reivindicaciones concretas. La tabla de peticiones de C’s no coincide con las preocupaciones de los españoles, pero esa triste divergencia no tiene solución en el actual marco de la política española con unos líderes que tienen un poder omnímodo, capaces de colapsar las instituciones. Rivera pide una reforma electoral, algo que le preocupa mucho a él y a los dirigentes de su partido, pero no así a los parados, a los que cobran 600 euros, a los que mueren sin recibir los beneficios de la Dependencia o a los que pierden la paciencia en las largas filas de la Sanidad, etcétera. Limitar a dos legislaturas el mandato de un presidente es otro asunto que concierne especialmente a la clase política, pero no es una exigencia social. Dejar a los imputados fuera de las listas electorales o prohibir los indultos para condenados por delitos de corrupción son medidas que tendrán mayor apoyo popular. La mayor virtud de estas demandas estriba en su eficacia para acabar con el inmovilismo y en que Rajoy está en condiciones de aceptarlas.